Por: Laura Cano. Periodista Pares.
“Las violencias que de manera directa afectan las posibilidades de las personas, particularmente de las niñas, jóvenes y mujeres, de decidir sobre su salud reproductiva, han sido poco visibilizadas y en muchos casos las mujeres siguen sufriendo los impactos de estas acciones en su día a día”. (Centro de Derechos Reproductivos, 2020).
El pasado 28 de julio el Centro de Derechos Reproductivos entregó a la Comisión de la Verdad el informe titulado Una radiografía sobre la Violencia Reproductiva contra mujeres y niñas durante el Conflicto Armado colombiano, en el que se busca reconocer este tipo violencia cometida por grupos armados ilegales, particularmente por paramilitares, ELN, el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y las FARC-EP, así como por miembros de la Fuerza Pública. Lo anterior como estrategia de guerra para generar terror, dominar la capacidad reproductiva de las mujeres, usar sus cuerpos y controlar a la población de los territorios.
Este tipo de casos, como lo plantea el documento “han mantenido en muchas ocasiones la vida de las mujeres en vilo, algunas han padecido dolores físicos y emocionales permanentes, han visto truncados sus planes reproductivos, sus entornos han resultado afectados y no cuentan aún con acceso a los derechos vulnerados”.
Así, uno de los fines del Centro de Derechos Reproductivos es poner sobre la mesa la necesidad de reparaciones individuales, colectivas e integrales, como uno de los pasos del reconocimiento de estas violencias, pero también identificar la ocurrencia de estos hechos como graves violaciones a los Derechos Humanos de distintas dimensiones dentro de un contexto de mayores afectaciones a niñas, mujeres y personas LGBTI.
¿Qué es la violencia reproductiva?
Si bien la violencia reproductiva no solo se presenta en escenarios de conflicto, éste sí acentúa estas vulneraciones a los Derechos Humanos, especialmente a las mujeres, pues, siguiendo las palabras de la Corte Constitucional, “la violencia ejercida en el conflicto armado colombiano victimiza de manera diferencial y agudizada a las mujeres, porque por causa de su condición de género están expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas”.
En este sentido, y como una relación causa efecto, hay que mencionar que en este contexto no hay que perder de vista los estereotipos de género y las vulneraciones a la autonomía reproductiva, que también enmarcan la gravedad de la violencia reproductiva y ayudan a entender lo sistemático de los casos y a su vez la naturalización y minimización de los hechos nombrados a continuación: anticoncepción o planificación forzada, esterilización forzada, embarazo forzado o coaccionado, maternidades forzadas o coaccionadas, aborto forzados o sin consentimiento, empalamiento, violencias ejercidas sobre mujeres gestantes, mutilación de órganos sexuales, golpes y laceraciones en el abdomen y los senos e insultos que hacen referencia particular a la vida sexual de las mujeres.
Asimismo, están las violencias reproductivas directamente relacionados con la responsabilidad del Estado como la denegación de la provisión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los abortos involuntarios causados por las aspersiones de glifosato.
Violencia reproductiva en el conflicto armado
Referente a estas violencias desde el Centro de Derechos Reproductivos se analizó que la anticoncepción forzada fue una de las prácticas impuestas por las FARC-EP y el ELN a las mujeres que eran reclutadas. Ésta se realizaba, por lo general, con métodos hormonales como inyecciones e implantes.
Adicionalmente, respecto a los grupos paramilitares, no era fácilmente distinguible un patrón de anticoncepción forzada, según el informe por dos motivos: “Primero, porque las mujeres en filas eran pocas. Segundo, porque no parece haber una directriz unificada al respecto, pues según los datos existentes, cada comandante decidía sobre esto. Existe evidencia de que las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Norte impusieron la anticoncepción como política del grupo armado”.
Por otra parte, vale la pena señalar que recientemente desde la campaña No Es Hora de Callar se informó de casos documentados entre 2008 y 2017 sobre 23 niñas indígenas de 12 y 13 años de las comunidades Nukak Makú y Guajibos que quedaron embarazadas luego de abusos sexuales cometidos por militares en Guaviare.
En contextos como el anterior vale la pena mencionar que desde el documento realizado por el Centro de Derechos Reproductivos se establece como una de las causas de los embarazos forzados las dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, más aún en medio de escenarios de violencia que se agudizan cuando también son zonas sin cobertura de este tipo de servicios y con altos índices de pobreza.
Adicionalmente, otra de las formas de ejercer estos tipos de violencia era contra mujeres lesbianas y hombres trans, quienes eran víctimas de llamadas violaciones “correctivas”, que incluso eran utilizadas con el fin de provocar embarazos. Estas acciones, además de estar atravesadas por intereses de dominación y poder, también lo estaban por estereotipos de género estrechamente relacionados con la maternidad y la disputa con la transformación y la autonomía corporal.
El informe cita la siguiente experiencia: “Por mi condición de chico trans, he recibido insultos de parte de paramilitares, de guerrilleros, de hecho, fui víctima de violencia sexual, producto de esta violación tengo un niño. En el momento que duró, durante el momento de la violación siempre me estaban diciendo que yo no era un hombre, que a mí me podían hacer lo que le hacían a cualquier mujer, que el hombre tenía pene y que dónde estaba mi pene (…). Tengo todos los brazos marcados, porque ellos me cortaban, no sé, estaban endemoniados, no sé por qué disfrutaban haciéndome daño, abusando sexualmente de mí y cortándome en la pierna, en el muslo también tengo una cortada. Producto de eso salí embarazada, muchas personas me han dicho que por qué no aborté”.
Aborto forzado: una práctica de guerra
Vale la pena mencionar que el aborto forzado dentro del conflicto armado tenía, principalmente, tres intenciones: la dominación al interior del grupo armado, “borrar las huellas” de violaciones sexuales y generar terror en la población civil. Así, uno de los escenarios que da luces acerca de lo sistemático de esta clase de práctica es que, por ejemplo, dentro de las FARC-EP, según el Centro de Derechos Reproductivos, “había Controles permanentes para detectar los embarazos, personas “especializadas” en la realización de los procedimientos, disposición de medicamentos como Misoprostol y material quirúrgico para desarrollar intervenciones, además de espacios físicos destinados para este fin”.
Vale la pena mencionar que la Fiscalía General de la Nación en una tercera entrega de informes a la JEP dio información sobre las investigaciones que adelantaba por violencia basada en género cometida por las Farc.ep y agentes del Estado con ocasión del conflicto, en total reportó 874, entre las que había 945 víctimas, 876 de ellas mujeres. De este total de investigaciones el 21% eran por aborto sin consentimiento.
Por otra parte, los grupos paramilitares utilizaban los abortos forzados a mujeres que, además, habían sido víctimas de violencia sexual, esto bajo el interés de ocultamiento de los hechos denigrantes contra las mujeres, quienes también en ocasiones eran sometidas a esclavitud sexual. En relación con esto en la discriminación de sentencias proferidas a febrero de 2016 por la Sala de Justicia y Paz Tribunal Superior de Bogotá, se informa sobre 16 procesos priorizados por esclavitud sexual y 4 por aborto sin consentimiento por parte del Bloque Norte, Catatumbo, Montes de María y Córdoba.
Asimismo, este hecho victimizante era utilizado contra la población civil en el marco de masacres donde “las mujeres embarazadas eran usadas de manera particular para infligir terror sobre una población. Los paramilitares usaron estas violencias como formas particulares de malos tratos y asesinato de las mujeres embarazadas. En una sociedad en la que la figura de la mujer madre tiene una connotación importante, la violencia ejercida sobre los cuerpos de mujeres gestantes envía el mensaje de la inexistencia de límites y de aniquilación del enemigo”.
Dado esto hay que señalar que según el informe La guerra inscrita en el cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica, de las 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual conocidas a 2017 y desde mayo de 1985 por el Observatorio de Memoria y Conflicto, los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos, es decir el 32,2% del total.
Responsabilidad estatal
En estos hechos la responsabilidad del Estado va por dos vías. Una inicial en la revictimización producto de la inoperancia estatal para dar atención oportuna, efectiva, pronta e integral a las víctimas de violencia sexual, expresándose, por ejemplo, en la inexistencia de garantías para que las víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto accedieran a servicios de salud reproductiva como la IVE. Agregándose que hay una continuación de la violencia al no respetarse la confidencialidad de los hechos y al haber una falta de espacios seguros y privados para la atención.
Por otro lado, en 2017 la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-236 del 2017, concluyó que existían elementos para afirmar que el uso glifosato tenía impactos negativos en quienes estaban expuestos a éste, pues por sus componentes tóxicos podría causar afectaciones directas a las mujeres gestantes y a los fetos como problemas de crecimiento fetal, abortos involuntarios y posibles discapacidades físicas y/o cognitivas en el feto durante el embarazo. “En ese sentido, existen reportes de casos de abortos involuntarios que fueron resultado de exposiciones de las mujeres embarazadas al glifosato, cuando fue asperjado por agentes estatales”, agrega.
Por todo lo anterior, en lo que se insiste desde el Centro de Derechos Reproductivos es en implementar con urgencia medidas de reparación, partiendo en las consecuencias materiales e inmateriales de estos hechos, pero también en las garantías de no repetición, aclarando que para empezar a recorrer un camino en esto se debe iniciar reconociendo los tipos de violencia reproductiva, su gravedad y causas diversas, que, por un lado, están en el marco de Conflicto Armado, y por otra parte, como consecuencias de una estructura que tiene enraizadas las violencias basadas en género y además la invisibilización de éstas.
De esta forma, más allá de las indemnizaciones económicas, se requiere abordar las necesidades particulares de las víctimas, en las que haya acompañamiento para tratar las secuelas físicas y emocionales, tanto de ellas como de sus círculos cercanos, sin dejar de lado la insistencia en que a cada mujer se le salvaguarde el acceso a servicios de salud reproductiva en cualquier contexto social y económico.