Por: El Espectador
Más allá de las propuestas, si algo dejó claro el debate entre los seis candidatos a la Alcaldía de Medellín —realizado ayer por El Espectador, la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (Fescol), la Fundación Paz y Reconciliación y la Universidad Eafit— es que existe un alto nivel de desconfianza entre las campañas en cuanto a los apoyos recibidos, tanto políticos como económicos. De ahí que Federico Gutiérrez, candidato independiente del Movimiento Creemos, haya planteado un pacto de transparencia en el que cada uno se compromete a revelar quiénes integran sus equipos de colaboradores y la forma como se están financiando.
De hecho, una de las alertas en la que todos coincidieron tiene que ver con la manera como las rentas criminales están ingresando actualmente en la economía legal de la ciudad, lo que significa, que los dineros “mafiosos” siguen circulando a través de fachadas y a la vez sirven para financiar el microtráfico y otros tipos de delincuencia. “Por eso hay que poner el ojo en los apoyos electorales, y esto no tiene nada que ver con izquierdas y derechas sino con la transparencia política”, agregó Gutiérrez. Una postura que comparte el candidato de la Alianza Verde y la ASI, Alonso Salazar, quien retó a todos a mostrar abiertamente las cuentas de sus campañas, al tiempo que advirtió que, si bien las miradas están puestas sobre Medellín, hay que prender las alarmas por Bello, municipio donde operan bandas criminales que alimentan la violencia en la ciudad.
Los seis candidatos aceptaron el pacto. Sin embargo, entre la gran cantidad de ciudadanos que se hicieron presentes en el auditorio del parque Los Guayabos de la Eafit, sede del debate, quedó la sensación de que las pullas tenían un destinatario específico: Gabriel Jaime Rico, del movimiento Juntos por Medellín y quien cuenta con el apoyo de los partidos de la U y Cambio Radical. A Rico le cuestionan el haber sumado a su causa electoral líderes involucrados en supuestos escándalos de estafas, políticos cuestionados y congresistas con familiares condenados por parapolítica. Lo cierto es que ningún candidato habló con nombres propios y el compromiso quedó en que no sólo darán a conocer los nombres de sus gerentes de campaña sino los de todos sus colaboradores, así como también de los que están aportando financieramente a sus campañas.
En lo que tiene que ver con el debate y las propuestas en materia de seguridad, que fue el eje de la discusión, llamó la atención que nadie hablara de la Medellín pensada para el posconflicto, en caso de un acuerdo de paz entre Gobierno y Farc en La Habana (Cuba). Ahora, se puede inferir que las estrategias planteadas apuntan a abordar ese nuevo escenario para una ciudad que terminará siendo destino final de muchos desmovilizados de la guerrilla. Es así como, por ejemplo, Juan Carlos Vélez, el candidato del Centro Democrático, habló de establecer una vigilancia con drones y de lograr el compromiso eficaz y eficiente de la Fuerza Pública para devolverles a las calles y comunas el imperio pleno de la ley y el orden.
Por su parte, el plan de seguridad de Gabriel Jaime Rico incluye vigilancia satelital y la conformación de un bloque de búsqueda interinstitucional que agrupe especialistas en inteligencia, miembros de la Fiscalía y funcionarios del Inpec para atacar las bandas dedicadas a la extorsión y el microtráfico. Para Héctor Hoyos Meneses, candidato del Polo Democrático, la prioridad es construir propuestas de tipo social con la misma ciudadanía, de tal manera que se pueda hacer frente a los preocupantes índices de microextorsión o “vacunas” que se presentan hoy en Medellín.
Eugenio Prieto, del Partido Liberal, considera que es necesario brindarles a las personas una “seguridad urbana integral”, es decir, frente a la criminalidad, pero también seguridad alimentaria, laboral, social, oportunidades de formación y desarrollo, algo que implica más gobernabilidad territorial. Federico Gutiérrez planteó realizar consejos de seguridad a diario en los barrios donde hay presencia de los llamados “combos”, al igual que la creación de un grupo élite para combatir cada tipo de delito y golpear sus finanzas. Por último, la propuesta de Alonso Salazar se fundamenta en mejorar la legitimidad y capacidad operativa de la Policía y el sistema judicial, darles oportunidades a los jóvenes para que no asuman el delito como una opción, crear institucionalidad y fortalecer el gobierno local desde las comunas.