Por: Daniela Garzón, Investigadora Nacional
Alianza Democralat, Capítulo Guatemala
Línea Democracia y Gobernabilidad
El pasado viernes, la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ratificó la decisión de mantener suspendida la candidatura de Carlos Pineda Sosa a la presidencia para las elecciones que deberán surtirse el próximo 25 de junio. Pineda aparecía entre el primer y el segundo lugar en la mayoría de las encuestas electorales reportadas.
Con esta decisión, tres son los binomios electorales que se quedan por fuera de la contienda, en medio de un clima de zozobra y pérdida de garantías democráticas por la persecución judicial a periodistas, activistas y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) por parte del aparato judicial. Tal persecución ha sido liderada en especial por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a la cabeza de Rafael Curruchiche, incluido en la Lista Engel y quien expuso las acusaciones contra el actual ministro de Defensa de Colombia, y exjefe de la CICIG, Iván Velásquez.
Pineda Sosa es candidato por el partido Prosperidad Ciudadana, empresario de transportes y tiene cultivos de palma aceitera y banano. Era hasta hace un par de meses prácticamente un desconocido en la política, pero a partir de una novedosa campaña en Tik Tok estaba dando una gran pelea por pasar a la segunda vuelta. Hasta que el partido Cambio, del condenado por narcotráfico y excandidato presidencial Manuel Baldizón, interpuso un amparo contra Prosperidad Ciudadana que fue aceptado el 19 de mayo por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por presuntas irregularidades en la asamblea nacional del partido, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2022.
Esa decisión fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad la semana pasada, al no aceptar el recurso de apelación de Pineda, con lo que no solo su candidatura, sino la de los más de 1.200 candidatos avalados por Prosperidad Ciudadana, quedaron por fuera de la posibilidad de presentarse a las elecciones de alcaldías, gobernaciones y Congreso.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad se suma a otras decisiones polémicas que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que han dejado por fuera las candidaturas de la líder indígena Thelma Cabrera y del empresario Roberto Arzú. Las exclusiones de estas candidaturas han beneficiado a los otros candidatos en carrera, especialmente a Edmond Mulet, Sandra Torres y Zury Ríos, entre quienes probablemente estén los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta.
Las decisiones contra los binomios de Cabrera y Arzú
El primer caso de exclusión de un binomio electoral fue el de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del partido de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que proviene de la Coordinadora de Desarrollo Campesino (CODECA). El TSE negó la inscripción de la candidatura de Rodas, aspirante a vicepresidente, quien había sido Procurador de Derechos Humanos, porque según el Registro de Ciudadanos, el finiquito —un tipo de paz y salvo con los organismos fiscales— presentado por Rodas y necesario para la inscripción no tenía validez, pues aparecían cargos jurídicos y una denuncia en su contra.
Lo extraño del caso de Rodas es que la denuncia por la cual se le negó la inscripción fue interpuesta por el actual Procurador de Derechos Humanos, José Córdova, por supuestas irregularidades en el cobro de una indemnización después de que se conocieran las intenciones electorales de Rodas. Las denuncias se habrían presentado entre el 30 de diciembre de 2022 y el 06 de enero de este año, cuando la proclamación de Cabrera y Rodas fue el 28 de diciembre.
La Fundación contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que ha estado detrás de muchas de las acciones que han acabado con exfiscales de la CICIG tras las rejas, interpuso la acción contra la candidatura de Rodas por no tener el finiquito el 18 de enero. Así, finalmente, el TSE negó la inscripción de la candidatura del binomio Cabrera-Rodas.
El segundo caso de exclusión fue el que sacó de la carrera al binomio de Roberto Arzú y Daniel Esteban Pineda. Arzú es un empresario y político, hijo del expresidente y alcalde Álvaro Arzú Irigoyen. Arzú está relacionado con proyectos de fútbol y con una empresa constructora de centros comerciales en Guatemala. Ideológicamente puede ubicarse en la derecha del espectro político.
Arzú pasó de ser cercano al gobierno de Jimmy Morales, que fue el que expulsó a Iván Velásquez de Guatemala, a no poder presentarse a las elecciones de este año. Fue proclamado como candidato a la presidencia por el partido Podemos el 11 de diciembre de 2022, junto a Pineda, pero el 06 de febrero de este año el TSE revocó su candidatura al recibir un recurso de nulidad del partido del expresidente Morales —Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación)— porque habría incurrido en campaña anticipada.
A Arzú se le había advertido en marzo de 2022 que estaba haciendo campaña anticipada por la entrega de unas pipas de agua al tiempo que usaba gorras con el lema #HagamosGrandeAGuate. La Corte Suprema de Justicia rechazó varios amparos interpuestos por Podemos y hace unos pocos días la CC declaró sin lugar los recursos y confirmó que Arzú y Pineda no podrán participar.
Ambas decisiones, de acuerdo con organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch (HRW) deberían ser revisadas, pues sus criterios son dudosos y ponen en riesgo tanto los derechos políticos de los involucrados como la credibilidad del proceso electoral. La desproporción en las sanciones parece evidente.
Ambas decisiones, sumadas a la exclusión de Carlos Pineda, contrastan con los casos de Zury Ríos y Sandra Torres, quienes sí mantienen sus candidaturas a pesar de dos grandes cuestionamientos que pesan sobre ellas.
Las cuestionadas que sí van
La candidatura de Zury Ríos se mantiene a pesar de estar expresamente prohibida en la constitución guatemalteca. Ríos es la hija de Efraín Ríos Montt, político y dictador, quien dio el golpe de Estado en 1982, y fue declarado culpable por genocidio en 2013, a pesar de que la CC anuló la sentencia a los pocos días de declarada.
Zury Ríos ha sido diputada en el Congreso durante varios periodos, promueve una agenda de derecha que defiende no solo las actuaciones de los militares durante el conflicto armado y la dictadura proclamada por su padre, sino agendas antiaborto, valores conservadores y familiares. La salida de Pineda de la baraja electoral le da posibilidades de pasar a segunda vuelta.
Su candidatura fue avalada a finales de enero por el TSE, después de que la coalición Valor-Unionista la proclamara como su candidata en diciembre de 2022, junto con Héctor Cifuentes. Ríos ya había intentado ser candidata en 2019 pero en ese momento no tuvo vía libre, y apegados al texto constitucional la candidatura debería ser inviable.
De acuerdo con lo consignado en el artículo 186 de la Constitución, una de las prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República es ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del caudillo o los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar “que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”. La CC dejó en firme la candidatura de Ríos, que fue impugnada por el partido Cabal de Edmond Mulet, al negar el pasado 18 de mayo el amparo presentado por esa colectividad.
Por otro lado, tampoco se vio afectado el binomio de Sandra Torres y Romeo Guerra, avalado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En este caso, Guerra estaría inhabilitado para presentarse como candidato vicepresidencial por ejercer como ministro de culto de una iglesia, acorde con lo expuesto por el candidato del partido TODOS, Ricardo Sagastume.
Esta prohibición también se encuentra consignada en el mismo artículo 186 mencionado anteriormente, pues de acuerdo con ello no pueden ser candidatos a presidente o vicepresidente “los ministros de cualquier religión o culto”. La CC confirmó que Guerra sí podrá presentarse a elecciones, al ratificar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar el amparo que presentó TODOS.
Así las cosas, con dos cuestionamientos evidentes estas candidaturas estarán en el tarjetón el próximo 25 de junio, ambas con altas probabilidades de pasar a segunda vuelta. Entretanto, tres candidatos fueron excluidos y negados sus recursos de amparo, en lo que parece una muestra casi indiscutible de la politización de los órganos judiciales con funciones electorales en medio de una campaña a la que le sobran críticas, le faltan garantías y que pinta un panorama muy sombrío sobre el futuro de la democracia en Guatemala.