UN CONTRAPESO AL FRAUDE: LAS BUENAS ACCIONES DE MINENERGÍA

Por: Lizeth Serrato Contreras

El reciente anuncio del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmando que se ha identificado una “mafia en la asignación de puntos de conexión”, marca un punto de quiebre en la gestión del sistema energético colombiano y pone en tela de juicio, otra vez, a este complejo sector. Al momento en que Palma revela que hay actores funcionando al margen de la ley, con influencias ilegítimas sobre la distribución de permisos de conexión a la red eléctrica, se exponen preocupaciones profundas en torno a la transparencia, la eficiencia y la confianza ciudadana en los que deberían ser vigías impenetrables de la energía en el país.

Bajo un sistema regulador que pretende servir de forma equitativa a generadores de energía, la participación de intermediarios poco claros, incluso corruptos,  altera el proceso; cuando se habla de mafia, no se refiere a una estructura criminal tradicional, sino a canales informales que distorsionan las reglas del juego técnico y administrativo. Pero, ¿cómo impacta esta noticia a los renovables del país? Colombia está inmersa en una Transición hacia una matriz más sostenible, con impulso al gas, la conectividad y las energías limpias. La asignación justa de puntos de conexión es clave: sin ellos, las energías renovables, las micro-redes comunitarias o los proyectos quedan atados de manos.

Además, este tipo de prácticas alimenta la desconfianza ciudadana en el sector público. Una entidad creada para fiscalizar y adjudicar se convierte, presuntamente, en el escenario de negociaciones ocultas. El mensaje que comunica esto es aturdidor: Si no tienes relaciones, palancas o dinero extra, tendrás que hacer la fila para conectarte. Atroz.  

Paradójicamente, la exposición del problema puede convertirse en una oportunidad. Cuando las autoridades reconocen la existencia de captura en un aspecto técnico —como el punto de conexión—, hay margen para reconstruir la confianza y que hacerlo con acciones contundentes no solo fortalecería los proyectos de energía, sino también el ánimo ciudadano.

Por ello, en respuesta a este escenario desalentador surge la necesidad de promover y presentar un sector eficiente y transparente que avance en la solicitudes de puntos de conexión del Sistema interconectado Nacional (SIN), necesidad que es atendida, según el Ministerio de Minas y Energía, con la conformación del Comité Técnico Interinstitucional integrado por la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el actual ministerio bajo el comando de Palma.

El principal objetivo de este gran Comité será elaborar una nueva resolución que actualice la normatividad vigente y recopile las mejoras que deben atenderse y que son necesarias dentro del régimen actual; esto con el propósito de fortalecer los lineamientos de política pública para la asignación de puntos en el Sistema Interconectado Nacional.

Lo anterior busca avanzar de la mano con la transparencia y estará abierta para los diferentes sectores de la sociedad para que pueda darse un proceso cercano bajo la observación y los aportes de todos y todas a los que la energía y su manejo sea un aspecto de interés; se estima que esto pueda darse a finales de julio del año en curso.

Ahora, el reto es convertir la crisis en caso paradigmático de transformación profunda. Digitalización, control, participación activa y sanciones reales pueden convertir este escándalo en el inicio de una restructuración sólida del sistema energético. De lo contrario, habremos perdido una oportunidad mayúscula de sanear un sector demasiado estratégico en Colombia.