Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Los temas económicos vienen recuperando protagonismo en las elecciones a la Presidencia de la República en Colombia. La gente demanda que los aspirantes a tomar el timonel del país se ocupen, cada vez más, de los asuntos cuasi-olvidados de la economía, como el empleo, la inflación, la pobreza o la desigualdad.
Durante casi tres décadas, debido al intenso conflicto armado interno, hasta el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, fue clara la predilección de la ciudadanía por temas de orden público y seguridad. Pero a causa de la desmovilización de las FARC-EP y la desescalada del conflicto, la presión del electorado por la seguridad ha menguado.
En su lugar, el deterioro económico acumulado durante décadas –causado por las privatizaciones y desregulaciones del modelo de mercado– ha provocado que la agenda política comience a cambiar. Desde las elecciones de 2018 ha empezado a imponerse, entre quienes se disponen a votar, el interés por los asuntos económicos.
La ciudadanía ve con preocupación cómo el fantasma de la estanflación –inflación alta con desempleo– vuelve a aparecer. Cómo las posibilidades de conseguir empleo para los jóvenes están cada vez más lejanas. A la ciudadanía le asusta observar cómo los trabajos de sus jefes de hogar pierden calidad y se aumentan los empleos informales y el subempleo.
La gente demanda a los candidatos que atiendan de forma prioritaria la maltrecha economía familiar. Quieren que los candidatos a la Presidencia les hablen de programas de empleo, reformas al régimen pensional o al sistema de salud.
Desean que vuelvan los créditos baratos para vivienda, que los salarios sean los suficientes para comprar los alimentos y cubrir las necesidades básicas, y que los jóvenes puedan conseguir empleo de manera más fácil o estudiar.
Demandas que, por supuesto, son todas válidas, apropiadas y lógicas. Pues tenemos un país con una población que, en su mayoría –más del 80%–, vive de un salario mínimo; un salario que ha perdido, en menos de seis meses, el “escandaloso” incremento del 10% que se dio en enero de 2022.
Una economía que lleva acumulando, por más de cuatro décadas, altas tasas de desigualdad y pobreza. Somos la segunda más desigual del continente –luego de Haití– y sufrimos de una pobreza monetaria superior al 40% de la población, es decir, más de 20 millones de personas no tienen con qué suplir sus necesidades esenciales.
También, una economía con una tasa de desempleo bastante alta, en especial entre las mujeres jóvenes, que llega casi a la mitad de la población, si le sumamos las que no estudian. Un desempleo que juega un papel determinante en la vida, en la felicidad de las personas y en la posibilidad de conseguir por sus propios medios una vida buena.
Y, finalmente, un largo período inflacionario, que genera que el dinero alcance, cada vez menos, para comprar lo necesario y útil, en especial en el componente de los alimentos, que incide directamente en el aumento de la pobreza de los hogares. Una situación que, unida a los efectos de la pandemia, deja como resultado un país en el que más de la mitad de la población está en riesgo de sufrir de hambre.
Todos estos fenómenos han logrado crear un consenso entre los votantes: que se requieren cambios económicos y sociales importantes. Y a demandar el regreso de un Estado que intervenga en la seguridad social y en la protección de las familias, y que reduzca la inflación y el desempleo.
Incluso, el aparente interés que la gente manifiesta por el problema de la corrupción tiene de trasfondo el deseo de que se inviertan bien los dineros del Estado, para que se mejoren la inversión social y el empleo, evitando el despilfarro en la contratación pública y aumentando la producción y la riqueza social.
Una población que salió a apoyar en 2018, con más de ocho millones de votos, aquellas propuestas que insistían en democratizar la economía y cambiar las demandas sociales de seguridad por empleo y renta básica. Configurando nuevamente a lo económico como determinante a la hora de elegir el mandatario a la Presidencia en este 2022.
En síntesis, Colombia está cambiando de preferencias temáticas en las elecciones políticas. Ahora evalúa con más detenimiento los resultados del país en materia macroeconómica y se deja influenciar cada vez menos por orientaciones ideológicas y de seguridad.
La ciudadanía ahora sabe que temas como el empleo o la inflación afectan más directamente su vida, su capacidad de adquisición de bienes y servicios, y el bienestar particular y general de la nación.
De allí que, en esta segunda vuelta a la Presidencia –al igual que en las próximas elecciones–, pesarán más las propuestas económicas. Se apoyará con más fuerza a aquellos candidatos que atiendan los asuntos económicos, que en esta ocasión son la inflación y el desempleo.
En breve, el país está tomando con mayor seriedad los temas económicos, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la transición energética y las reformas pensionales, que evidencian una madurez en la ciudadanía, una preocupación por temas esenciales que afectan nuestra vida privada y comunitaria.
* Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.