Una reforma a la justicia a la medida de Uribe

Por: Daniela Gómez, coordinadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, tal vez no ha habido mayores amenazas al régimen de pesos y contrapesos del Estado, como las que han supuesto los intentos de reforma personalistas y caudillistas que han buscado favorecer a Álvaro Uribe. Primero, en 2010, la propuesta de una segunda reelección prendió las alarmas, pues implicaba, entre otras cosas, que el presidente terminaría designando a toda la junta del Banco de la República y que la elección de la mayoría de magistrados de altas cortes hubiera coincidido con su gobierno. Peligraba, sobre todo, la independencia del sistema judicial, ese que tantos dolores de cabeza le había causado al expresidente Uribe durante su mandato y que, afortunadamente, tumbó la posibilidad de dicha reforma.

En la misma línea, desde hace unos años y a la par del agravamiento de la situación judicial del jefe político del Centro Democrático, este partido ha venido promoviendo una drástica reforma a la justicia que se sospechaba beneficiaría, por un lado, al expresidente, al quitar los procesos de su juez natural actual (la Corte Suprema), y por el otro, a la colectividad, al permitir concentrar un gran poder en el ejecutivo, ejercido de momento por ellos, y con posibles efectos negativos irreversibles en la política colombiana.

Las sospechas no podían ser más acertadas, la nueva reforma a la justicia propuesta por el Centro Democrático no solo resulta antidemocrática sino que parece hecha a la medida del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Esta semana una de sus más arduas seguidoras, la senadora Paloma Valencia, anunció como una gran medida contra la impunidad y la corrupción que con el proyecto de acto legislativo de pesos y contrapesos, se pretendía quitar el fuero a todos los altos funcionarios que actualmente gozan de él. Lo que la Senadora Valencia no advirtió es que el artículo 174 de este acto propone que el Senado juzgue únicamente a los presidentes, aún después de cesadas sus funciones y no solo por delitos cometidos en el ejercicio de estas – como actualmente lo dicta la Constitución y la jurisprudencia – sino también por delitos comunes o indignidad por mala conducta. Palabras más palabras menos, todas las acciones judiciales que hoy en día se adelantan contra el senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema pasarían a ser juzgadas en el Senado, donde el Senador Uribe goza de mayorías, incluyendo aquellas acciones cometidas cuando era senador, gobernador, y demás cargos públicos y aquellas que pudiera cometer en un futuro.