Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
A tres meses de cumplirse 31 años de la masacre de Segovia en Antioquia —el 11 de noviembre de 1988—, trabajadores mineros, líderes, lideresas, familiares y pensionados de la extinta Frontino Gold Mine presentaron un informe de 20 páginas en el que denuncian el asesinato de cerca de 50 activistas de Segovia durante las tres décadas subsiguientes a la masacre ocurrida en esta región del alto nordeste antioqueño.
Dicho informe que fue entregado a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, alerta, entre otras cosas, sobre la crítica situación que atraviesan quienes adelantan esfuerzos por la construcción de la memoria y el trabajo por el esclarecimiento de la verdad. La Garantía de No Repetición no ha llegado al municipio de Segovia.
Desde la incursión paramilitar en 1988, en la que se perpetró el asesinato de 46 personas; los hechos victimizantes no han cesado para quienes han querido establecer responsabilidades del Estado, vínculos con grupos paramilitares e incluso con sector privado. Uno de los líderes, Gustavo Castrillón, señaló «El informe es referente a todo lo que ocurrió con el proceso de liquidación de Frontino Gold Mine, los asesinatos y la corrupción que hubo con los jueces”.
De hecho, hace diecisiete (17) meses —en marzo de 2018— el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) alertó sobre asesinato y amenazas contra líderes comunales que, incluso, contribuyeron a la construcción del documento “Silenciar la Democracia” en el que se habla de la masacre de Segovia y Remedios.
Además, alertaba sobre el hostigamiento contra la comunidad en general, pues circulaban panfletos de un supuesto “»grupo revolucionario que lucha por la equidad social» en donde declara objetivo militar a líderes como Manuel Escalante, además de habitantes que realizan actividades como la venta de oro, expendedores de droga y a la población Lgtbi. También insta a la población a confinarse en sus casas a partir de las 6:00 de la tarde”, tal como señaló el CNMH.
A pesar de que el CNMH en su momento, hizo un llamado a las autoridades para que prestaran atención, investigaran y desplegaran acciones sobre a los asesinatos, amenazas, y demás violaciones a los derechos humanos que se registraban en el municipio antioqueño; nada a cambiado en la realidad de los líderes que buscan Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición.
De hecho, los habitantes del municipio de Segovia al no recibir apoyo de las autoridades, tanto del Gobierno Nacional en la época de Juan Manuel Santos como en la del actual presidente Iván Duque, recurrieron a las instancias de Justicia Transicional. Según Castrillón, nosotros tenemos doce líderes sindicales y 33 compañeros que han sido asesinados. No todos tienen que ver con la venta de la Frontino, pero sí tenemos un número grande de personas asesinadas por oponerse a su venta».
Un testimonio de una guerra que no se puede repetir
Al hacer entrega de este informe a la JEP y a la Comisión de la Verdad de estos testimonios que fueron recopilados sobre los hechos victimizantes de los últimos treinta años, que han cobrado la vida de 50 personas, esperan que se contrasten dichos testimonios con las versiones entregadas por exguerrilleros de las Farc, exparamilitares y empresarios para que contribuyan al esclarecimiento de lo sucedido alrededor de los 50 asesinatos que denuncia el informe.
Es importante señalar que en la masacre del 11 de noviembre de 1988 fueron asesinados estudiantes, mineros, empleados de la Frontino Gold Mines, obreros, amas de casa, militares y simpatizantes de la Unión Patriótica, coteros, tenderos, habitantes de calle.
Para ese momento, en la región, confluyó un auge del oro, hubo un fortalecimiento del sindicalismo y la Unión Patriota recogió el sentir de muchos pobladores del municipio de Segovia. De hecho, la UP logró en los comicios hacerse a la alcaldía de Segovia, Mutatá, Apartadó, Yondó y Remedios. Asimismo, La UP se hizo al 60% de las curules en Segovia y Remedios.
En este punto, fue que se consolidó la alianza criminal entre paramilitares del Magdalena Medio, políticos regionales que se autodenominaban de “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” y miembros de la Fuerza Pública, la cual se encargó de perpetrar la masacre de 46 personas, múltiples desplazamientos y desgajamiento del tejido social, político y popular de la región del nordeste antioqueño.
Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a los paramilitares Henry Pérez y Fidel Cataño, asimismo, a al exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal quien actúo en cofradía con integrantes del comando de Policía de Segovia y del Batallón Bomboná.
Frente a una masacre que dejó heridas de procesos sociales, sindicales y populares en el departamento de Segovia y las muertes en los años posteriores por los esfuerzos para socavar en los hechos de la masacre; también alerta que, desde 2016 a 2018 en Segovia se registraron 1.127 casos de desplazamiento forzado, según el Registro Único de Víctimas (RUV).
A propósito de las muertes que han sucedido después de la masacre, cabe recordar la del poeta y periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y la del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas en el municipio de Segovia, el 24 de abril de 1991. Tanto el periodista, como el fotógrafo se encontraban realizando un trabajo periodístico sobre la violencia en la región de para el diario El Espectador.