Una lectura plural a la decisión de la Corte Penal Internacional

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia


El pasado 28 de octubre, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), decidió cerrar el examen preliminar del caso Colombia –abierto desde 2004– por la violación sistemática de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado. Esta decisión, a pesar de lo positivo que puede tener, ha sido objeto de múltiples miradas, algunas de ellas contrapuestas, debido a las lecturas jurídicas y políticas que se hacen por parte de los diversos actores.

La mirada más optimista y positiva la encabeza la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sus integrantes leyeron la decisión como un gran reconocimiento que le hace la comunidad internacional al organismo de justicia en sus pocos años de funcionamiento. Toman la actuación de la CPI como una validación de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y como un espaldarazo al Acuerdo Final.

Para la JEP, lo que hizo la Oficina del fiscal Khan fue validar las labores que viene realizando este tribunal especial en torno al sistema de justicia transicional. Trabajo que ha realizado bajo los parámetros del Estatuto de Roma, el cual les entrega autonomía a los países para que –una vez lleguen a negociaciones de paz con grupos alzados en armas– puedan administrar justicia propia, amparados en su marco legal y constitucional.

Además, celebra la JEP el compromiso que asumió el Gobierno Duque de entregar un apoyo presupuestal para su funcionamiento, como un respaldo a las labores que desarrolla este y los demás organismos que hacen parte del sistema de justicia transicional colombiano, buscando prevenir cualquier interferencia con las funciones de estos tribunales.

En breve, para la JEP resulta muy apropiado tanto la visita del fiscal como la decisión que tomó la CPI. Esta debe leerse como la ratificación, una vez más, de la confianza, el apoyo y admiración que tiene la comunidad internacional al sistema de justicia transicional del país. Además, como un respaldo a su actual composición y funcionamiento, y, por ende, al Acuerdo de Paz.

Sin embargo, esta visión contrasta con otra pesimista y crítica que han realizado distintas organizaciones tanto nacionales –especialmente colectivos de víctimas– como extranjeras. Para organismos como Human Rights Watch (HRW), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) o las Madres de víctimas de Falsos Positivos (Mafapo) es lamentable que la CPI haya cerrado el caso colombiano.

Todas ellas coinciden en afirmar que esta fue una decisión errónea, pues significa el cierre de una puerta que estaba abierta para la investigación de crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo en el país. Desde esta perspectiva, la Fiscalía de la CPI realizaba actividades complementarias a la justicia interna y, al retirarse –aunque sea por un tiempo–, se está quitando un apoyo al esclarecimiento de la verdad sobre los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Advierten estas organizaciones sobre la situación de inmadurez en la que se encuentra el sistema de justicia en Colombia. Un sistema que presenta pocos avances en cuestión de defensa de derechos humanos, y donde en casos como las masacres de la Granja y El Aro no se ha avanzado mucho. Además, ven con preocupación el paso lento de la JEP y, además, el aumento de la violencia que hace hoy más urgente la presión internacional.

De esta manera, con la decisión del fiscal de la CPI, la conclusión desde esta orilla es que el país retrocedió en materia de consecución de garantías para que haya justicia por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Ahora, muchos procesos están en el limbo, pues la JEP está creada solo para atender la violencia de la guerra donde participaron las FARC-EP, dejando de lado muchos hechos asociados a otros conflictos, donde participaron el Estado y los paramilitares; así mismo, quedan de lado los expresidentes, que por tener condición especial tiene restricción para judicializarlos.

A estas dos posturas antagónicas se le suman otras intermedias, que bien podrán ubicarse del lado optimista o pesimista, pero eso dependerá de la manera como actúen en el tiempo venidero. En este caso, se trata de las posiciones del Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y los partidos políticos que hacen parte del Congreso de la República.

Aunque se vio una actitud muy proactiva y positiva por parte de la Presidencia de la República con la decisión –que llevó al presidente Duque a comprometerse cada año a permitir que la CPI tenga acceso a los documentos que requiera y a participar con ella en reuniones anuales de verificación–, también se reconoce la ambivalencia que ha mantenido Duque a lo largo de su ejercicio como primer mandatario: una cosa dice hoy y otra contraria el día de mañana. El Gobierno siempre se ha comportado como un crítico de la JEP, y ahora resulta muy difícil confiar en el respaldo que le manifiesta.


En una situación similar se encuentra la Fiscalía General de la Nación, que bien podría pensarse que trabaja mancomunadamente con la Oficina del fiscal de la CPI y, por tanto, debería estar actuando de manera comprometida con apoyar las labores de la JEP y poniendo a su disposición sus capacidades investigativas sobre los crímenes más graves y representativos, sin embargo, como es de común conocimiento, este organismo ha tenido una visión crítica frente al mecanismo de justicia transicional y será muy difícil que cambie de parecer.


Y en cuanto al Congreso de la República, en la actualidad, varios partidos –entre ellos el Centro Democrático– han propuesto el proyecto de acto legislativo 296 de 2021, el cual busca derogar a la JEP o afectar su estructura operativa contenida en el Acto Legislativo 01 de 2017, lo que, claramente, va en contravía de la solicitud de la CPI. Por lo tanto, se esperaría –luego de la decisión del Gobierno Duque– que se suprima toda propuesta de acabar a la JEP o de cambiar su estructura. Sin embargo, hasta el momento persisten en mantener la propuesta.

De esta forma, es evidente la disparidad en opiniones que ha generado la decisión de la CPI respecto al cierre del examen preliminar del caso Colombia. Resulta muy positivo para la JEP la decisión y el acuerdo con el Gobierno, pues se ve cómo la comunidad internacional de nuevo abraza el proceso de paz en Colombia y el importante mecanismo de justicia transicional. Pero resulta muy sospechoso el actuar de los organismos institucionales y agentes que la acompañarán, pues antes tenían toda clase de reparos y críticas al sistema de justicia transicional, y ahora, como por arte de magia, se comportan como los mejores de los amigos.


 

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