Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Gustavo Petro quiere avanzar de manera rápida y segura en la construcción de la paz total en Colombia. Sabe que cuenta con tan solo cuatro años –como presidente de la República– para avanzar en el objetivo de conseguir el monopolio de la violencia, a través de firmar la paz con el ELN y el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales.
De allí que en las primeras semanas ha realizado una serie de tareas necesarias y convenientes, como la de abrir las puertas para una negociación política con el ELN, visitando al opositor político en Cuba y ofreciéndole un reinicio de los diálogos de paz, o realizando una serie de cambios en varias organizaciones del Estado, en especial, en la fuerza pública.
Como Jefe de Estado, renovó la cúpula militar –fueron 64 los altos oficiales removidos– en un acto público en la Escuela de Cadetes del Norte de Bogotá. Nombró a Iván Velásquez como ministro de defensa, a Herder Giraldo Bonilla como comandante de las Fuerzas Militares, a Luis Mauricio Ospina como comandante del Ejército Nacional y a Francisco Hernando Cubides como comandante de la Armada. Todos ellos, personas con una sólida formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Además, le estableció a las Fuerzas Militares nuevas tareas. Les dijo a los 228 mil militares y 172 mil policías que el país necesita un cambio en hábitos y costumbres. Les propuso como reto transformar su mentalidad para que actúen bajo un enfoque de defensa y protección de los derechos humanos, así como de la paz.
Con ello, el gobierno Petro busca distanciarse de la mentalidad guerrerista que primó durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque; en los que la fuerza pública se guiaba por la política de Seguridad Democrática y la doctrina del enemigo interno.
Esto no significa que Petro quiera arrancar de cero o no reconocer los cambios acumulados por las Fuerzas Militares durante la última década. Por el contrario, sabe que son muchos los esfuerzos que se hicieron entre 2011 y 2018 en el Ejército Nacional, y quiere recuperarlos.
En un trabajo que publiqué hace un par de años con una colega de la Universidad de Antioquia, mostramos cómo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón –justo cuando se avanzaba en el proceso de paz con las FARC-EP y el ELN–, el Ejército introdujo una serie de cambios para transformarse y enfrentar los retos del posconflicto.
Fue un proceso de reflexión interno e independiente en el que el Ejército propuso una serie de cambios estructurales y de modernización. En 2011, por ejemplo, creó el Comando de Transformación del Ejército Futuro (COTEF), encargado de realizar una reorganización de funciones en la organización administrativa interna, con nuevos planes militares y con una concepción ideológica del adversario político, llamado Doctrina Damasco.
Entre los planes estuvieron el Plan Campaña Espada de Honor, que cumplió el papel de fase preparatoria para un escenario de negociación con las FARC-EP. También, el Plan Victoria, diseñado para seguir combatiendo la ilegalidad de diferentes grupos en el país, pero, sobre todo, para la consolidación y estabilización del Acuerdo Final y dar garantías a lo acordado.
Al igual que dos planes más: el Plan Estratégico Militar 2030, en el que se proyectó la construcción de una paz estable y duradera. Y el Plan Minerva, cuya apuesta la pusieron en el desarrollo académico y la cualificación de los miembros de las Fuerzas Militares para poder capitalizar sus experiencias.
Este último plan buscó fortalecer la formación académica de su personal y la nueva formación doctrinaria, enviando miembros del Ejército a realizar estudios académicos –tanto en el país como en el exterior– con el propósito de lograr una formación complementaria a la formación militar, que hiciera posible enfrentar el escenario del posacuerdo.
En breve, el Ejército Nacional realizó una serie de esfuerzos internos con el objetivo de realizar cambios organizativos e institucionales para afrontar las nuevas realidades del país. Realidades que ya no estaban limitadas a la intervención con las armas para enfrentar al enemigo sino a atender el posconflicto.
Sin embargo, como se dijo, al llegar el gobierno de Iván Duque la mayoría de estas transformaciones se pararon. De nuevo, durante el gobierno de la Paz con Legalidad se volvió al viejo esquema de Seguridad Democrática, de enemigo interno y de militarización de los territorios; lo que trajo como consecuencia los conocidos abusos de poder de la fuerza pública y afectaciones a la sociedad civil.
Lo que buscará el gobierno Petro, tal como lo viene diciendo en sus discursos, es retomar la dinámica que se tenía de transformar el Ejército y la Policía. Que de nuevo estos organismos de seguridad se piensen frente al país y construyan valores éticos de cuidado de la vida y de defensa de los derechos humanos. Que diseñen estrategias de control territorial y de lucha contra las organizaciones criminales, pero con un nuevo relacionamiento con la sociedad civil.
En síntesis, lo que propone el nuevo gobierno –a la segunda Fuerza Pública más grande de América Latina luego de Brasil– es un cambio de software y no de hardware. Cambios en la mentalidad, en los hábitos y conductas, y en el relacionamiento con la ciudadanía. Unas fuerzas armadas que supriman esa vieja idea del enemigo interno y que llegue el enfoque de los derechos, las libertades de la gente y la paz. Asumiendo un papel protagónico frente al cuidado de la vida, tanto la humana como la del medio ambiente.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.