Por: Naryi Vargas, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
Este martes en Tumaco (Nariño), siete erradicadores de coca cayeron en un campo minado. De ellos hay un policía muerto y 6 heridos, de los cuales 4 están muy graves. Esta tragedia se repite año tras año y su epicentro vuelve a ser Tumaco, el municipio con más cultivos de coca en el país.
El último informe de La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC, reportó que para 2017 solo este municipio concentraba el 11% del total de cultivos del país, esto equivale, aproximadamente a 19.517 hectáreas de coca.
Una de las razones que explica este fenómeno es que los grupos criminales dedicados al narcotráfico han buscado convertir las zonas fronterizas, como Tumaco, en grandes concentraciones delictivas ya que allí pueden desarrollar a sus anchas toda la cadena del narcotráfico: producción, transformación y comercialización del producto.
En la mira de los narcotraficantes
Este no es un fenómeno nuevo en esta región nariñense. Desde hace más de 10 años, Tumaco encabeza la lista de afectación por cultivos de coca. Los centros poblados en los que se concentra el problema corresponden a Inda Zabaleta, La Balsa, Llorente y Guayacana y el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.
La lucha del gobierno contra esta problemática parece ser inútil. Estrategias como la erradicación forzosa terrestre no han tenido resultados alentadores, y por el contrario, ha conllevado a pérdidas humanas como lo ocurrido este martes. Sin embargo, esta no es la única situación de violencia que se presenta en las labores de erradicación.
Con la salida de las Farc del territorio, se generó un vacío de poder que, debía ser suplido por el Estado, pero que en la realidad no ocurre. Para el año 2018, la Fundación Paz y Reconciliación identificó que los grupos armados más poderosos que lograron hacerse al control de gran parte de este territorio son: el Clan del Golfo, las Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Óliver Sinisterra, éste último también tiene presencia en la Provincia de Esmeraldas, frontera con Ecuador.
Es muy común en esta región del país que los grupos criminales siembren minas antipersona en las zonas de cultivos o de laboratorios, y de esta manera evitan el ingreso de la Fuerza Pública. En 2018, cuatro integrantes de la Policía Antinarcóticos y cuatro miembros del ejército perdieron la vida en estas labores, además 51 resultaron heridos.
Asimismo, se han presentado graves violaciones a los derechos humanos. En octubre de 2017 ocurrió una masacre cometida contra un grupo de campesinos en la vereda El Tandil (Nariño), donde ocho campesinos resultaron muertos y un número indeterminado de personas resultaron heridas. Los habitantes de la vereda no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el día 5 de octubre.
Duque da un reversazo a los avances en sustitución
Para el mes de diciembre de 2018, alrededor de 18.703 familias que cultivaban 16.177 hectáreas de coca habían suscrito Acuerdos de Sustitución en Tumaco. De esta manera, trabajando de la mano con las comunidades, se estaba avanzando en la búsqueda de una solución para los cocaleros que habitan el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS, es una apuesta para resolver el fenómeno de las drogas ilícitas contando con el acuerdo y la colaboración voluntaria de las familias. Para el último año de medición de cultivos, UNODC registró una disminución del 16% de los cultivos en ese municipio, pues en 2016 estaba afectado con 23.147 has.
Pero las noticias hoy no son nada alentadoras para este rincón del país. Con el Decreto 179 de 2019 expedido por el gobierno nacional, la existencia y ejecución del PNIS queda en un limbo jurídico, pues por medio de este acto administrativo se elimina la Dirección de Sustitución de Cultivos, la cabeza encargada implementar el PNIS.
Al parecer, el gobierno de Iván Duque ha decidido volver a la estrategia de mano dura para afrontar el problema del narcotráfico, una que ha probado hasta el cansancio, su ineficacia. Desde 2003 hasta 2015 fueron fumigadas 1,5 millones de hectáreas aproximadamente, y la reducción fue de tan sólo 16.000 hectáreas.
El PNIS, actual estrategia de sustitución, incluye acciones que resuelven este problema y propone una acción integral e incluye al territorio como eje principal de intervención aunque también incluye a las familias como sujeto beneficiario en una primera fase.
Con la propuesta del actual gobierno para combatir la situación de cultivos de uso ilícito en el país, se espera que casos tan dolorosos como el de este martes con los erradicadores que cayeron en un campo minado, se sigan presentando. Para las comunidades como la de Tumaco, la esperanza es que se priorice la sustitución, por encima de la sangre y el dolor que promete la erradicación y la fumigación.
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