Por: Laura Cano, Periodista Pares.
El pasado 27 de mayo desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia se presentó un comunicado en el que informaban sobre la llegada a Colombia de una Brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), que venía, según el documento, “para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas” en la lucha contra el narcotráfico.
Allí además se aseveraba que su misión en el país comenzaría desde principios de junio y duraría varios meses (sin estimarse una duración precisa), además, que esta acción estaba coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Asimismo, se resaltó “que es la primera vez que esta brigada trabaja con un país en la región de Latinoamérica, hecho que reafirma una vez más el compromiso de los Estados Unidos con Colombia, su mejor aliado y amigo en la región”.
Los primeros sectores en pronunciarse fueron el Congreso de la República y el Consejo de Estado, solicitando claridad sobre por qué la noticia había llegado por medio de la Embajada y no a través de una comunicación oficial del Gobierno o del Ministerio de Defensa, adicional se hizo el cuestionamiento de las razones que habían llevado a que esta decisión no hubiera sido consultada previamente con estos organismos, pues como lo dicta el Artículo 173 de la Constitución Política, es atribución del Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.
Por otra parte, también se pidieron explicaciones de las actividades precisas que harían los militares estadounidenses en territorio nacional, citando el Artículo 237 de la Constitución en el que se establece que en los casos de tránsito de tropas extranjeras el “gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado”.
Las respuestas del Tribunal y el Ministerio de Defensa
Así las cosas, el pasado 12 de junio cerca de 25 congresistas realizaron una acción de tutela contra el Presidente, solicitándole que revoque el permiso que había dado a las tropas estadounidenses para permanecer en el país, argumentando que era propio del Senado otorgar dicha autorización, además señalando que Iván Duque habría violado la separación de poderes, pues como sustentan, extralimitó sus funciones dando órdenes que no hacen parte de sus competencias.
“Además, hay un tema de fondo ligado con otros hechos del país. En primer lugar, hay que mencionar la flota militar que EE. UU. puso en las costas con Venezuela para presionar a Maduro. Segundo, la presencia de mercenarios estadounidenses preparándose en territorio colombiano y luego de esto, con el mismo argumento del narcotráfico, llegan estas tropas a Colombia. Eso le da un sabor de intervención en los asuntos con Venezuela, en donde de paso se arrastra a Colombia”, agregó León Valencia.
Dicho documento tuvo su respuesta el 1 de julio por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por medio de la magistrada Bertha Lucy Ceballos ordenó al Presidente que dentro de las siguientes 48 horas remitiera al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad.
Adicionalmente, también se dio la orden que en ese mismo rango de tiempo se suspendieran los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de las tropas en territorio nacional, esto mientras respecto al punto anterior el Senado toma una decisión respecto al control que se debe hacer a la decisión tomada el pasado 27 de mayo.
Ante estos ordenamientos León Valencia, director de Pares opinó que: “Denunciamos como un grave error del ministro Holmes Trujillo y del presidente Duque la aceptación de más tropas de Estados Unidos en Colombia y ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena la suspensión de esta decisión, es una victoria de la sensatez”.
Tras lo anterior, pocas horas después el Ministerio de Defensa en cabeza de Carlos Holmes Trujillo informó que, aunque “es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial (…) se procederá a presentar la impugnación respectiva ante el Consejo el Estado, por cuanto la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento de un componente de la Brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República”.
“Ahora ellos van a defenderse porque tienen que sustentar su decisión. Vamos a ver cómo responde el Consejo de Estado. Eso es un litigio jurídico largo en el que tienen todas las de perder, si se actúa en ley, el Ministerio de Defensa y el Presidente”, dijo Valencia.
¿Qué más rodea la presencia de las tropas?
Esta acción tomada por parte del gobierno de Iván Duque y su bancada, no solo ha sido cuestionada por parte de la rama legislativa y judicial, pues hay reclamos que vienen de las comunidades y organizaciones involucradas en los 44 municipios que conforman las zonas futuro, puntos donde la Brigada, según el comunicado de la Embajada, “centrará sus esfuerzos principalmente”.
Uno de los puntos que se han señalado desde los habitantes de estas zonas, que han sido determinadas así por el Gobierno al ser puntos estratégicos y afectados por los cultivos de uso ilícito, es precisamente el riesgo y la exposición en la que quedan las y los campesinos cultivadores de hoja de coca con la presencia adicional de estos militares.
Justo en estas semanas, se han venido realizando, por parte del Ejército colombiano, acciones como la erradicación forzada que han estado atadas desde un principio a una constante violación de los Derechos Humanos, que incluso en medio de la cuarentena ha dejado a por lo menos cinco (5) personas asesinadas presuntamente por miembros de la institución, según el sistema de información Sipares:
· 26 de marzo. Alejandro Carvajal. Sardinata, Norte de Santander.
· 22 de abril. Ángel Artemino Nastacuas Villarreal. Tumaco, Nariño.
· 18 de mayo. Emérito Digno Buendía Martínez. Cúcuta, Norte de Santander.
· 20 de mayo. Ariolfo Sánchez Ruíz. Anori, Antioquia.
· 27 de junio. Salvador Jaime Durán. Teorama, Norte de Santander.
Vale la pena aclarar que estas zonas futuro se ubican en el Pacífico Nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba, Arauca, Chibiriquete y en parques naturales aledaños al Nudo de Paramillo, Sanquianga y La Macarena, zonas en las que debería estar puesta la atención y protección en sus pobladores, además de ser puntos donde se hace urgente dar viabilidad al punto 4 del Acuerdo de Paz que propone la sustitución voluntaria y por esa vía las herramientas del PNIS.
En estas zonas de haber voluntad política para la implementación de este programa y para dar garantías a las y los cultivadores, no se viviría la crisis en la que hoy están estas comunidades, la cual, ahora, se acentúa con la presencia de las tropas estadounidenses.