Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El director de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, León Valencia, analiza la grave situación que atraviesa Colombia en términos de Derechos Humanos, debido a los constantes asesinatos a excombatientes de las Farc.
Para Valencia, el gobierno nacional no ha reaccionado al recrudecimiento de la violencia que está acabando la vida de personas. Excombatientes, que le apostaron a la paz haciendo el tránsito a la vida civil, constituyéndose en un partido político que abandonó las armas para apostarle a la palabra, pero que no han contado con las garantías de protección.
A 10 meses del gobierno de Iván Duque, los miedos frente a la implementación del Acuerdo de Paz cada vez son más tangibles, sobre el caso del asesinato de excombatientes; Valencia da tres razones que esgriman la complejidad y la incidencia de la corriente uribista.
Por un lado, para el analista político hay una justificación por parte de las toldas del Centro Democrático sobre dichas muertes, pues a lo largo de estos meses de gobierno se han registrado, constantemente, ataques verbales y estigmatización al partido de la Farc por parte de uribistas en escenarios como el Congreso.
Por otro lado, León Valencia trae a colación el caso del asesinato del excombatiente Dimar Torres, para exponer como hay una justificación por parte de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, como lo fueron las versiones encontradas por parte del jefe de la cartera ministerial de Defensa; Guillermo Botero.
Finalmente, otra de las razones tiene que ver con la inoperancia desde la Casa de Nariño, pues el presidente Iván Duque no ha puesto un plan en marcha que cese con la matanza de excombatientes.
¿Por qué están asesinando a excombatientes de las Farc?
Para León Valencia es inaceptable que siga pasando de agache el lenguaje de rencor y odio por parte de los integrantes del Centro Democrático en contra de los miembros del partido Farc.
La estigmatización ejercida en los debates parlamentarios no solo tiene una responsabilidad en la polarización que genera, sino que los mensajes que dejan frases como las del senado Álvaro Uribe; quien ha dicho que los prefiere en el monte que en el debate democrático.
Para León Valencia, estas afirmaciones hechas de manera publica no son inocentes, pues acarrean escenarios caldeados que exacerban la violencia.
León Valencia insiste que el asesinato de Dimar Torres puso en evidencia la intención de legitimar, ocultar y tergiversar asesinatos. No solo por el hecho de que el ministro Botero haya salido con una versión falsa, sino porque incluso justificó que si “hubo un asesinato ha tenidos que haber alguna motivación”.
Esas justificaciones se anidan en los imaginarios de la opinión pública, lo que representa un riesgo de dimensiones desproporcionados que se dirigen a fortalecer un lenguaje que legitima el asesinato de personas dentro de una sociedad.
“Justificación del ejército para proceder”
La ola recrudecida de violencia contra excombatientes, para León Valencia, solo puede ser frenada desde el partido de gobierno, pues desde allá deben salir las acciones puntuales para hacerle frente al asesinato, como también que los miembros de Centro Democrático prescindan de apelar a mensajes de odio.
Justamente, León Valencia había advertido que dichos mensajes están justificando el proceder del ejército, había advertido de los riesgos que dejó la forma en que fue tratado desde el gobierno, el asesinato y el intento de ocultamiento del cadáver de Dimar Torres; que revivió la política de las ejecuciones extrajudiciales.
Tras ‘falsos positivos’
Para León Valencia no es coincidencia que se esté hablando de un nuevo capítulo de ejecuciones extrajudiciales en el país, debido a que parte de este lamentable panorama se suscita por el regreso de una doctrina militar belicista.
Una política que incluso podría entreverse en el “el que la hace la paga”; que fue eslogan de campaña del presidente Iván Duque. Es decir, la perspectiva desde las Fuerzas Armadas, con la elección de Duque, no se encaminó a ser vista en clave de posconflicto.
En este sentido, los mensajes desde el gobierno han sido erróneos pues desde el 11 de diciembre, día en el que presidente Duque lanzó el “Plan Bicentenario” o “Plan de Guerra”, para León Valencia, Duque decidió recurrir al ‘Espejo Retrovisor de la Seguridad Democrática’.
En ese momento, la nueva cúpula militar quedaba encomendada para cumplir la hoja de ruta del ‘Plan de Guerra’. Los trabajos se harían a partir de consejos de seguridad para buscar, en palabras de Duque, “recuperar territorios para que los colombianos sientan el más puro de los bienes públicos, la ausencia de miedo”.
Así las cosas, el cambio en la orientación del ejército colombiano no llegó, de hecho, León Valencia recuerda que ya hace tres meses Human Rights Watch (HRW) había señalado que nueve nombres de la cúpula que hace cinco meses Duque catalogaron como ‘ejemplar’, están salpicadas por casos de ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, el gobierno nacional no solo hizo mal en nombrarlos, sino que ha hecho mal por omisión; pues no ha hecho nada frente a la denuncia hecha por HRW.
Por ello, vale la pena recordar que el malestar que ha despertado el reciente informe de ‘The New York Times ‘, en el que se conocieron directrices desde el inicio del año que estaban encaminadas a subir número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate.
Estas directrices, según dicho informe provenían de dar la comandancia del Ejército de Colombia y según los tiempos en que se empezaron a registrar, coinciden con el momento en el que se empezó a implementar el ‘Plan de Guerra’.
En el informe hay múltiples polémicas sobre las directrices que buscan resultados a toda costa, de hecho, registran ordenes desde el ejército que dicen “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja una estela de duda sobre la forma en qué procederá el ejercito y la legitimidad que le vana a dar desde la Fuerzas Militares.
Otro caso que llamó la atención fue la directriz de “hacer lo que sea para generar resultados”, que incluso estaría legitimando usar grupos paramilitares para recolectar información que permita operaciones contra grupos enemigos.
¿Quién puede creer así en el Ejército?
En este sentido, nombramientos como el del general Nicacio Martínez Espinel son un pésimo mensaje en términos de violaciones a Derechos Humanos. Es necesario recordar que el informe de HRW, contenía un documento con la firma de Martínez Espinel en 2005, en el cual, el entonces comandante certificó el pago de 1.000.000 de pesos a un informante en una operación en la que supuestamente se le dio de baja a dos guerrilleros, sin embargo, resultaron siendo dos civiles, incluyendo una niña de 13 años.
Otros de los nombres que generan incertidumbre sobre el proceder de las Fuerzas Militares y que tienen tareas específicas en el ‘Plan de Guerra’ son:
Jorge Enrique Navarrete Jadeth (Jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza), Raúl Antonio Rodríguez Arévalo (Jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas), Adolfo León Hernández Martínez (Comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro), Diego Luis Villegas Muñoz (Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano), Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (Comandante De La Fuerza De Tarea Aquiles), Raúl Hernando Flórez Cuervo (Comandante Del Centro Nacional De Entrenamiento), Miguel Eduardo David Bastidas (Comandante De La Décima Brigada Blindada), Marcos Evangelista Pinto Lizarazo (Comandante De La Décimo Tercera Brigada).