Por: Solange Bonilla Valencia. Investigadora Oficina Pares – Pacífico.
El Capítulo Étnico es el resultado del trabajo mancomunado de los pueblos étnicos por el reconocimiento en la mesa de conversaciones de las victimizaciones diferenciadas que padecieron por parte de los grupos armados, tanto legales como ilegales, en el marco del conflicto armado colombiano. Este esfuerzo marca un precedente en los pactos de paz en el país y en el mundo: es el único que ha exigido que la implementación de todo lo pactado cuente con la participación de las poblaciones étnicas y que se garantice el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, teniendo en cuenta sus intereses y cosmovisiones.
Desde el 12 de agosto de 2012 fecha en que inició la fase pública de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en la Habana, un conjunto de organizaciones nacionales representativas de pueblos indígenas y negros, afros, raizales y palenqueros – NARP exigieron su participación en la mesa con el fin de salvaguardar sus derechos en el proceso de negociación y en la implementación de lo pactado.
Para lograr este objetivo, conformaron la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales; empero, esta Comisión solo tuvo acceso a la mesa hasta febrero de 2016, es decir, cuatro años después de iniciado el proceso.
Los días 26 y 27 de junio de 2016, la Comisión Étnica en una audiencia pública que durante meses solicitó a las partes, expuso las múltiples afectaciones que los pueblos étnicos sufrieron en el marco del conflicto armado y la necesidad de que el enfoque étnico estuviera presente en la arquitectura del Acuerdo y en su implementación.
Esta jornada brindó insumos importantes para el diseño del Capítulo Étnico que hoy reposa en el numeral 6.2 del Acuerdo de Paz, el cual fue incluido horas antes de su suscripción tras arduas discusiones con los representantes del gobierno.
En el Capítulo Étnico, el gobierno y la ex insurgencia reconocen que los pueblos indígenas y NARP han contribuido a la construcción de la paz y al desarrollo económico y social del país; además, que han sufrido condiciones históricas de injusticia a causa del colonialismo, la esclavización, la discriminación, y la desposesión de sus tierras y territorios. Y, en el caso del conflicto armado, reconocen que fueron las principales víctimas, por tanto, es imperativo que sean reparadas y protegidas para que no sufran nuevamente el flagelo de la guerra.
Sin embargo, hoy después de tres años de la firma del Acuerdo de Paz y pasado un año de la llegada de Iván Duque a la presidencia, los avances en los compromisos pactados, tanto a nivel general del acuerdo como en el tema del enfoque étnico, van a paso lento.
Hacia el nuevo campo colombiano
El eje que más ha avanzado del Punto 1 es la construcción de los PATR, es decir, la fase de planeación de los PDET, una serie de planes y programas a desarrollarse en un periodo de 10 años en los 170 municipios que constituyen las 16 subregiones priorizadas en el Acuerdo.
En el diseño de los PATR los pueblos étnicos tuvieron una fuerte incidencia, debido a que quince de los dieciséis PDET se encuentran en territorios predominantemente indígenas y afros, como es el caso de: Pacífico Medio; Alto Patía y Norte del Cauca; Pacífico y Frontera Nariñense; y Chocó.
Los PATR crearon múltiples expectativas en las comunidades étnicas y rurales del país, debido al anhelo de por fin contar con los bienes y servicios básicos que por décadas el Estado les adeuda. Sin embargo, hoy a dos años de la construcción de los primeros PATR la ejecución se encuentra estancada.
Manuel Bernardo Pinilla, funcionario de la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos, señala que:
La Defensoría destaca el esfuerzo que hizo el gobierno para hacer un proceso participativo con las organizaciones en la fase de formulación, que es la fase más fácil en donde la gente tira corriente y plantea necesidades; pero nos preocupa qué va a pasar a partir de ahora, porque ya pasaron dos años de la terminación de los primeros PDET y no hay mucha información en los territorios; además, preocupa la poca asignación de dineros para tierras de pueblos y comunidades étnicas, y la participación de estás en la implementación (Entrevista a Manuel Bernardo Pinilla, Defensoría Delegada para Grupos Étnicos, octubre de 2019).
A las dificultades presupuestarias, se suma la falta de coordinación entre diferentes entidades públicas en materia de rutas de acción y de priorización de los presupuestos para la ejecución de los PATR. Por ejemplo, entre el Ministerio de Educación y la ART, ya que la mayoría de las propuestas de los PATR son de carácter educativo.
La participación política
El Instituto Kroc en la última versión del tercer informe sobre implementación del Acuerdo, señala que el Punto 2 “ha avanzado en algunos elementos como el Estatuto de Oposición, la participación directa de las FARC en el Congreso y algunos mecanismos de participación ciudadana como los Consejos Nacionales y Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia” (2019, p. 4).
Sin embargo, preocupan los tropiezos que ha tenido la mayoría de las medidas que buscan garantizar la movilización y la protesta social –especialmente en la coyuntura actual de Paro Nacional-. El tema de la protesta social es de especial importancia para los pueblos étnicos ya que sus movilizaciones suelen ser estigmatizadas y acusadas de estar infiltradas por grupos armados ilegales.
De igual manera, inquieta la no aprobación de las 16 Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz –tema que revivió en la última semana con la polémica propuesta de Duque de realizar una reforma constitucional, en la que los partidos cedan algunos escaños a las víctimas en la Cámara de Representantes- y de la reforma política electoral en el Congreso cuyo objetivo era la apertura democrática, garantizar la financiación en igualdad de condiciones, promover la participación de las mujeres, entre otras propuestas.
El tema de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz despertó grandes expectativas en los pueblos étnicos y su rechazo en el Congreso se ha interpretado como un claro ejemplo de la histórica discriminación y segregación que viven las comunidades campesinas y étnicas apartadas de los centros de poder del país (Entrevista a Javier Betancourt, Secretaría Técnica de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, octubre de 2019).
La implementación del Punto 2 no demanda tanta asignación presupuestal como sí sucede con otros puntos del Acuerdo de Paz; en otras palabras, su cumplimiento radica más en la voluntad política del gobierno nacional para construir consensos con diversas fuerzas políticas del país y de comprometerse realmente con la implementación.
Sin embargo, como bien sabemos el Partido Centro Democrático al cual pertenece y rinde cuentas el presidente Iván Duque, fue un fehaciente opositor al proceso de paz y ahora representa uno de los principales obstáculos en la aprobación de la normatividad para la implementación.
Reincorporación y garantías de seguridad
El Punto 3 es el que más ha avanzado en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz, el Instituto Kroc (2019) señala que 45% de los temas pactados se encuentra en etapa completa, estos refieren especialmente a la etapa de cese al fuego, acantonamiento de tropas, dejación de armas y constitución de las ZVNT.
En etapa intermedia se encuentra el 17% de lo pactado, lo que atañe a reincorporación socioeconómica y política, y de menores de edad. Mientras que el 18%, no presenta avances significativos o no ha arrancado, aquí se encuentran todos los temas de garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales.
Este último tema, es uno de los retos más grandes que tiene el gobierno de Duque, debido a que en los últimos dos años han aumentado exponencialmente los asesinatos selectivos y las amenazas a líderes, lideresas, defensores y defensoras de DD.HH. que trabajan en temas como la implementación del Acuerdo de Paz, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito y los sistemas de protección colectiva y de justicia propia, la guardia indígena y la guardia cimarrona.
Lo alarmante de estos asesinatos es que generan fuertes impactos a nivel comunitario que socavan el tejido social y construyen un ambiente generalizado de zozobra el cual limita el ejercicio político y de defensa de DDHH. Según cifras del SIPARES desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 23 de septiembre de 2019, 299 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en el territorio nacional.
Las regiones más afectadas son: Tumaco, centro y norte del Cauca, sur del Valle, Antioquia, sur de Córdoba, Catatumbo y la frontera con Venezuela. El departamento del Cauca registra 51 homicidios y Antioquia, 46.
Ante este panorama, es necesario que el gobierno nacional implemente una estrategia integral que ataque los principales factores de victimización en las subregiones tales como: los GAO y GAOR; las economías ilegales, en particular el narcotráfico y la minería ilegal; la inequidad y la pobreza extrema; y la corrupción.
En el caso específico de los territorios étnicos, es indispensable aplicar los enfoques de género y étnico dentro de las medidas de seguridad, así como construir con las comunidades estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios (Misión de Verificación de la ONU, 2019).
Justicia Especial para la Paz
La Justicia Especial para la Paz – JEP, ha hecho una gran apuesta por la inclusión del enfoque étnico en la institución y en las medidas que adopta en aras de garantizar la participación y respetar la autonomía de los pueblos étnicos. Lo anterior se refleja en la creación de la Comisión Étnica y Racial que busca generar diálogos permanentes con las justicias propias de los pueblos indígenas, garantizar una correcta puesta en funcionamiento del enfoque étnico y evidenciar las afectaciones diferenciadas sufridas durante el conflicto.
Igualmente, se reconoce la labor que ha adelantado la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas en la definición de los sietes casos priorizados sobre violaciones a los derechos humanos y el DIH en el marco del conflicto. Entre estos, se destacan por su incidencia en territorios étnicos: el Caso 002, en relación a la situación humanitaria de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño; el Caso 004, sobre la situación humanitaria en Urabá; y el Caso 005, que analiza las victimizaciones a las comunidades en el Norte del Cauca.
No obstante, preocupa el recorte presupuestal que el gobierno de Duque está haciendo a todo el SIVJRNR, ya que afecta las investigación de los casos priorizados y el funcionamiento de todo el sistema. Estos casos han despertado muchas expectativas en los territorios y su efectivo desarrollo es un deber con las víctimas.