Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Hace un año en medios circulaba la noticia de una masacre de cinco personas corregimiento El Guaimaro del municipio de Tarazá. La comunidad narraba que, en horas de la mañana de ese viernes, un grupo armado había incursionado en un caserío de la zona disparando indiscriminadamente contra la población.
Esa fue la primera masacre en Tarazá, y la segunda en el Bajo Cauca –días antes se había registrado otra en Caucasia – en lo que fue un año en el que las masacres, como en los años más violentos de la historia del país, fueron una tras otra, en el que las comunidades hacían una denuncia, cuando ya en otras zonas se conocían más víctimas.
Siguiendo datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en lo corrido de 2020 se habían cometido 88 masacres, las cuales dejaron 342 víctimas. Hay que señalar que durante ese año 21 de los 32 departamentos del país fueron afectados por este tipo de hechos, siendo Antioquia la zona más crítica, con 25 de estos casos y 95 víctimas.
Hoy, con tan solo 19 días transcurridos del 2021 el panorama no parece cambiar. Incluso cuando en el año pasado fueron múltiples los llamados desde distintas instancias para que se atendiera esta situación de seguridad nacional, pereciera que los intentos y las medidas implementadas no funcionaron; una posible razón podría ser que a pesar de la insistencia de las comunidades y de las organizaciones sociales con trabajo territorial que enfatizaban en las diversas causas que estaban y siguen motivando las masacres, el Gobierno Nacional siguió centrándose en que la razón principal es el narcotráfico, dejando de lado que en muchas regiones esta ya no es la principal renta de los grupos armados ilegales, y tampoco la única problemática que acentúa la violencia.
Con esto vale la pena resaltar que a la fecha han sido cometidas cuatro masacres, las cuales han dejado 12 víctimas, situación que con la misma fecha era igual en el 2020, lo que desde ya lanza una alerta para que las entidades nacionales e internacionales hagan veeduría, y el Gobierno sea más receptivo con las comunidades que son las que están viviendo las consecuencias del crítico estado de seguridad.
Taraza: una radiografía de una estrategia fallida de seguridad
La más reciente masacre tuvo lugar en el casco urbano del municipio de Tazará, barrio las Palmas Altas, luego que hombres armados llegaran disparando contra un grupo de personas que se encontraba departiendo en la zona. Tras el ataque tres personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad, y otra más quedó herida.
Sobre las víctimas se ha dado a conocer que fueron identificadas como Deibinson Jarmillo, de 17 años; Jhon Cuello Jaramillo, de 18 años, y Brayan Duván Tapias, de quien todavía no se ha establecido la edad. Hay que señalar que en este año es la segunda masacre que es cometida en el departamento, luego que el pasado 10 de enero en el municipio de Betania fueron asesinados tres miembros de una familia.
Vale la pena recordar, y siguiendo la insistencia de la urgencia de parar esta ola de violencia en esta región, que en Tarazá el pasado 17 de septiembre fue cometida la última masacre del 2020 en el municipio, en la que tres personas fueron asesinadas en la vereda Matecañas, perteneciente al corregimiento El Guáimaro, a 30 minutos de la cabecera municipal. Con este primer panorama hay que enfatizar que en todas se relaciona a Los Caparros y el Clan del Golfo, ya sea a través de acciones directas y/o confrontaciones entre los dos grupos.
¿Qué pasa en Tarazá?
Este municipio siendo, parte del Bajo Cauca Antioqueño no ha sido ajeno a las dinámicas de violencia que se concentran en la región, en la que, según la Unidad de Víctimas, desde el 2011 y hasta el 31 de diciembre del 2020 en los municipios de Cáceres, Tarazá, El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí se registraron 205.386 víctimas del conflicto armado; sobre esto hay que anotar que se incluyen hechos como desplazamiento forzado, reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescente, desaparición forzada, asesinatos, entre otros.
Así, desde la Sociedad Civil de Consumación de Riesgo en el municipio de Tarazá se estableció que durante el 2020 en esta zona fueron cometidos 8 eventos de desplazamiento y más de 700 desplazado/as (198 núcleos familiares), seis (6) enfrentamientos armados entre diferentes actores armados, dos (2) masacres y el homicidio de 09 defensores de derechos humanos. Además, en relación con datos de Medicina Legal, fueron cometidos 59 homicidios en el 2020 en Tarazá.
“Esta situación sigue respondiendo a la confrontación entre Los Caparros y el Clan del Golfo, en la que ninguno de los dos grupos quiere ceder y lo que se genera es una agudización de la violencia y un constante señalamiento a la población civil relacionándolos como colaboradores ya sea de un grupo o del otro”, comentó Ximena Sierra, investigadora regional de Pares en el Bajo Cauca Antioqueño.
Adicionalmente, en la mañana de este martes a través de TeleAntioquia el alcalde de Tarazá, Ferney Álvarez, advirtió que el más reciente hecho tendría relación con estos enfrentamientos referenciados por Ximena Sierra, asimismo el mandatario resaltó que “el año pasado se hicieron por parte de presidente Iván Duque y el Gobernador de Antioquia promesas de inversión económica en Tarazá, pero hoy no han sido cumplidas”.
Por otra, parte se denunció que Álvarez ha sido víctima de constantes amenazas y que, aunque se ha puesto la alerta antes distintas instancias no se ha recibido ninguna respuesta sobre este caso específico, incluso cuando hace tres meses había sido aprobado a través de la Unidad Nacional de Protección e apoyo para su seguridad.
Vale la pena anotar que una de las razones por las que Tarazá se ha convertido en un foco de violencia y de presencia de grupos armados ilegales -especialmente el Clan del Golfo- es por su ubicación geográfica que permite conectar a esta zona de Antioquia con el norte del departamento, punto que se ha convertido en un importante corredor para el narcotráfico -donde además se hacen posibles otras rentas-, que conecta con zonas como Ituango y el sur de Córdoba.
Adicionalmente, aunque hay dinámicas de minería ilegal, estas pueden ser consideradas en mucho menor proporción en comparación con los otros municipios de la región, pero por el contario es el lugar con un número mayor de cultivos de hoja de coca (2.061.72 a 2019), donde la implementación del PNIS sigue siendo una prioridad y una exigencia de la comunidad, pero donde el programa solo ha sido implementado bajo un porcentaje cercano al 10%.
Toda esta situación ha fomentado que sean emitidas varias solicitudes de acciones, entre ellas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que aunque a través de éstas se han hecho diversas recomendaciones, parecieran estar cayendo en oídos sordos, pues todo lo que han advertido ha terminado ocurriendo en Tarazá, donde además hay que nombrar, se ha vuelto común que se hagan consejos de seguridad y militarice este punto de Antioquia luego que son cometidos estos hechos, pero después pareciera quedar olvidada la atención sobre este municipio.
Vale la pena señalar que en la zona hace presencia la Fuerza de Tarea Aquiles -constituida por el Ejército y la Policía Nacional-, no obstante, se ha vuelto una constante solicitud que sean implementadas otro tipo de estrategias de seguridad, pues como lo nombró Ferney Álvarez, “en Tarazá se tiene que empezar a mirar con unos ojos diferentes lo que está pasando. Si en cuatro años la estrategia no ha cambiado nada con la Fuerza Militar, entonces hay que cambiar acción por una que realmente disminuya los niveles de violencia en el municipio”.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo a raíz de todo este panorama instó a que sea instalada una regional de la entidad con sede en Caucasia con jurisdicción en los distintos municipios del Bajo Cauca, entre ellos Tarazá.
Señaló Ximena Sierra que “es importante que la fuerza pública y el Gobierno cambie la dinámica, porque, aunque se dice que hay resultados, la realidad es que la gente sigue siendo asesinada, y no se ve de forma clara cómo es que se quiere parar esta situación. Hay que preguntarnos si con la sede de la Defensoría del Pueblo en la región las alertas que se hagan sí van a ser atendidas, pues por años se vienen haciendo recomendaciones que terminan sin ser implementadas por las entidades encargadas de ello”.
Con esto último, llama la atención que, una vez realizado en consejo de seguridad en la zona, en el que participaron el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, el comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, Brigadier General Juvenal Díaz Mateus y el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, entre otras autoridades, se concluyó que la ruta a seguir será el fortalecimiento de la capacidad operativa conjunta por medio de la Fuerza de Tarea Aquiles, continuando con la misma estrategia a la que se ha hecho constantemente el llamado a cambiar.
Así, es necesario cuestionar si, de nuevo, este año se permitirá que las masacres se conviertan en una constante, incluso cuando desde las comunidades se ha instado a que se cambie el discurso y el modo de operar ante estas.