Por: Laura Cano, periodista Pares.
El primer mes del año está próximo a terminar. Con él ha quedado un mal augurio de lo que serán los tiempos venideros para la implementación de lo acordado en La Habana por parte del gobierno nacional. Por una parte, varias regiones del país volvieron a ser el foco de enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control de los territorios. Esto, mientras el gobierno brinda poca atención a los mismos, o da soluciones como militarizar las zonas, lo cual ha agudizado los escenarios de violencia y la desprotección a las poblaciones civiles. Sin embargo, sabemos que la implementación del Acuerdo de Paz es el camino y la clave para resolver, principalmente, los problemas de violencia en las regiones.
A esto, se le agrega el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, que en este mes ha registrado 10 casos divididos en los siguientes departamentos: Huila (2), Cauca (2), Norte de Santander (2), Córdoba (1), Cesar (1), Chocó (1) y Putumayo (1).
Asimismo, y debilitando más la posibilidad de una paz estable y duradera, las garantías de protección para quienes dejaron las armas tras el Proceso de Paz y han acogido lo establecido allí para la reincorporación, el esclarecimiento de los hechos de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y la búsqueda de medidas para la reparación, han sido puestas de lado, dejando un saldo de cinco (5) excombatientes asesinados en este mes: Benjamín Banguera González (01 de enero. Guapi, Cauca), Crescencio Santos (12 de enero. Quibdó, Chocó), Hober Arias Giraldo (15 de enero. Dabeida, Antioquia), Jhon Freddy Vargas Rojas (25 de enero. Pitalito, Hulia) y Darío Herrera (28 de enero. Ituango, Antioquia).
Justamente, este último caso se conoció poco después que en medio del Foro Colombia 2020, la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se refiriera al Proceso de Paz como un proceso “semifallido”, haciendo énfasis en que esto no se debía a acciones del Gobierno, que, según su intervención, ha respetado la institucionalidad, sino por “culpa de las Farc”.
Las palabras de la ministra, un riesgo a lo pactado
A finales de 2019 la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas comunicó que ese año había sido el más violento para los desmovilizados de la antigua guerrilla, registrando 77 asesinatos. Esto precedido por 65 homicidios en 2018 y 31 en 2017. Es decir, al día de hoy, 178 casos.
Si bien este número debería alertar al Gobierno Nacional para tomar medidas que respalden de forma efectiva las garantías de seguridad de quienes están comprometidos con lo acordado, hay otra realidad, y es que incluso con las cifras y los hechos que se han registrado en lo corrido del año, no hay respuestas que den medianamente tranquilidad a los excombatientes, a los líderes y lideresas sociales y a la población civil.
Al contrario, lo que ha salido a decir la vocera del Gobierno son palabras que ponen en riesgo lo que desde los diálogos se ha venido construyendo para la consolidación de lo pactado. Esto muestra un desvío del debate acerca del contexto social que vive el país, validando los pocos avances que se han dado con el Acuerdo de Paz, legitimando las culpas solo de un lado y no reconociendo la inoperancia que ha resaltado en cuanto a la implementación desde la posesión de Iván Duque.