Un «no» rotundo de organismos de control a Vicepresidenta

Por: Laura Cano. Periodista Pares.


Con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y el 537 del 12 de abril se declaró estado de emergencia económica, social y ecológica en el país, ordenándose, en función de la primera medida, la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales en los procesos de contratación estatal, actuaciones contractuales sancionatorias y compras públicas, esto también permitiendo a gobernadores y a alcaldes contratación directa durante la pandemia.


“Para la Fundación Paz y Reconciliación es claro que dentro de 2008 y 2019 se han identificado que existen unos clanes que si antes robaban sin ningún control, ahora el riesgo es doble”, enfatizó Esteban Salazar, investigador nacional de Pares.


Ante esto, la corrupción que no para en el país y las más recientes alertas sobre posibles irregularidades que se están presentando en la entrega de mercados y recursos dispuestos para la población que más afecta el aislamiento preventivo obligatorio, la vicepresidenta decidió abanderarse del “escuadrón dedicado a cazar corruptos”, incluso cuando este ente poco tiene que ver con el control de recursos, y cuando el Poder Ejecutivo también merece un especial seguimiento durante esta emergencia sanitaria.


A pesar de esto Ramírez indicó que se trabajaría junto con la Secretaría de Transparencia, Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría y Colombia Compra Eficiente para, como lo indicó, “poner freno y castigo a robos y sobrecostos o abusos en recursos para la contratación directa autorizada en medio del Covid-19”. <