Por: Laura Cano, periodista Pares.

Desde principio de año las alarmas han estado encendidas por la sistematicidad que ha habido en asesinatos a persona en proceso de reincorporación. Aunque el panorama no es nuevo, sí se esperaba más respuestas por parte del Gobierno sobre las garantías de seguridad y en el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección para que se procurara una disminución en esta situación, que durante el 2019 mantuvo alerta a los miembros del partido Farc y de las organizaciones que hacen veeduría a la implementación, pues ese año fue el más violento para los excombatientes, con un total de 77 asesinatos.
La esperanza de que el 2020 fuera diferente, también venía precedida por la apertura política que de una u otra forma había empezado a gestarse con las elecciones regionales dadas en octubre de 2019, en las que 300 candidatos fueron avalados por este partido o eran excombatientes que se habían presentado con otros partidos. De estos, doce (12) fueron elegidos para diferentes cargos y tres de fueron nombrados alcaldes, de los cuales dos (2) eran exintegrantes de las Farc-ep.
Estos nuevos escenarios políticos planteados en el punto 2 del Acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, también suponían una protección y garantías de seguridad, tanto a quienes estaban ocupando esos nuevos cargos, como también para quienes del otro lado habían puesto la base a este camino de implementación trasladándose a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y creando nuevas dinámicas desde sus formas de participación. Estas personas son las que han estado al frente de un proceso que les está costando la vida.
190 personas en proceso de reincorporación asesinadas
Sin embargo, las cosas no han sido muy diferentes a lo que se esperaba cambiar en relación con el pasado año. Desde la firma del Acuerdo, hay más de 190 personas en proceso de reincorporación asesinadas, según lo reportó el partido Farc. Y uno de los puntos más preocupantes de esta situación es el silencio que hay por parte de Iván Duque, pues desde que se empezaron a recrudecer estos casos no se ha generado una medida concreta hacia la protección de los firmantes.
Al contrario, por un lado, hace aproximadamente un mes, la ministra del interior de ese momento, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que por la voluntad de los excombatientes el Acuerdo era “semifallido”, esto poco antes que se había registrado el asesinato de Darío Herrera, en Ituango, una población que hoy está en una crisis humanitaria por el creciente número de desplazamiento forzoso que se está dando por los constantes enfrentamientos entre disidencias de las Farc-ep y el Clan del Golfo, lo que ha obligado, a por lo menos, 900 personas a abandonar sus territorios.
Por otro lado, en relación con los últimos casos de asesinatos registrados; el de Esder Pineda Peña en Algeciras, Huila y el de Winston Moreno en Quibdó, Chocó, los organismos gubernamentales han dicho: por parte del gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, se hizo un consejo de seguridad para proponer estrategias que protejan la vida de los excombatientes.
Asimismo, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se pronunció diciendo que se organizará una sesión de la comisión de casos de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección en la zona, y que además entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía se investigarán los casos.
A pesar de esto, es necesario recordar que, como los pasados casos, se han registrado, por lo menos, seis casos más en el año y hasta el momento parece que las respuesta oficiales se quedan en el momento; en la noticia, y no se están evaluando quiénes son los que están detrás de estos casos, investigando las causas, promoviendo verdaderas medidas de protección y buscando justicia para los firmantes que han sido asesinados.
Muestra de esto es la respuesta que no ha llegado por parte del Ministerio del Interior, en cabeza de Alicia Arango, quien no se ha pronunciado frente al tema y tampoco ha atendido a las llamados que se le ha dado desde los excombatientes y desde entidades de control y veeduría como la ONU, quienes hace poco se refirieron en Twitter a través de Carlos Ruiz Massieu, jefe de Misión de la ONU, diciendo que: “Condeno asesinatos contra quienes dejaron las armas. La muerte de tres (3) excombatientes en los últimos días es un llamado de urgencia para profundizar medidas de seguridad”.
Ante esto, el llamado del partido de las Farc es a proteger los Acordado desde la cotidianidad y también desde actos simbólicos, como el que se dará este martes a las 6 p.m. en el Parque de los Periodistas en el que la consigna es a rechazar la sistematicidad de asesinatos y el genocidio al que se le está dando vía libre desde la falta de acciones del Gobierno.
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