Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Esta pandemia ha puesto de manera visible cada uno de los problemas sociales que históricamente han acompañado la realidad de millones de familias. Tan solo pocos días después de iniciado el aislamiento preventivo obligatorio, decretado desde el pasado 25 de marzo, en varios hogares del país se comenzaron a izar trapos rojos como señal de una dramática situación que es el día a día de muchas y muchos: el hambre.
Así, en los barrios periféricos y en varios municipios se comenzó a convertir en parte del paisaje ver trapos rojos en las calles, en las fachadas, situación que revelaba de manera simbólica cifras propias de la desigualdad que ha dejado el sistema social, político y económico que nos rige: una pobreza multidimensional de 17.5% en 2019 y un aumento del desempleo que alcanzó el 21.4% en mayo 2020, según datos del DANE.
“El Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Así mismo, promoverá condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio nacional”. Foto: Pares.
A esto se suma que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2019 en Colombia 2,4 millones de personas (4,8%) padeció hambre entre 2016 y 2018. Asimismo, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Encuesta Nacional de Situación Nutrición se informó que para el 2015 el 54.2% de los hogares colombianos no tenía condiciones para acceder a alimentos suficientes para que sus integrantes lleven una vida sana (inseguridad alimentaria).
Mientras que en esta misma situación estaban el 68.9% de las familias afrodescendientes y el 77% de los hogares indígenas. Adicionalmente, se puntualiza que el 10.8% de los niños y niñas menores de 5 años se encuentran en situación de desnutrición crónica y el 2.3% en desnutrición aguda.
Igualmente, en menores de 5 a 12 años, 7 de cada 100 menores presentan desnutrición crónica. Esta situación se traslada a las comunidades indígenas afectado a 30 de cada 100 menores. A esto se agrega que en personas de 13 a 17 años la desnutrición crónica les afecta a uno de cada diez, concentrándose en población indígena con un 36,5%.
La propuesta para atender el hambre
Lo que ha hecho la pandemia es permitir reconocer un problema que ha estado ahí y está presente en todos los contextos; en una ciudad como Bogotá, pero también en los territorios más alejados del centro del país. Además, hay que decir que Colombia es un país que no es soberano, pues durante muchos años se ha dedicado a importar más del 70% de los alimentos de la base alimentaria”, afirmó en #ConversatorioPares Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria (OBSSAN) de la Universidad Nacional.
Dado esto, por lo menos, desde el 2018 se ha insistido tres veces en llevar al Congreso el debate sobre la necesidad de consagrar el derecho a la alimentación adecuada.
Este panorama ha puesto sobre la mesa la urgencia que amerita promover medidas que garanticen el acceso a alimentos de calidad. “No se puede negar que en ningún momento el país no ha tenido ni seguridad ni soberanía alimentaria. Foto: Pares.
En este punto vale la pena señalar que al respecto de esto la Constitución establece el artículo 65, el mismo que ahora se pide sea modificado, gracias a una propuesta de la senadora del partido de la U, Maritza Martínez y 29 firmantes más de los partidos Liberal, Cambio Radical, Colombia Humana, FARC, Polo, Alianza Verde, Mais, Partido de la U y Decentes. La modificación instaría para que la Constitución de 1991 consagre explícitamente el derecho a la alimentación y el derecho fundamental a no padecer hambre.
Hay que resaltar respecto a lo anterior que actualmente el artículo 65 plantea que:
“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.
Igualmente, hay que decir que hoy en día existe la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), la cual se creó a través del Decreto 2055 de 2009, bajo el interés de tener a su cargo la coordinación y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN).
La Comisión según el Decreto está conformada por ministros, viceministro, gerentes, directores y/o delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o sus, el Alto Consejero para la Acción Social y la Cooperación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
No obstante, ahora, además de exigir la soberanía y seguridad alimentaria también se propone la creación del Consejo Nacional del Derecho a la Alimentación, en el que tendría participación productores de alimentos, mujeres rurales, campesinado, indígenas, afrocolombianos, organizaciones de economía solidaria, entre otros, partiendo que ese diálogo de saberes no existe en el CISAN, donde no hay participación de la ciudadanía.
“Garantizando el derecho a la alimentación, como lo pretendemos con nuestro proyecto de Acto Legislativo, acabaríamos con el principal factor de mortalidad infantil: la desnutrición. Igualmente daríamos cumplimiento a varias obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en ese mismo sentido a través de varios instrumentos internacionales”, agregó a través de Twitter Maritza Martínez, senadora del Partido de la U.
El acto legislativo ya fue radicado en el Congreso de la República lo que lo pondrá en debate en los próximos meses, y de ser aprobado permitiría la modificación del artículo 65, agregando a su primera parte que: “El Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Así mismo, promoverá condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio nacional”.