Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El lunes 24 de agosto fue asesinado Edis Care, quien era parte del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) del municipio de Riosucio, Chocó. Hombres armados arribaron hasta su casa en la vereda Villanueva —en Riosucio— para asesinarlo. Edis hacía parte de un hogar, deja a su esposa y cinco hijos.
Los hechos del asesinato de Edis
Según dio a conocer el Consejo, Edis Manuel Caré Pérez tenía 65 años y trabajaba como presidente del Consejo Local de la comunidad de Despenda Media (Consejo Comunitario de Curbaradó) y, hace un par de años, vivía en Villa Nueva (COCOLATU). A las 9 pm —del lunes 24 de noviembre— dos (2) hombres armados lo asesinaron cuando se encontraba en compañía de su esposa, hijos e hijas.
En este sentido, COCOLATU exige de manera inmediata que la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que implementen medidas de protección efectivas para los y las integrantes de este Consejo, amparándose en la resolución 787 de 2020. De igual forma, elevó su voz de exigencia a la Fiscalía General de la Nación para que adelante con celeridad los procesos de investigación del asesinato de Edis, así como de las amenazas y acciones violentas que se han registrado en contra de este Consejo.
COCOLATU, a su vez, ha venido haciendo denuncias sobre violación de Derechos Humanos en medio de erradicaciones forzadas que se han realizado en el territorio. Desde la comunidad se alerta sobre la violencia que se ha drecrudecido por el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
¿Qué es COCOLATU?
Cabe recordar que, tal como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) es “un territorio de propiedad colectiva adjudicado en el año 2000 a las comunidades negras del Bajo Atrato en el marco de la implementación de la Ley 70 de 1993”.
Asimismo, de acuerdo con el CNMH, este territorio colectivo que se ubica entre el Bajo Atrato chocoano y el Urabá antiqueño tiene una extensión aproximada de 107.064 hectáreas. Además, el territorio es bañado por el río Tumaradó y el río La Larga.
Este territorio, históricamente, ha sido golpeado por la violencia no sólo hacia la labor que adelantan como líderes o lideresas sino que, según lo documentó el CNMH, la extracción de recursos naturales, la ubicación estratégica de la zona y la puesta en marcha de proyectos económicos de gran escala son algunos de los factores que han motivado la llegada de la violencia a COCOLATU.
Los embates de la violencia se fueron traduciendo en desplazamientos forzados y, los retornos de las comunidades a sus territorios han sido una lucha por la reclamación de la tierra. Lucha que les ha significado amenazas y asesinatos. Debido terceros, grupos armados ilegales y privados se han querido adjudicar estas tierras.
Advertencias
Este miércoles, 26 de agosto, el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) emitió un comunicado ante la opinión pública en el que resalta que las amenazas sobre los y las integrantes del Consejo vienen desde hace años y no han sido atendidas por las autoridades. Insistiendo que estas son en razón del liderazgo que ejercen como Consejo en la región. Esto último, frente a la estigmatización que están recibiendo las comunidades por parte del Gobierno Nacional.
Exigencias, una directa a Iván Duque
COCOLATU exige con urgencia un Consejo de Seguridad con la presencia ineludible del presidente Duque para que atienda la situación que se está presentado en Riosucio y, en especial, “se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del Bajo Atrato”. Asimismo, solicitaron al Ejército y a la Policía que reconozcan la estrategia de violencia sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del Bajo Atrato.
Al gobierno departamental pidió “citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado en el cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del Bajo Atrato y Urabá antioqueño.”
Restitución de tierras con garantías
COCOLATU hizo un llamado a la Unidad de Restitución de Tierras para que brinde garantías y condiciones de seguridad de las víctimas del Consejo. Esto, en el marco la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. De igual forma, extendió el llamado al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. COCOLATU resalta que hay un incumplimiento sistemático de medida cautelar Nº 00181, del 12 de diciembre de 2014.
¿Qué viene para COCOLATU?
El Consejo dio a conocer que en las próximas semanas presentarán, en conjunto con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), su informe ante la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
A propósito solicitaron a estas instancias —JEP y CEV— especiales que les “reconozca como autoridad étnica y nos garantice una real, efectiva y diferenciada participación en el Sistema Integral”.
Presencia de grupos armados
De acuerdo con cifras del Sistema de información SIPARES, de la Fundación Paz & Reconciliación, el municipio de Riosucio ha sido el que más asesinatos en contra de líderes y lideresas registra, al igual Quibdó que es capital del departamento. Por otra parte los mayores perpetradores de los hechos han sido el Clan del Golfo.
Los perfiles de líderes y lideresas más victimizados en suelo chocoano son líder indígena, líder JAC, líder de comunidades Negras o Afrodescendientes, líder que adelantan procesos de Restitución de Tierras. Mapa: SIPARES.
Sobre el Bajo Atrato , que es una región que está compuesta por los municipios de Apartadó, Chigorodó, Turbo y Carepa, en el Urabá antioqueño, y por Riosucio y Carmen del Darién, en el Urabá chocoano; hay que decir que la presencia de grupos armados ilegales es de la siguiente manera: El actor más predominante son las AGC que operan en los seis (6) municipios que componen el Bajo Atrato. El ELN opera en los dos (2) de suelo chocoano y los Caparros en Turbo y Carepa.
Según COCOLATU, existe una estrategia sistemática por parte de terceros y grupos armados ilegales, para obstaculizar la implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras. De esta manera, minando la participación de las comunidades en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, siendo que COCOLATU fue acreditada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el Auto 004.