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  • Laura Natali Cano Murillo

Tras 17 años, la CPI cierra investigación en Colombia

Por: Laura Cano

Periodista Pares


Desde el 2004, y en medio de uno de los años más violentos en el marco del conflicto armado en Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) incluyó al país en la lista de países bajo observación a raíz de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional y la actuación de las entidades judiciales para sus procesos.


Esta relación entre el país y la CPI significaba que, en cualquier momento, el tribunal de justicia internacional podía reclamar el juzgamiento de nacionales colombianos, señalados de crímenes de guerra y lesa humanidad, por considerar que las instituciones encargadas no estaban ejerciendo justicia respecto a esos casos. Así han pasado 17 años, y aunque incluso se han hecho llegar nuevos casos a la CPI, como el que fue enviado mayo de este año por los crímenes de lesa humanidad que se estaban presentando en el país, el tribunal internacional decidió cerrar la investigación.


Esta decisión estuvo antecedida por la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, quien llegó el pasado 25 de octubre al país con el fin de conocer la situación de los procesos judiciales que se vienen desarrollando en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se informa en la página de la Cancillería de Colombia que el examen preliminar de la situación en Colombia se ha centrado en: “i) el seguimiento del Marco Legal para la Paz y otros desarrollos legislativos pertinentes, así como los aspectos jurisdiccionales relacionados con el surgimiento de «nuevos grupos armados ilegales», ii) las actuaciones judiciales relacionadas con la promoción y expansión de grupos paramilitares, iii) las actuaciones judiciales relacionadas con el desplazamiento forzado, iv) las actuaciones judiciales relacionadas con crímenes sexuales, y v) los casos de falsos positivos”.


Durante la visita, que durará hasta el próximo 3 de noviembre, Karim Khan se ha reunido con el presidente Iván Duque y con miembros de la Corte Suprema de Justicia. Tras el encuentro qu, Duque afirmó que: “Tuvimos una reunión muy productiva con el doctor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, quien va a estar de visita en nuestro país y quien ha estado reuniéndose con líderes de la sociedad civil y otras instituciones. Lo importante es que él tiene un testimonio claro y hemos podido también conversar sobre los avances que ha tenido Colombia en todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”.


Asimismo, durante la reunión que sostuvo con la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal entregó un informe en el que se daba cuenta de los avances judiciales que se han tenido respecto a las masacres que se han cometido en el país desde 1994 hasta 2020. En este documento se adjuntaban detalles sobre los 78 expedientes que tiene el tribunal.


Es necesario señalar que, en medio de esto, el presidente Duque envió un documento en el que pidió archivar la investigación, pues, como argumentó, se han creado diferentes “mecanismos propios para lograr la paz tras 50 años de conflicto”.


Además, el fiscal se reunió con el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes. Después de la reunión, Khan aseguró que la “JEP ha recibido reconocimiento internacional y está marcando una diferencia real en la vida de tantas personas en Colombia porque es una base fundamental para la paz y la rendición de cuentas. Esto es lo que el presidente Cifuentes y el equipo luchan día a día en los siete macrocasos en cuanto a garantizar la paz y la justicia”, explicó el fiscal de la CPI”.


Estos hechos fueron algunos de los que motivaron la decisión de la CPI de cerrar el examen preliminar por violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia. Precisamente, en relación con la importancia de la labor de la JEP, el fiscal manifestó que, en el acuerdo que firmó con el presidente Iván Duque, el apoyo por parte del Estado a este Tribunal Especial para la Paz, y en general, a la implementación de los acuerdos de paz constituyen una condición primordial: "el presidente se ha comprometido a seguir apoyando la JEP y el proceso de paz (...) el Gobierno acordó asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo. Se compromete también a que las cortes y todo el sistema judicial reciba los fondos que requiere. También asegura que no habrá interferencia política en el proceso". De modo que el Estado colombiano deberá ofrecer las garantías necesarias para el desarrollo de las labores de la JEP. Y eso incluye, entre otras cosas, disponer del presupuesto necesario para su implementación y prevenir cualquier interferencia con las funciones de este tribunal.


Al respecto, es necesario señalar que en el Congreso se encuentra en trámite el proyecto de acto legislativo 296 de 2021, en Cámara de Representantes, con el que se busca derogar la JEP y algunos artículos del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se dictan disposiciones transitorias para la terminación del conflicto. El proyecto fue radicado por congresistas del Centro Democrático (partido de gobierno) y, de hallar vía libre, iría en contravía de la solicitud de la CPI y de los compromisos hoy adquiridos por el Gobierno (Te podría interesar: “El Acuerdo de Paz: entre el Presupuesto General y un intento para acabarlo”).


La decisión de la CPI ha motivado diversas reacciones. Por un lado, el presidente Iván Duque aseguró: "Hoy estamos celebrando un paso histórico, que se cierra el examen preliminar reconociendo los esfuerzos de Colombia, y reconociendo el principio de complementariedad con el cual fue fundada la CPI (...) el principio a partir del cual usted anuncia este cierre del examen preliminar es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país, históricamente en estos 17 años, para tener una Fiscalía General de la Nación robusta, sólida, independiente y eficaz, con capacidad de esclarecer los crímenes".


En esa misma línea, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, afirmó: “Durante estos 17 años del examen preliminar, tanto el Gobierno como las instituciones judiciales colombianas han suministrado toda la información solicitada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que ese órgano cuente con todos los elementos de juicio que permitan tomar las decisiones que le corresponden”.


Por su parte, desde la JEP se argumentó que “es gracias a los avances innegables de la Jurisdicción y de otros organismos judiciales en la lucha contra la impunidad, que la Corte Penal Internacional alcanzó la tranquilidad y la confianza requeridas para tomar una determinación histórica como la que hoy ha anunciado el Fiscal Karim Khan. La firmeza de esa decisión depende del cabal cumplimiento de una serie de compromisos, y entre estos se destaca el apoyo serio, genuino y constante a la justicia que administra la JEP”. Justamente, en un comunicado, Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que “Paradójicamente, el cierre del examen preliminar es producto del éxito o de los avances logrados por la justicia transicional, es decir, por la JEP y los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a pesar de la deficiente colaboración, cuando no de la franca oposición, del Gobierno y de su partido”.


En otra orilla, organizaciones de víctimas han demostrado su descontento con la decisión. Desde el MOVICE, por ejemplo, se lamentó la decisión de la CPI, pues consideran que responde a una lectura errónea del contexto político y social que se vive en el país: “En Colombia no han existido tribunales que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, mucho menos a una verdad que permita esclarecer la participación de múltiples sectores de la sociedad en la profundización del conflicto armado”.



Además, desde este movimiento de víctimas se agregó que “existen pocos mecanismos efectivos de reparación y nulas garantías de no repetición, pues vemos como 5 años después de haber sido firmado el Acuerdo de Paz, el conflicto armado ha tomado nuevas dimensiones en muchos de los territorios donde antes operaba la guerrilla de las FARC. Esto por la negativa del gobierno de Iván Duque a la implementación del Acuerdo y, por otra parte, la intención del mismo de promover la negación del conflicto armado y sus víctimas, así como acciones que alientan posturas guerreristas, mayor impunidad y aumento de las violencia”.


Así, concluyeron: “Como Movice consideramos inadecuada esta decisión y expresamos que seguiremos insistiendo en la búsqueda de mecanismos que permitan garantizar a las víctimas escenarios de justicia imparcial y continuar trabajando por esclarecer la verdad desde las voces de las víctimas. En este sentido, exhortamos a las víctimas a fortalecer los procesos de organización, articulación y unidad que permitan poner en alto los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”.


A estas reacciones también se sumaron las de las Madres de víctimas de Falsos Positivos (Mafapo), quienes han tenido una larga lucha para que se haga justicia en los, por lo menos, 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales que la JEP reportó que ocurrieron entre 2002 y 2008, años en los que se enmarcaba la investigación de la CPI.


Sobre esto, Jacqueline Castillo, integrante de Mafapo, aseveró: “Esta noticia es lamentable, puesto que los avances que han habido han sido pocos. Sabemos que ante la JEP hay una restricción para poder judicializar personajes como han sido los expresidentes, y teníamos la esperanza que desde la CPI se hiciera esta investigación y se judicializaran a los responsables de estos hechos. Nosotras, las víctimas, recibimos esto con mucha tristeza, porque nuestras esperanzas estaban en la CPI. Así podemos decir: que reine la impunidad en Colombia”.



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