Por: Laura Cano y Sergio Saavedra. Periodistas Pares.
Desde hace aproximadamente un mes un grupo de casi 15 personas – que al principio eran alrededor de 100- permanece al frente del Ministerio de Vivienda exigiendo que se les respete su derecho a la vivienda digna, pues estas familias son la radiografía de una de las problemáticas que la pandemia ha acentuado: las condiciones de habitabilidad, pues, vale la pena señalar, que durante este año el DANE informó que para el 2018 de los casi 50 millones de personas que habitan en Colombia, 18.2 millones no cuentan con vivienda digna.
Esta situación viene determinada por factores cuantitativos y cualitativos; es decir, este total de personas están viviendo en casas sin servicios públicos o hechas de tejas, plásticos o madera, además con situaciones de hacinamiento no mitigables. A esto se suma que 19.000 familias viven en cambuches, carpas o debajo de puentes.
Este panorama muestra que no es en vano que este grupo de personas en un acto de resistencia no se muevan de esta zona de Bogotá hasta que la Alcaldía de la capital, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda le den respuestas eficaces a este grupo de personas, en donde vale la pena nombrar, hay menores de edad, personas de la tercera edad y algunos/as permanecen allí en condiciones de enfermedad.
“Aquí le estamos haciendo una solicitud al Gobierno para que nos tenga en cuenta. Estamos ya hace un mes acá tirados en el piso pasándola mal; con hambre, frío. Yo le pido a Duque que nos ayude, que nos colabore. No tenemos dónde vivir, necesitamos vivienda digna”, dijo Jeison Muñoz Torres, quien permanece en el campamento.
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¿Cómo ha transcurrido el campamento?
Hay que iniciar diciendo que en el mes que llevan estas familias al frente del Ministerio de Vivienda han sido varios atropellos los que la comunidad denuncia. Por una parte, se contó cómo mientas estaban encadenados/as frente a la institución miembros de la Policía llegaron altas horas de la noche a quitarles de allí de forma violenta, incluso nombran que una bandera del país que tenían allí simbólicamente fue destruida.
Asimismo, hacen también mención de que durante este tiempo los apoyos les han sido restringidos, cuentan que la ayuda logística que se les daba para poder tener agua les fue cancelada por, como comentan, orden de la Alcaldía: “Cuando llegamos acá en parqueaderos y cerca al centro comercial nos colaboraban, luego las mismas entidades fueron y prohibieron que nos dieran agua, por lo que nos tocó, incluso sin dinero, comenzar a comprar agua. A la Alcaldía le hemos pedido que nos ayude por lo menos con un baño, pero nada”, agregó Jeison Muñoz Torres.
A esto se suma que se resaltó que hasta la fecha no se ha dado un dialogo efectivo con ninguna de las instituciones, aunque en la zona hacen presencia gestores de convivencia de la Alcaldía y Policías, que además días atrás comenzaron a llegar con perros, acentuando el escenario de miedo y represión.
“No han sido capaces de venir a hablar con nosotros. Nos tienen aquí, no nos ponen atención. El único que ha venido es el personero. Con todo esto los efectos es que no tenemos ni siquiera dónde bañarnos. A mi compañera le tienen los hijos en Bienestar Familiar porque, como le dijo una trabajadora de la Defensoría, hasta que ella no tenga una vivienda digna no le pueden entregar a los niños”, contó Aída Cuero, manifestante.
En ese sentido, desde el campamento también se ha solicitado presencia de personal de la Secretaría de Salud, pues al menos dos personas de las que allí se encuentran alertan que están en condiciones complicadas de salud.
Igualmente, durante este tiempo ha sido constante la presencia de uniformados en la zona, incluso un día de escribir esta nota – el martes en la noche -, quienes se encuentran en la zona denunciaron a Pares que al encontrarse arreglando los cambuches donde se están quedando, miembros de la Policía llegaron, además de los que ya hay normalmente, a pedirles que no siguieran con dicho trabajo, al no ceder con la solicitud los uniformados hicieron presencia con patrullas generando un ambiente de zozobra hasta alrededor de las 11 de la noche.
Tras esto se sigue insistiendo en la presencia de la institucionalidad para generar un diálogo participativo y efectivo, pues hasta el 07 de octubre en la tarde nadie ha hecho presencia en la zona para proponer soluciones que efectivamente beneficien y garanticen la vivienda para estas personas, que, además, en su mayoría están en Bogotá como víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado.
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¿Qué ha dicho el Gobierno?
Según lo informado en la emisora La FM el 14 de septiembre, hace ya 23 días, el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda se había comprometido a acompañar a estas personas manifestantes, asimismo, se había establecido «la posibilidad de participar en el programa ‘Semillero de Propietarios’, dirigido a los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Este programa les daría acceso a un arriendo solidario y la posibilidad de recibir el subsidio de vivienda de Mi Casa Ya”.
Lo anterior argumentando que en Bogotá no hay programa alguno de vivienda gratuita por parte de las autoridades nacionales o distritales: «Actualmente el Gobierno Nacional no tiene un programa de viviendas gratis vigente en Bogotá. Adicionalmente, en la capital del país tampoco hay proyectos de vivienda gratuita disponibles ni en ejecución», añadió ese Ministerio.
Por su parte desde el campamento Aída Cuero aseveró: “Llevamos muchos años en estas esperando, de pasar derechos de petición exigiendo que nos garanticen un derecho que tenemos. Nos piden un cierre financiero y se los damos para que ellos hagan los enlaces, crucen la información y nos digan si somos beneficiarios, pero en este momento lo que salen a decir es que no tienen viviendas, ya luego que nos han tenido de un lado para el otro”.
Con todo esto es válido cuestionarse cuáles son los proyectos que se tienen desde la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional para procurar que el déficit habitacional no siga aumentado, pero también para cumplirle a las personas que por años han estado esperando que se les garantice su derecho a la vivienda digna, no es posible que la respuesta sea que no hay proyectos cuando en el país se adelantan inversiones de, al menos, $3.350 millones en pauta digital, y más recientemente de $11.000 millones de pesos para fortalecer el ESMAD, entre otros.
Las personas siguen exigiendo vivienda con actos de resistencia no solo se han visto, como ahora, al frente del Ministerio de Vivienda, sino también en zonas periféricas y populares como lo ocurrido en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, Bogotá, en donde la primera respuesta para las solicitudes que hacia la gente fue reprimir y abusar de la fuerza del Esmad. Situación similar ocurrió en La Viga (Cali), Pance (Cali) y Soacha (Cundinamarca), donde incluso en medio de este escenario de desalojo fue asesinado el joven de 15 años Duván Mateo Aldana Álvarez.