Por: Katerin Erazo, Periodista
Hoy, 21 de febrero, se conmemora el primer año de un histórico veredicto emitido por la Corte Constitucional colombiana, mediante el cual se eliminó la penalización del aborto en el país. La Sentencia C-055 permite que las mujeres, que antes arriesgaban su salud y sus vidas para interrumpir un embarazo no deseado, ahora tengan accesos a una atención médica segura y legal para este procedimiento, siempre y cuando se realice antes de las 24 semanas de gestación.
Esta decisión fue tomada en respuesta a la lucha de más de 100 organizaciones y miles de activistas que han alzado su voz para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Uno de los movimientos que demandó el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad fue Causa Justa, por tal motivo, esta Sentencia también fue denominada “Sentencia Causa Justa” (Ver: Despenalización del aborto: “Esta sentencia es el reconocimiento de los derechos a las mujeres”).
Antes de esta Sentencia existe otra que es la C-355 de 2006, la cual permitía el aborto solo si cumplía tres casos excepcionales: violación, malformación del feto o cuando la vida de la madre estaba en peligro. Ahora, con esta Sentencia (C-055), hasta la semana 24, sin importar las circunstancias, las mujeres pueden abortar, sin embargo, si se pasa del tiempo estipulado entrarían a operar las tres cáusales anteriormente mencionadas.
La Sentencia Causa Justa ha enfrentado resistencia por parte de sectores conservadores y religiosos que se oponen al aborto en todas sus formas. Aun así, esta Sentencia ha sido un logro significativo para la salud y los derechos de las mujeres en Colombia.
Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y vocera del movimiento Causa Justa, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que esta Sentencia es muy importante en el contexto regional de las Américas, teniendo en cuenta el “retroceso” que hubo en Estados Unidos con la decisión de la Corte Suprema de revertir “la histórica decisión que protegía el acceso al aborto en Estados Unidos”.
Catalina Martínez mencionó que América Latina está dejando varias lecciones importantes para el Norte, una de ellas es la utilización del marco de derechos humanos a nivel regional, ya que en la mayoría de las constituciones de América Latina se incorporan los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que ha permitido avanzar conforme van avanzando estos estándares a nivel internacional y regional.
Martínez señaló tres elementos que pueden dar frente a este fallo: el primero es que ha habido una voluntad por parte del Gobierno de implementar la decisión de la Corte Constitucional; el segundo es que según la Fundación Oriéntame, la cual es una de las prestadoras de este servicio más importante en el país, las mujeres que han acudido a buscar servicios de aborto no han aumentado de manera significativa en este año.
Martínez aseguró que la gran mayoría ha acudido al servicio en las primeras doce semanas de gestación y, adicional a esto, se ha registrado un aumento de mujeres que han abortado por medio de sus EPS, lo que quiere decir que el marco legal que se tiene hoy en día en Colombia les ha dado confianza para acercarse a los servicios de salud de manera más oportuna.
El tercer elemento es acerca de lo que se ha construido frente a la despenalización social, es decir, cómo el movimiento Causa Justa que sigue existiendo y fortaleciéndose frente a esto, sigue poniendo en el debate nacional este tema y ha contribuido a formar e informar a la opinión pública. “La decisión legal es muy importante, pero necesitamos poder seguir luchando contra el estigma que existe en la sociedad para lograr una debida implementación”, añadió Martínez.
Viviana Bohórquez, directora de la Fundación Jacarandas le dijo a Pares que uno de los retos que tiene el Gobierno frente a este tema es difundir la información sobre el aborto legal en Colombia, promoviendo espacios comunitarios, educativos y en medios de comunicación, ya que muchas veces algunas mujeres que han llegado a esta Fundación no tienen conocimiento de que el aborto es legal, lo que ocasiona los abortos clandestinos que podrían atentar contra su salud y sus vidas.
En un comunicado hecho por Jacarandas, la Fundación aseguró que el 96% de las mujeres que las han contactado son menores de 30 años, el 90% de las mujeres que necesitan un aborto tienen menos de doce semanas de gestación y el 26% de las personas que llegan a esta línea son menores de edad. Esta Fundación ha asesorado un promedio de 10 personas diarias que han consultado sobre el aborto este año.
En esta misma línea, Catalina Martínez menciono que es importante implementar las políticas y protocolos con todo el personal médico a lo largo del territorio, con el fin de que estos profesionales conozcan sus obligaciones y se puedan desarrollar campañas de difusión para potenciar todos los derechos que deben saber las mujeres al momento de querer abortar.
Algo importante de este marco legal en Colombia es que todas las personas son libres de tomar la decisión, es decir que aquellas mujeres que no estén de acuerdo con el aborto, no van a tener que acceder nunca a este servicio de salud.
Martínez destacó la importancia de garantizar el acceso a los servicios de aborto a todas las mujeres en el país, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como niñas víctimas de violación que viven en zonas rurales. En este sentido, subrayó la necesidad de que estos servicios no se limiten solo a las grandes ciudades, sino que se extiendan a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que a pesar de que los casos de violación están incluidos en las causales establecidas en la sentencia C-355, para acceder al aborto, más de 4.000 niñas dieron a luz en Colombia en 2020, según el DANE.
Este hecho sugiere que estas menores, cuyo embarazo se presume que es producto de una violación sexual, deberían haber tenido acceso a un aborto bajo la causal de violación, pero no lo hicieron debido, tal vez, a la falta de información, el estigma que existe en algunas instituciones de salud u otros obstáculos. Por tal motivo que Catalina Martínez enfatizó la necesidad de ampliar el marco legal para garantizar un acceso amplio y efectivo a todos los servicios de aborto para las mujeres en el país.