UNA OPOSICIÓN NEGACIONISTA

Por: Juan Manuel Velandia, investigador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de Fundación Paz y Reconciliación

La reciente investigación publicada por el diario El País de España, que reveló cómo el excanciller y político de origen conservador, Álvaro Leyva, habría buscado el apoyo de actores políticos del Partido Republicano, en Estados Unidos, para orquestar un “golpe de Estado” contra el Gobierno de Gustavo Petro, y en la que se menciona a múltiples personajes de la política nacional, no es un hecho menor, como han intentado sugerir algunos líderes de la oposición y medios de comunicación.

Según el medio español, las grabaciones a las que tuvo acceso dan cuenta de conversaciones en las que Leyva expresa sus intenciones “golpistas”, a través de un gran acuerdo nacional que incluye en un mismo escenario a actores armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, así como actores políticos relevantes de distintas orillas, como la vicepresidenta Francia Márquez, quien, mediante dos comunicados oficiales publicados en su cuenta personal de x,  rechazó cualquier implicación en estos hechos y solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación formal; hasta la precandidata presidencial Vicky Dávila, que, de una manera inusual, y como si dictara la verdad por su propia cuenta, se comunicó con Leyva para que este negara su participación en el asunto.

En los audios se puede escuchar una conversación con una persona no identificada, en la que Leyva afirma:

 “Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones [las presidenciales que están por celebrarse en 2026]... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”.

Las conversaciones también revelan, una reunión entre el excanciller y el congresista republicano Mario Díaz-Balart, representante por Florida. Según se escucha en otra grabación:

“Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”

El objetivo de esta reunión, según lo revelado, habría sido conseguir un acercamiento con el secretario de Estado, Marco Rubio, con el fin de recabar apoyos para ejercer “presión internacional”.

Las grabaciones a las que tuvo acceso el medio, que también habrían estado en poder del servicio secreto de Colombia y de las cuales el presidente ya conocía, fueron utilizadas por el mandatario, para denunciar meses atrás, lo que calificó como una “conspiración de carácter internacional en su contra”, durante un discurso en un encuentro con los aprendices del SENA, en Bogotá.

“No son locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller, o su hijo. Lo que ha salido hoy no es chisme, es un complot y es un complot internacional”

Estas declaraciones fueron hechas luego de que el excanciller Álvaro Leyva, publicara su segunda carta abierta contra el mandatario en la cual lo acusaba nuevamente —sin presentar pruebas— de tener problemas con el consumo de drogas y de ausentarse dentro de las comisiones internacionales.

Más allá de la contundencia y del impacto político, las relevaciones sirvieron de alguna u otra manera a seguir reforzando las narrativas del Gobierno: la existencia de bloqueos institucionales, administrativas y cooptaciones desde el mismo Estado que impiden el desarrollo de cualquier propuesta, programa o proyecto que resuelva la desigualdad social y así poder seguir manteniendo la movilización permanente de la sociedad y un constante ejercicio de veeduría, control y vigilancia.

Una oposición incapaz de interpretar el momento político

Aunque las intenciones de Leyva de fraguar un “golpe de Estado”, — las cuales iniciaron con la publicación de dos cartas en las que exponía la vida personal y privada del presidente Gustavo Petro, y que se intensificaron con sus movimientos políticos posteriores— no hayan generado eco e interés por parte de la Casa Blanca, es un asunto que no puede pasar desapercibido.

El solo hecho de que un excanciller, con una amplia trayectoria y experiencia política, haya intentado de alguna u otra manera desestabilizar la institucionalidad, sí representó una amenaza directa a la democracia, que requiere el profundo rechazo de todos los sectores políticos y la realización de una investigación exhaustiva, que ya se viene adelantando por parte de la Fiscalía.

No obstante, para diversos sectores de la oposición, y con el respaldo de algunos medios, el asunto se ha querido presentar como un hecho aislado, protagonizado ya por una persona de la tercera edad a la que se le resta importancia, bajo el argumento de que ya no tiene capacidad de incidir ni de gestionar políticamente.

Este tipo de acciones refleja la profunda desconexión entre la oposición y la coyuntura política del país. Lejos de debilitar a un mandatario que enfrenta serias dificultades al interior de su gobierno, la oposición, gracias a su incapacidad, ha terminado —sin proponérselo — de contribuir al fortalecimiento de esas narrativas idóneas, a las cuales el oficialismo buscará apuntarle, como estrategia de cara a los comicios de 2026.