Un balance de las medidas de Duque frente al COVID-19

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.


Según el último informe de investigación de Pares Análisis de las medidas del Gobierno Nacional frente al COVID-19, el 6 de marzo de 2020 se presentó el primer caso de Covid-19 en Colombia. Debido a esta realidad, el Gobierno Nacional comenzó a implementar medidas para la contención del virus y el funcionamiento del país bajo esta coyuntura. Hasta el 17 de abril el gobierno implementó 271 medidas, de las cuales 32 fueron decretos ordinarios, 79 decretos legislativos, 41 circulares, dos boletines, nueve directivas ministeriales , una directiva presidencial y 55 resoluciones.


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Del total de estas medidas 114 están dirigidas a la población general, dentro de las cuales se incluye el aislamiento obligatorio, el cierre de aeropuertos y terminales, lineamientos para el trabajo desde las Tecnologías de información y comunicación (TIC´s), manejo de áreas comunes en propiedades horizontales, 95 medidas están destinadas a población específica, de estas medidas 38 están dirigidas a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, grupos étnicos, población carcelaria y personas en situación de pobreza, es decir población vulnerable, 47 medidas han sido destinadas a empresarios, 54 medidas han sido expedidas para entidades públicas y 11 de estas están destinadas a entes territoriales.


Para las medidas de las empresas se destinaron 70 billones en garantías para otorgar créditos, mientras que para las medidas de alivio para la población vulnerable de destinaron aproximadamente 5 billones de pesos, de los cuales 1.174.656.192.000 corresponden a giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción, Colombia mayor e ingreso solidario.


¿Han funcionado las medidas?


El 11 de febrero se adoptó la primera circular, la cual anunciaba “Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019- ncov) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo” , esta medida determinó que los entes territoriales debían implementar los planes y los actores privados del sistema de salud debían garantizar la atención de pacientes con enfermedad respiratoria aguda, el testeo para posibles casos positivos y los elementos de protección para el personal que preste la atención y las pruebas.


El 17 de marzo inició la etapa de contención. El gobierno declaró estado de emergencia social, económica y ambiental, ese día se dio el primer choque entre los entes territoriales y el gobierno nacional, lo cual llevó al gobierno nacional a decretar la prevalencia de las medidas de control del orden público a nivel nacional el 18 de marzo, ese mismo día se tomó la determinación de cerrar los establecimientos comerciales, de esparcimiento y diversión.


El 20 de marzo se tomó la decisión de suspender el traslado regular de pasajeros por vía aérea desde el exterior, incluidos los nacionales y residentes en Colombia que quedaron varados en países extranjeros, y se anunció que a partir del día 25 de marzo y hasta el 13 de abril se decretaría el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional y la suspensión, mientras durara el aislamiento, del traslado de pasajeros a nivel nacional.


Para asegurar que el aislamiento fuera exitoso, el Gobierno decretó medidas frente a los servicios de telecomunicaciones los cuales fueron declarados servicios públicos esenciales, al igual que los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales.


Esta medida prohíbe la suspensión de servicios por impago de hasta 30 días y de suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio y, por el otro, la flexibilización de la calidad en la prestación de los servicios.

El 18 de marzo se adoptó un decreto que impide el alza en las tarifas del agua, y obligaba a la reconexión de servicios a los usuarios que se encontraban en mora.


Alivios a la población en general


Para brindar alivio económico a la población general, además del congelamiento de tarifas de agua y el pago diferido de los servicios públicos de abril y mayo a 24 meses, se dispuso la prohibición de desalojo de arrendatarios hasta el 30 de junio y el impedimento para cobrar intereses por moras en los pagos; el otorgamiento de períodos de gracia para los créditos de leasing e hipotecarios.


También se tomaron medidas para evitar el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, incluyendo los elementos médicos para el tratamiento del Covid-19, se levantaron los aranceles para la importación de material médico y se flexibilizaron los requisitos en el Invima para la producción nacional y para la importación.


Además, se prohibió la exportación de los elementos médicos, se lanzó un programa del ministerio de las TIC para formar un grupo de investigación para suplir los requerimientos durante esta crisis, y se anunció la adquisición de 1.500 respiradores. En el caso de los alimentos se fijaron medidas para evitar el acaparamiento y el aumento injustificado de precios.


Frente a estas medidas se ha comprobado que su implementación resulta limitada, se han presentado diferentes denuncias ciudadanas por el incumplimiento de protocolos, acaparamiento de productos, incumplimientos de las entidades financieras de las condiciones establecidas por el Gobierno para los periodos de gracia de los créditos y los intereses, cortes de los servicios de telecomunicaciones a usuarios con mora de apenas un día, coacción a los empleados para tomar licencias no remuneradas, entre otros.


Además de esto los aspectos en relación con la salud como la atención a pacientes, pruebas y protección al personal médico están en manos de las ARL y las EPS, debido a que la naturaleza de estas entidades al ser comercial no busca el interés general, debido a esto la atención durante la crisis podría verse afectada ya que el criterio se puede centrar en las ganancias y no en la disminución de muertes o contagios.


La población vulnerable ¿ha sido atendida?

Las medidas para la población vulnerable se entiende como aquellas dirigidas a la población en situación de pobreza, informalidad y desempleo, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres, grupos étnicos, población carcelaria y migrantes.


Una de las primeras medidas que se aplicaron fue la devolución del IVA a los más pobres. Dicha medida estaba contemplada desde la anterior reforma tributaria, estaba contemplada para realizarse en el 2021, pero fue adelantada para atender a la población en situación de pobreza durante el aislamiento obligatorio.


El primer decreto reglamentario de esta medida se expidió el 18 de marzo, aunque esta se empezó a aplicar desde el 31 de marzo, esta se centra en una transferencia monetaria por un valor que no supere los $75.000 para mitigar el impacto económico por el Covid-19.


Esta medida está dirigida al programa de Familias en Acción y a la lista de priorizados del programa Colombia Mayor, también se localizó en hogares de 1.100 municipios con alta tasa de pobreza o una concentración significativa de población en situación de vulnerabilidad. Según la página web del DNP, se beneficiarán 700 mil hogares del programa de familias en acción y 300 mil del programa Colombia mayor.


Otra medida de alivio económico para población vulnerable son los giros extraordinarios para los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, en estos tres programas se encuentran registrados casi 5 millones de personas.


En el programa de Familias en Acción se encuentran 2.979.924 de personas, para este programa se estableció un pago extraordinario de $145.000 por familia, el cual empezó a entregarse desde el 1 de abril, según el gobierno nacional este pago beneficiaria a 2.660.000 familia