Una masacre anunciada



Hace algunos días en el municipio de Tumaco, en Colombia, ubicado al sur del país en la costa pacífica cerca de la frontera con Ecuador, murieron siete campesinos en medio de una protesta por la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca. Si bien un comunicado de las fuerzas de seguridad del Estado afirmó que la muerte de los civiles fue producto de un combate con una organización criminal denominada Guerrillas Unidas del Pacífico, al correr de las horas la versión fue quedando sin consistencia y todo parece indicar que fue la Fuerza Pública la que disparó y asesinó a los campesinos.


Tumaco es uno de los cerca de setenta municipios de los 1.122 que tiene Colombia que mantiene un comportamiento al alza en los niveles de violencia, principalmente del homicidio, pero no es el único indicador que va hacia arriba. Después de la salida de las FARC tras las negociaciones de paz, diferentes grupos criminales se disputan metro a metro el control de ese territorio, donde los niveles de cultivos de hoja de coca han aumentado de forma acelerada.

Tumaco es uno de aquellos territorios que concentran casi toda la cadena de un mercado ilegal. Mientras que en otras zonas del país se cultiva y a cien kilómetros están las cocinas o laboratorios de clorhidrato de cocaína, lejos de los puertos, en ese municipio todo se concentra en un pequeño territorio: hay 23.000 hectáreas de hoja de coca; se han destruido, en los últimos años, más de 100 laboratorios y es una ruta desde el Pacífico hacia Centroamérica. Por tanto, al estar todo concentrado, la disputa por el control de dicho mercado es mayor. En total, 11 grupos criminales se disputan el control: el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas de Pacífico, Gente del Orden, La Empresa y la guerrilla del ELN, entre otros.

Colombia actualmente tiene cerca de 140.000 hectáreas de hoja de coca, casi la misma cifra del año de 1996, cuando se produjo el número más alto de este cultivo. Desde ese momento, Colombia adoptó la estrategia norteamericana de lucha contra la drogas, se fumigaron más de 1.5 millones de hectáreas, se erradicaron más de 500.000 hectáreas y se llenaron las cárceles de campesinos cocaleros. Al final, después de 20 años, la cifra de cultivos es prácticamente igual. Un rotundo fracaso de esa política.