Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y el 537 del 12 de abril se declaró estado de emergencia económica, social y ecológica en el país, ordenándose, en función de la primera medida, la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales en los procesos de contratación estatal, actuaciones contractuales sancionatorias y compras públicas, esto también permitiendo a gobernadores y a alcaldes contratación directa durante la pandemia.
“Para la Fundación Paz y Reconciliación es claro que dentro de 2008 y 2019 se han identificado que existen unos clanes que si antes robaban sin ningún control, ahora el riesgo es doble”, enfatizó Esteban Salazar, investigador nacional de Pares.
Ante esto, la corrupción que no para en el país y las más recientes alertas sobre posibles irregularidades que se están presentando en la entrega de mercados y recursos dispuestos para la población que más afecta el aislamiento preventivo obligatorio, la vicepresidenta decidió abanderarse del “escuadrón dedicado a cazar corruptos”, incluso cuando este ente poco tiene que ver con el control de recursos, y cuando el Poder Ejecutivo también merece un especial seguimiento durante esta emergencia sanitaria.
A pesar de esto Ramírez indicó que se trabajaría junto con la Secretaría de Transparencia, Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría y Colombia Compra Eficiente para, como lo indicó, “poner freno y castigo a robos y sobrecostos o abusos en recursos para la contratación directa autorizada en medio del Covid-19”.
Respuesta de los organismos de control
Sin embargo, el pronunciamiento fue rápidamente respondido por quienes encabezan los organismos de control del país; el Fiscal General Francisco Barbosa, el Procurador General Fernando Carrillo y el Contralor Felipe Córdoba, quienes emitieron un comunicado conjunto, aclarando que el trabajo fiscalizador durante la propagación del Covid-19 había iniciado desde la implementación de los decretos que les dan facultades a algunos funcionarios públicos para el manejo directo de recursos y contratación durante la eventualidad que se vive.
Además, enfatizaron en que: como entes autónomos e independientes, no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativo a la persecución de corruptos. Este grupo ya existe, se enmarca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades.
Asimismo, los tres funcionarios aclararon que los seguimientos que se han adelantado a quienes han utilizado la situación para sacar provecho económico maquillando facturas, presentando productos con sobrecostos y utilizando la coyuntura como botín político, serán públicos en los próximos días.
Con esto es momento de presionar para que la veeduría sea real y eficiente, y no se quede en discursos o en manos de quién puede utilizar esto para desviar la atención de donde deben estar los ojos puestos. La corrupción ha sido uno de los males que llevado a que hoy miles de personas sean a quienes deban llevar la carga de la pobreza y de la mala distribución de recursos, agravando la situación que la pandemia ha dejado. Que ahora no sea esa misma clase, en su mayoría política, la que nos termin dejando como alguna vez Galeano lo dijo en ‘Los Nadies’: “jodidos, rejo.»
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