Un escándalo nacional llamado Parapolítica

Cuando el ex fiscal Mario Iguarán hizo su última rendición de cuentas,  en medio de su discurso declaró que según las investigaciones de la para política que se desarrollaron durante su período al frente de la entidad, se pudo constatar que no fueron los paramilitares quienes buscaron a la clase política en las regiones donde tenían sus operaciones, sino muy al contrario, como lo establecieron también los análisis y estudios del tema que desarrollaron el director de la Fundación Paz y Reconciliación  León Valencia y la senadora Claudia López,  fueron  las elites de la política regional quienes acudieron en su ayuda,[i] con el fin de resistir a la descentralización política y administrativa que trajo consigo, no solo la constituyente del 91, sino también la elección popular de alcaldes, aprobada en 1986.

Lo anterior lo explican León Valencia y Claudia López en su estudio, “Paramilitares y Políticos, La Ruta de la expansión paramilitar”, a través de  la tesis de  Eduard Gibson quien desarrolló un  trabajo comparativo en transiciones democráticas. Este investigador logra demostrar que cuando se produce un cambio político en el sistema democrático en determinado país, las elites regionales que vienen del antiguo régimen, se resisten a esos cambios  y organizan lo que se conoce con el nombre de autoritarismos subnacionales, constituyendo fuerzas locales  para impedir  el  surgimiento de una nueva clase política. Es entonces cuando se comienza a  tejer el  maridaje entre el paramilitarismo y las elites locales, llegando a consolidar acuerdos en el nivel regional hasta llegar al  nivel nacional.

En el año de 1991 se celebró la constitución que rige en la actualidad, en donde se promovió la separación de poderes, pero además mediante  el artículo 128 del capítulo II [ii], y el numeral 8 del  artículo 179[iii]  del capítulo IV,  puso a los representantes de la democracia y a todos los funcionarios públicos en Colombia, en un solo cargo,   eliminando  lo que sucedía en la constitución anterior, la que  permitía que un senador o representante ocupara al mismo tiempo el cargo de ministro, embajador, alcalde, gobernador o concejal, favoreciendo a los caciques regionales concentrar poder en sus lugares de orígenes, lo que facilitó  que se consolidaran aún más los  grupos o familias electorales en cada uno de los departamentos del país y concentraran poder territorial.

Era difícil imaginar que con la entrada en vigencia de una nueva carta política en Colombia,  la concentración del poder se iría extinguiendo con el paso de los años. Tal hecho nunca sucedió y muy por el contrario, evitó que nuevas fuerzas políticas surgieran en el mapa electoral.

¿Que pudo suceder para que el cambio no fuera realidad?

Una de las banderas democráticas que los movimientos populares y progresistas agitaban la década de los 80,   fue la de la elección popular de alcaldes, permitida por la ley 78 de 1986, con lo cual se abriría el paso a la descentralización político y administrativa del Estado y su posterior modernización, a la cual se opusieron Julio Cesar Turbay Ayala, Víctor Mosquera Chaux y el Conservatismo en pleno con excepción de Álvaro Gómez. El  proyecto fue  liderado por el entonces ministro del interior Jaime Castro, quien lo concibió como inicio de la descentralización política y administrativa que regía a Colombia con anterioridad a la constitución vigente.

Tal centralización permitía que los gobernadores, intendentes y comisarios fueran nombrados por el Presidente de la República y estos a su vez eligieran a los alcaldes municipales, los que en su mayoría hacían parte de acuerdos políticos a favor de quien los nombraba en el cargo. Estos en mayor cantidad representaban a los dos partidos mayoritarios en Colombia (liberal y conservador),  quienes fueron concentrando el poder en el nivel local gracias a que la anterior carta magna les permitía a sus miembros  la multiplicidad en los cargos. Es así como un senador podía ser nombrado ministro,   embajador, gobernador y alcalde,  y al tiempo ser elegido concejal y diputado.

Buena parte de las relaciones que existían entre los dirigentes políticos y los representantes del gobierno nacional y departamental,  tenían que ver con el tema de la concesión de ayudas o auxilios y el nombramiento de alcaldes. En efecto, los congresistas y diputados se veían obligados a hacerles antesala a los funcionarios de turno con el fin de obtener recursos o aprobación de obras en sus regiones. Esas decisiones dependían de la buena voluntad del funcionario quien se valía de la falta de normas o reglas de juego en la materia,  que estableciera derechos u obligaciones sobre el particular y  que definiera su conducta para el manejo de esa clase de relaciones. Era natural que los funcionarios buscaran precio para su generosidad y que lo consiguieran. Dicho precio no era otro que la hipoteca de la voluntad política de congresistas y diputados.

En el nuevo orden desaparecen los dos condicionamientos señalados: los alcaldes fueron elegidos popularmente y para la ejecución de obras y la prestación de servicios locales se dispusieron recursos a disposición de la comunidad.

La reforma que consagró la elección popular de alcaldes se propuso contribuir al proceso de paz  promovido por la administración del ex presidente Belisario Betancuort y así mismo propiciar el incremento de la participación política. La norma también se concibió como un instrumento capaz de ampliar el espectro de fuerzas y movimientos, más allá del esquema bipartidista.

Los resultados  que arroja esta primera elección plantean un fenómeno esencial: si bien es cierto que irrumpieron nuevos actores sociales y políticos en distintos municipios y regiones, la presencia y el arraigo local de los partidos tradicionales continúa siendo uno de esos rasgos esenciales del régimen político.  La votación por partido para elegir alcaldes en las 32 circunscripciones regionales del país indica, de manera clara, que la geografía política que conocemos de tiempo atrás no varió sustancialmente y  tampoco superó, ni mucho menos cumplió con  las expectativas que en tal sentido se había planteado con la reforma. Este suceso lo explica el ex ministro Jaime Castro como la muestra clara de la lucha que se dio entre la clase política regional para no dejarse quitar el poder en sus departamentos por su rival y tampoco permitir el asentamiento de uno nuevo.

Se estrenan las elecciones para alcaldes y se inicia una guerra sucia contra una nueva clase política:

Cuando se inicia la correría electoral de quienes ostentaban el poder regional, para hacerse electoralmente a los municipios de los departamentos que controlaban,   de forma paralela   desde finales de 1986, cuando se iniciaron las campañas electorales, un total de 140 alcaldes y concejales en ejercicio, candidatos a las alcaldías y concejos, consejeros intendenciales, comisariales y diputados, fueron asesinados. De ellos, 50 eran de filiación liberal, 46 pertenecían a la Unión Patriótica y 39 al Partido Conservador. A estas cifras debe sumarse la lista de muertes aún en la impunidad  de cerca de 500 activistas, dirigentes comunales y campesinos que también perdieron la vida en forma violenta.

La violencia política se recrudeció de manera significativa en los dos meses anteriores a los comicios de marzo. Aunque en términos globales,  la Unión Patriótica ha sido el movimiento más afectado por la escalada de crímenes políticos, todos los partidos fueron  víctimas de esta especie  de guerra sucia». El número de candidatos a las alcaldías asesinados hasta diciembre de 1986, once en total -seis de la UP, cuatro del socialconservatismo y uno del Partido Liberal-, en marzo se elevaron a 21 con la eliminación de cinco más de la UP y cuatro liberales. Así lo señalan las cifras presentadas y los cálculos realizados por el Departamento de Derechos Humanos del CINEP (Cuadro No. l), con los cuales se da cuenta del número de atentados efectuados contra los distintos partidos políticos entre el 1 ° de enero y el 13 de marzo de 1988.

El clima de violencia que antecedió a la primera elección de mandatarios locales también se vio recrudecido por la barbarie de las masacres colectivas contra campesinos y trabajadores agrícolas en el Meta, Urabá y Córdoba. En estas regiones, el derecho a participar en las elecciones se convirtió en una temeraria osadía.

Dentro de las nuevas fuerzas que pretendían posicionarse en el mapa político  se encontraba la  Unión Patriótica (UP)  a quien Iván Cepeda en su documento “GENOCIDIO POLÍTICO: EL CASO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA EN COLOMBIA*, define como  una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980,  entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC).

La UP fue el primer movimiento político al que claramente se le hacía oposición por la vía armada, generando así una especie de resistencia a través de un sabotaje promovido por fuerzas oscuras.

Surgimiento de la Unión Patriótica:

En 1984,   como fruto de los diálogos entre gobierno y Farc, las partes acordaron  varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad,  consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles[i].

Es entonces cuando miembros de la UP y algunos de sus simpatizantes son asesinados en forma violenta, de los cuales algunos  han sido reconocidos por los ex jefes de las AUC a través de las versiones dentro de la Ley de Justicia y Paz:  “HH conocido también como Carepollo o Mono, dijo ante el fiscal de Justicia y Paz que si bien hubo equivocaciones y  pudieron matar inocentes, los crímenes obedecieron a un plan especial para dejar a Urabá sin guerrilla y reconoció que bajo esa idea ordenó la muerte de varios simpatizantes de la UP. Por eso las autodefensas entrenaron a sus hombres en la finca El Tomate, de propiedad de Carlos Castaño, en San Pedro de Urabá, donde empezaron a llegar decenas de combatientes que tenían la misión de limpiar a la zona. El modus operandi, sostuvo el paramilitar, era con base en los señalamientos que hicieran algunos informantes”. [ii]

El ex constituyente y ex ministro Jaime Castro, define este fenómeno como crímenes políticos, por tratarse de actores con militancia y formación de izquierda, los que fueron perpetrados por actores armados de derecha extrema quienes para ese entonces se hicieron mostrar como fuerza contra insurgente que no estaban de acuerdo con   que un movimiento político inspirado por la guerrilla de los años 80  se tomara el poder en Colombia.

En su momento cumbre como  partido político, la UP logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales, y eligió 16 representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios.

¿Porque atentar contra miembros de la UP?

Varios factores conspiraron para que el proceso de la UP no fuera exitoso. Por un lado, sectores del establecimiento (políticos y militares) así como empresarios y ganaderos nunca creyeron en la real voluntad política de la guerrilla y vieron al nuevo partido como una extensión de la lucha armada.

La incapacidad del Estado para  combatir a la insurgencia propició el surgimiento de grupos de extrema derecha financiados por ganaderos, comerciantes, parte del estamento político y un sector de las Fuerzas Militares que se supone quisieron contener el  accionar de la guerrilla, que se traducía en un orden público deteriorado por los secuestros, asesinatos y extorsiones, en zonas como el Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Es precisamente en estos lugares donde  la UP comenzó a hacer política y se convertían en los lugares donde más ganaba adeptos. El estadounidense Steven Dudley en su libro,  Armas y urnas – Historia de un genocidio político,  señala que “los enemigos del proceso no se detuvieron a escuchar la plataforma de la UP,  ni se preocuparon por comprender sus motivos, simplemente los igualaron con las FARC y procedieron a eliminarlos”.

En el corazón de Colombia, en Puerto Boyacá, ganaderos y comerciantes reaccionaron a estos acuerdos políticos con la insurgencia armada, mediante la creación de Acdegam, una asociación sin ánimo de lucro, que serviría como fachada a las autodefensas. Otro factor en esta historia es la alianza entre narcotraficantes y paramilitares. Como ejemplo está la creación del grupo Muerte a Secuestradores como retaliación al secuestro de   Martha Nieves Ochoa (hija del caballista Fabio Ochoa y hermana de los capos que lideraban el Cartel de las drogas de Medellín),  ejecutado por la guerrilla,

A finales de 1986, revela Dudley que “la UP envió a Salazar, jefe de propaganda del movimiento político, a negociar con Gonzalo Rodríguez Gacha para tratar de pactar una tregua. Gacha le propuso a las FARC que lo dejaran trabajar, ya que para este momento el grupo guerrillero empezaba a meterse en el multimillonario negocio de las drogas. No obstante, las FARC no aceptaron la tregua con el mexicano y este les  declaró la guerra, con lo que se recrudecieron los ataques a los miembros de la UP”.

Entre tanto, la guerrilla intensificó los ataques a la fuerza pública, lo que ocasionó que el gobierno Barco les diera un ultimátum: “Si las FARC no se desarman y no se desmovilizan, la única opción que tiene el Gobierno es exterminarlas militarmente”.

Como respuesta, las FARC dieron por terminado el proceso de paz y retiraron a sus líderes de la UP (Braulio Herrera e Iván Márquez) quienes volvieron a comandar frentes guerrilleros. El mexicano en retaliación ordenó el asesinato del senador de la UP, Pedro Nel Gómez.

Los paramilitares que ya contaban con 5 mil unidades realizaron una de sus primeras masacres en el municipio de El Castillo, en el corregimiento de Vista Hermosa, en el Meta, en donde asesinaron a 17 militantes de la UP.

Mientras que en esta misma línea, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, empezaron a conformar grupos de autodefensas en la Zona bananera de Urabá, como reacción al asesinato de su padre y al control, extorsiones, asesinatos y secuestros que cometían  las FARC en la zona. La forma que optaron para causarle daño al grupo guerrillero fue precisamente atacar a la UP.

El naciente grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá inició el exterminio sistemático de los militantes de la UP, a quienes veían como la extensión política de las FARC. Dudley cuenta que desde 1983 el grupo de Fidel Castaño “mató gente sin piedad, en grupos de ocho y diez personas, algunos de ellos mujeres y niños, utilizando armas primitivas, como machetes. Los militares no solamente les permitieron actuar y hacer el trabajo sucio, sino que desde entonces les brindaron protección”. Es entonces cuando nace el  grupo de Los Tangueros, en referencia a la finca de Castaño llamada Las Tangas, en donde el grupo fue entrenado y al tiempo sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas, incluso muchas víctimas fueron enterradas en estas tierras.

En 1987, los paramilitares junto con dos narcotraficantes (Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha) financiaron la contratación de cinco mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, para impartir un curso de contrainsurgencia a un grupo de 50 de sus mejores hombres. Entre los entrenados aparece el Negro Vladimir, un ex guerrillero de las FARC que se convertiría en uno de los más temibles y sanguinarios comandantes paramilitares del Magdalena Medio y quien después confesaría el asesinato de unos 800 militantes de la UP.

A finales de 1988, los paramilitares escogieron a la población de Segovia como su primera advertencia a las FARC y a la UP. Allí fueron asesinados 43 campesinos, con la complicidad de la  policía y el ejército, como fuera demostrado posteriormente por la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión.

Por esta misma época, en el Magdalena Medio, las Autodefensas comandadas por Henry Pérez habían “limpiado” a municipios como Puerto Boyacá. Además habían creado el movimiento Político Morena.

En 1987 se registró el asesinato de 111 miembros de la UP;  en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales.

Otro de los hitos en la historia política de la UP, fue el asesinato del candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, ejecutado por paramilitares. Ante la ya evidente campaña contra el movimiento político, su sucesor en la dirección del partido y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, solicitó mayores garantías al gobierno de Barco, al tiempo que se distanciaba de las FARC.

Para tratar de lograr una tregua con los paramilitares, el nuevo candidato a la presidencia por la UP se reúne con Pablo Escobar, a quien le solicita que medie con Gonzalo Rodríguez Gacha para terminar con el exterminio. Escobar le asegura que de su parte no tienen nada que temer; el problema era con El Mexicano y Fidel Castaño. El primero no era inconveniente para el capo, pero de Castaño no podía asegurar nada. Al final  Jaramillo no pudo establecer una tregua con los grupos paramilitares, encabezados, y más adelante sería asesinado por orden de Carlos Castaño.

En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda.

El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quita la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Ese sería el final jurídico de este movimiento y el de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del país[iii] [iv] [v].

Resultados electorales. Resumen comparativo 1986 -1988

La Constituyente de 1991 un segundo cambio al que era necesario resistir:

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se permite  la elección popular de gobernadores,   se facilita la creación e institucionalización de nuevos partidos y movimientos políticos mediante la ley 130 de 1994;  se  pone fin a  la multiplicidad en los cargos gubernamentales y  se  transforman  los territorios nacionales (Intendencias y Comisarías) en departamentos.

En tales cambios políticos comienzan  a jugar los desmovilizados del M-19, desde 1991 y más adelante harían lo mismo quienes desde otros grupos armados dejarían las armas para regresar a la vida civil.

Durante la década de los noventa el panorama electoral estuvo regido por la Ley 130,  la que permitía que los  partidos y movimientos se conformaran luego de la recolección de un  determinado número de firmas. Elección tras elección, estos aparecían y desaparecían del panorama electoral, sin que las autoridades correspondientes se percataran de donde o como habían surgido. Tanto creció el número de movimientos políticos que en el año 2002 compitieron más de 60 partidos y movimientos políticos para las elecciones de cámara y senado.

Junto a esto la llamada operación avispa que hizo carrera en el liberalismo durante las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, se hizo extensiva a los demás partidos y movimientos políticos. Esa estrategia, que consistía en dividir listas al Senado y  Cámara para alcanzar el mayor número de curules, se tomó prácticamente la campaña electoral de 1994.

Como resultado de las fórmulas que adoptaron cada partido y movimiento que lanzó candidatos para congreso, los liberales y conservadores siguieron dominando el capitolio nacional,  mientras que la AD M19, después de colocar 9 parlamentarios en la Cámara Alta, no alcanzó ni uno. Entre los grupos religiosos, la Unión Cristiana, también vio reducido el número de votantes, al bajar de 67.882 votos en el 91 a 54.679.

En estas elecciones algunos caciques electorales que en un tiempo se jactaban de su alta votación, comenzaron a ver reducido su caudal electoral. Es así como Bernardo Guerra Serna, varón electoral de Antioquia, no superó los 35 mil votos. También fue  vertical la caída de Alberto Santofimio, quien después de haber obtenido 108 mil votos en las elecciones de 1986, pasó a 50 mil en 1991 y luego descendió a 29.701. Otros mediante alianzas y cambio de casas políticas aumentaron su caudal.

En 1994 cuando ya el Congreso de la República  se alistaba para iniciar su labor como ente de control legislativo y el presidente Ernesto Samper emprendía su trabajo como primer mandatario, el ex candidato presidencial y primer adversario político del ejecutivo, Andrés Pastrana,  da a conocer al país las cintas en audio que comprometerían al primer mandatario con el cartel del Cali y por el cual 9 políticos en su mayoría del Partido Liberal,  fueron condenados por la justicia.

Este suceso judicial  conocido con el nombre de proceso  8.000, marcó la historia política del país, por tratarse de la primera vinculación oficial de altos funcionarios del  Estado con un actor ilegal. Por este hecho el liberalismo ha sido castigado en las urnas por la opinión pública, por lo que hasta el momento no le ha sido posible su regreso a la silla presidencial, sumado al  escalonado desmembramiento de sus listas al congreso.

Al tiempo en que este fenómeno político sucedía, los paramilitares quienes desde el año 1988,  llevaban  a cabo una  escalada de violencia en algunos lugares del país, para este entonces acrecientan el número de acciones contra la población civil, coincidiendo además con la época en que se celebraba otro acercamiento de paz con las Farc, y  mediante las cuales inician su expansión a lo largo y ancho del Territorio nacional . (Ver cuadro No 4)

Cuadro No  4 masacres de los paramilitares: MasacreDepartamentoFechaHonduras y la Negrazona bananera de Urabámarzo de 1988SegoviaAntioquianoviembre de 1988La RochelaSantander enero de 1989La mejor esquinaCórdobamarzo de 1988SimacotaSantanderenero de  1989Puerto BelloAntioquiaenero de 1990PaimeCundinamarcaseptiembre de 1990SoachaCundinamarcajunio de 1993PichillínSucrediciembre de 1996MapiripánMetajulio de 1997MirafloresGuaviareoctubre de 1997El AroAntioquiaoctubre de 1997TocaimaCundinamarcaNoviembre de 1997Puerto AlviraMetaNoviembre de 1998Santo DomingoAraucaDiciembre de 1998CurumaníCesarenero de 1999ApartadóAntioquiaenero de 1999La HormigaPutumayoenero de 1999TibúNorte de Santanderagosto de 1999CatatumboNorte de Santanderagosto de 1999AstreaCesarenero de 2000El saladoBolívarfebrero de 2000El TarraNorte de Santanderfebrero de 2000MacayepoBolívaroctubre de 2000GranadaAntioquianoviembre de 2000Sitio NuevoMagdalenanoviembre de 2000Ciénaga GrandeMagdalenanoviembre de 2000Carmen de BolívarBolívarabril de 2000ColosoSucremarzo de 2000Trojas CatacaMagdalenanoviembre de 2000El PeñolAntioquiaenero de 2001ChengueSucreenero de 2001CalimaValle del Caucaagosto de 2001BugaValle del Caucaoctubre de 2001BojayáChocómayo de 2002SegoviaAntioquiaagosto de 2002ValleduparCesardiciembre de 2002TierraltaCórdobamayo de 2003BuenaventuraValle del Caucajunio de 2003

Mediante estas acciones violentas los paramilitares se acentúan en estos lugares como la primera autoridad militar y civil, por lo que no es de extrañar que cualquier asunto debiera pasar por sus manos, pero además toda persona que tenía intenciones de realizar actividades proselitistas a su favor debía contar su aval.  Es así como a partir de  1998 quienes tenían aspiraciones políticas se dan a la tarea de tejer acuerdos con el fin de verse favorecidos por la intimidación armada que llevaban estos a cabo,  estableciendo pactos, algunos de los cuales quedaron escritos, más sin embargo a pesar de que en todos se buscaba el apoyo del proselitismo armado de las AUC, la contraprestación política era distinta.

Establecimiento de acuerdos entre el paramilitarismo y la clase política:

En noviembre de 2005, a través de un estudio realizado por Claudia López, publicado en  la Revista  Semana, Colombia supo que los paramilitares en el 2002, luego de sembrar el terror en algunas zonas del país, a través de incursiones armadas en su mayoría en los lugares mencionados en el cuadro anterior,  realizaron una estrategia que les permitió apoyar y  elegir no menos de la tercera parte de los congresistas.

Mediante este trabajo se  observó que en los sitios donde las autodefensas colombianas cometieron masacres, hubo  candidatos que en algunos casos se presentaban por primera vez a unas elecciones para congreso  obteniendo votaciones atípicas y algunos de los que repetían campaña crecían exageradamente en número de votos.

Con el estudio se comprobó lo que hasta el momento había sido un rumor que desde el año 2002 iba y venía en los medios de comunicación: “Los paramilitares estaban apoyando candidatos en las elecciones para senado y cámara”, y que tales apoyos los otorgaban luego de establecer acuerdos de los cuales el primero en conocerse fue el que se llevó a cabo en Santa Fe de Ralito.

El Pacto de Ralito  no fue el único que se llevó a cabo entre el paramilitarismo y algunos políticos locales y nacionales, con anterioridad se habían firmado otros en el nivel regional que les permitió capturar el poder local y entrelazarse con las elites regionales que se resistían a compartir el poder con una clase emergente. Estos hechos se fueron  conociendo en la medida en que se fueron dando las versiones libres y los organismos de seguridad e investigación realizaron algunas incautaciones como el computador de Jorge 40 y Don Antonio, en los que  encontraron información que permitió comprobar la penetración del paramilitarismo en el poder público local, la captura de las rentas regionales y su estrecha relación con el narcotráfico.

Ahora se sabe que estos pactos significaron mucho más que una estrategia de constreñimiento al elector y un cambio del mapa político. En las versiones libres de los jefes paramilitares en el marco de la ley de justicia y paz se ha dibujado un cuadro macabro: más de 21.000 asesinatos y desapariciones, cientos de secuestros y reclutamiento de menores, más de 3.200 fosas comunes identificadas, millones de desplazados. Es decir,  la captura del Estado en las regiones y la gran influencia en la política nacional,  se hizo sobre la base de una crisis humanitaria de proporciones gigantescas.  Ni las dictaduras del Cono Sur ni las guerras centroamericanas registran tamaña tragedia.

Los siguientes son algunos pactos entre políticos y paramilitares  que se han dado a conocer a la opinión pública:

1. Pacto de Ralito:

El Pacto de Ralito, es el nombre con el que se le conoce al pacto secreto, firmado en el año 2001 entre jefes de grupos paramilitares colombianos y más de cincuenta políticos de diferentes regiones del país, entre Senadores, Representantes, Concejales y Alcaldes para un proyecto político que prometía «refundar al país». La revelación de la existencia del documento constituyó uno de los episodios más sonados dentro del llamado escándalo de la Parapolítica.

El acuerdo se firmó en Córdoba en el 2001, por fuera del marco legal del proceso de paz que adelantaba el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Al darse a conocer en el 2006, se produjo un escándalo nacional que dejó como protagonistas a congresistas, en su mayoría uribistas, y permitió tener una prueba documental del alcance y penetración política de las AUC en las distintas instancias de la vida nacional y regional

Según investigaciones del diario «El Espectador», el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico.

Los políticos fueron convocados por Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las AUC; ‘Don Berna’, inspector general de las AUC, y ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de esa organización, para sellar un acuerdo que buscaba «refundar nuestra patria» y hacer «un nuevo contrato social».

La mayor parte de los políticos firmantes del documento y de los demás involucrados en el escándalo de la para-política son de departamentos que han sido azotados por la violencia, en los cuales algunos  luego de establecer dicho acuerdo logran un buen caudal electoral, mientras otros lo reafirmaron.

El 20 de marzo de 2007 el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, llamó a indagatoria a 20 políticos y un periodista firmantes del pacto. La Corte Suprema por su parte llamó a indagatoria a los  congresistas: José de los Santos Negrete, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, William Montes y Miguel de la Espriella, por el delito de concierto para delinquir. El 14 de mayo de 2007 la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra esos congresistas y la Fiscalía contra la ex representante Eleonora Pineda. Todos fueron acusados del delito de concierto para delinquir agravado, ya que existían indicios y pruebas sólidas que demostraban  que los firmantes se habían beneficiado políticamente del acuerdo y que lo habían suscrito voluntariamente.

Hasta el momento las decisiones judiciales respecto a los firmantes del Pacto de Ralito han dejado un rastro de incoherencia y casuística. Las investigaciones de William Montes y José de los Santos Negrette fueron precluidas con el argumento de que la sola firma no constituye delito alguno. Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda fueron condenados porque se comprobó que no sólo con la firma del pacto sino de otras maneras se beneficiaron electoralmente del accionar paramilitar. Reginaldo Montes y Juan Manuel López Cabrales se encuentran en la etapa de juicio. Es política y jurídicamente dudoso, además de grave, que se descarte como delito la suscripción de pactos y documentos, de manera clandestina, con una organización responsable de crímenes de narcotráfico y de lesa humanidad, con fines que interfieren la acción política y constitucional del Estado. El debate al respecto continúa en instancias nacionales y no se descarta que llegue hasta instancias internacionales.

1. Pacto de Chivolo:

En un allanamiento a una de las fincas de alias Jorge 40, comandante paramilitar del Bloque Norte, se encontraron varios documentos suscritos por éste con políticos locales y regionales. Uno de ellos fue el llamado Pacto de Chivolo, que se habría realizado el 28 de septiembre del 2000, al que asistieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a asambleas.

La reunión, realizada en el municipio de Chivolo en Magdalena, fue al parecer una ‘gran convención’ del movimiento regional ‘ Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida’, impulsado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. En el pacto quedó establecido que  ‘Provincia Unida’ apoyaría para la gobernación del Magdalena, en las elecciones locales del año 2000, al liberal y ex alcalde de Santa Marta, José Domingo Dávila Armenta. A la decisión se llegó mediante una votación de los participantes y candidatos del proyecto “Provincia Unida” en la que Dávila Armentó obtuvo 266 sufragios, el candidato José Alfredo Ordoñez 138 y 6 votos fueron anulados.

El manuscrito sirvió de base para la elaboración de un comunicado a la opinión pública del Magdalena, confirmando la creación del movimiento regional hecho por una ‘convención’ de representantes de 15 municipios. Uno de los compromisos adquiridos fue luchar porque la capital del departamento se traslade a uno de esos municipios.

Dávila Armenta fue electo gobernador del Magdalena en el 2000. Además del ganador a la gobernación de Magdalena, el Pacto de Chivolo escogió candidatos a la Asamblea Departamental y las Alcaldías y Concejos municipales de los municipios de Plato, Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón, que conforman más de la mitad de los municipios del departamento del Magdalena.  El experimento  electoral estaba tan bien conformado y organizado, que en esa fecha, septiembre de 2000, escogieron candidato a la alcaldía de Zapayán, municipio que fue creado después de suscrito el pacto.

De los 410 dirigentes políticos que suscribieron el acuerdo, a la fecha se adelanta investigación penal contra menos de 10, entre los cuales se encuentra Ricaurte José Ternera, entonces candidato al concejo de Sabanas de San Ángel y los ex diputados Edgar Manuel Castro, Fernando Jesús Mozo, Franklin Lozano y Jorge Vega Barrios.

1. Pacto del Magdalena o San Ángel:

En una operación del Gaula del Ejército en la finca Nueva Roma, en San Ángel, Magdalena entre los elementos personales de Darío Alberto Laíno Escopeta,  aliado de Jorge 40, se incautó un computador portátil y algunos documentos, entre los cuales, hallaron el original de un acuerdo político firmado en 2002 por aspirantes al Congreso con diputados y alcaldes del Magdalena, para hacer una «parcelación electoral» que les garantizaría una curul a por lo menos tres caciques de la Costa. En uno de los puntos, Castro se compromete a entregar 100 millones de pesos para la campaña de Maloof al Senado en el 2002.Como contraprestación, Maloof pediría una licencia y, así, le daría a Castro una ‘palomita’ de un año.

1. Pacto de Granada:

En marzo del año 2000 el Colegio La Inmaculada-Carrisola, de la vereda Nueva Granada, jurisdicción de Tierralta sirvió como escenario para lo que algún día se conocería como el Pacto de Granada mediante el cual Salvatore Mancuso decidiría quienes serían los tres próximos alcaldes del municipio de Tierralta.

1. Cumbre de Caramelo:

De este encuentro poco se sabe, la opinión pública pudo conocerlo mediante la publicación  del 24 de marzo de 2008 de la Revista Semana.com, en el que dice que  este encuentro se dio entre jefes de las AUC con políticos que ya tienen procesos judiciales por parapolítica, bien sea de manera preliminar o formal.

Con el titular La cumbre de Caramelo, la revista semana,  da cuenta de lo dicho por Rocío Arias, quien dio a conocer los pormenores de esta reunión de la que no quedó documento firmado.[1]