Por: Línea Democracia y gobernabilidad
Ubicado en el centro del Golfo de Morrosquillo, bañado por playas paradisíacas y posicionado como uno de los municipios más importantes en el departamento de Sucre, Tolú se ha enfrentado a diversos problemas de orden público, así como una grave denuncia sobre presuntos hechos de corrupción durante la pandemia.
El 19 de marzo el Esmad disolvió un intento de asociada provocado por los trabajadores informales que han sido afectados por las medidas del Gobierno Nacional. Esta manifestación tuvo lugar en la alcaldía, donde le exigían ayudas al sacerdote y mandatario local, José de Jesús Chadid Anchury. Estas se centraban específicamente en mercados y ayudas económicas tras la caída del turismo, que es de lo que vive una gran proporción de la población.
Sin que pasaran tres semanas, el 7 de abril se registró otro hecho en el municipio ante el desespero de la inacción del alcalde Chadid, en esta oportunidad un movimiento cívico impidió el aterrizaje e ingreso de ajenos y nativos que provinieran de ciudades donde había registro de casos de Covid-19.
Los polémicos vuelos
El escándalo llegó cuando se conoció que Chadid habría autorizado la llegada de un vuelo que traía 29 trabajadores de la empresa Hocol de diversas partes del país donde se habían registrado casos de Covid y que llegaban al municipio a pesar de que sus funciones no estaban enmarcadas en las excepciones del decreto 457.
A pesar de los esfuerzos ciudadanos, al parecer dos vuelos lograron aterrizar en el aeropuerto Las Brujas de Corozal y los trabajadores habrían llegado a Tolú vía terrestre. Cabe resaltar que, en ese momento, el municipio estaba libre del virus. Y aunque actualmente no hay prueba que determine si esta fue la razón o no, el municipio registra ocho (8) casos, de los cuales uno se recuperó y el resto se encuentran activos. Según el Instituto Nacional de Salud, el 100% de los casos fueron importados y se empezaron a registrar desde el 2 de junio del año en curso.
El municipio registra ocho (8) casos, de los cuales uno se recuperó y el resto se encuentran activos. Según el Instituto Nacional de Salud, el 100% de los casos fueron importados y se empezaron a registrar desde el 2 de junio del año en curso. Fuente: Instituto Nacional de Salud a 7 de julio de 2020.
Ahora bien, como si lo anterior no fuera suficiente, paralelo a estos hechos, Pares tuvo acceso a denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de los mercados y kits alimenticios, que incluirían la ausencia de estudios previos; presuntos sobrecostos; incumplimiento de número de kits entregados; adiciones injustificadas y falta de acciones de parte de los órganos de control y la Fiscalía.
Irregularidades en las compras
De acuerdo con las denuncias y las pruebas allegadas, el alcalde y sacerdote Chadid, en el marco de la urgencia manifiesta, contrató el suministro de 4.600 kits de alimentos con destino a la población vulnerable. Sin embargo, según la información del SECOP, los estudios con fecha del 30 de marzo no dan ninguna justificación la cantidad de población beneficiaria; pero sí se dispone de las cantidades y especificaciones técnicas, como se observa a continuación:
Existen costos adicionales al de los mercados (135.030 c/u), en los que se suman $15.062.000 pesos, correspondientes a los costos de transporte, es decir, $3.274 pesos por mercado; $13.800.000 por empaquetado, es decir, $3.000 pesos por c/u. Fuente: Secop I. Imágen: Pares.
Llama la atención que, además de no contar justificación suficiente para el costo de cada kit, según la revisión realizada por Pares, así como por una de las denuncias allegadas, se evidencia que existen costos adicionales al de los mercados (135.030 c/u), en los que se suman $15.062.000 pesos, correspondientes a los costos de transporte, es decir, $3.274 pesos por mercado; $13.800.000 por empaquetado, es decir, $3.000 pesos por c/u. Todo lo anterior, para un valor total del contrato de $650 millones de pesos.
Un día después de abrir el proceso, el 31 de marzo, el alcalde Anchury suscribrió el contrato No. ST-049-2020 a través de la modalidad de contratación directa con la Fundación Para la Asistencia Social, Integral y de Medio Ambiente, identificada con NIT: 900.900.799-2, representada por Yeni del Carmen Chica Petro.
Yeni Chica también se desempeñaba como contratista para ejecutar lo que ella misma ayudó a diseñar, teniendo en cuenta que el contrato de suministro de kits alimenticios fue el de mayor cuantía. Fuente: Secop I.
Cabe resaltar que Chica, a su vez, fue contratista por prestación de servicios por medio del contrato ST-045-2020, de fecha de 24 de marzo, a plazo de un mes con un valor de $20.800.000 pesos, con el objetivo de apoyar la gestión del municipio en el plan de acción con ocasión de la declaratoria de calamidad pública por Covid-19.
En esa misma línea, además de diseñar las estrategias de atención por Covid-19, Chica también se desempeñaba como contratista para ejecutar lo que ella misma ayudó a diseñar, teniendo en cuenta que el contrato de suministro de kits alimenticios fue el de mayor cuantía. En otras palabras, juez y parte, como se comprueba a continuación:
Yeni Chica fue contratista por prestación de servicios por medio del contrato ST-045-2020, de fecha de 24 de marzo, a plazo de un mes con un valor de $20.800.000 pesos, con el objetivo de apoyar la gestión del municipio en el plan de acción con ocasión de la declaratoria de calamidad pública por Covid-19. Fuente: Secop I.
Con relación a esto, a este contrato se le realizó una adición y modificación el día 15 de abril, el cual fue publicado en el Secop I hasta el día 20 de abril, en el cual, según las motivaciones del mismo, la cantidad de beneficiarios no correspondía con la población que debía ser atendida, pues, “de acuerdo con las cifras del Dane que reposan en el proyecto contractual, la población vulnerable beneficiaria de mercados es de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHETNA Y DOS PERSONAS (6.682), es decir, que hubo DOS MIL OCHENTA Y DOS PERSONAS (2.082) que no fueron beneficiarias del kit”.
Pero, también, se estableció que las supuestas cotizaciones de los mercados adicionales tuvieron un aumento de cada item, al igual que los valores del transporte y empaquetado. Cada mercado pasó de $135.040 pesos a $148.300, un incremento del 9,8% del mercado y los implementos de aseo en menos de un mes; el transporte pasó de $3.274 por c/u a $3.700, subió el 13%; y el empaquetado de $3.000 a $3.200, incrementó 6.67%. Todo lo anterior, sin ninguna justificación en el contrato.
Además de que el contrato original ya tenía presuntas irregularidades y posibles sobrecostos por cada mercado, la adición resultó ser todavía más cuestionable, dado que, con lo mencionado anteriormente, según una de las denuncias, ha sido de conocimiento público que el alcalde repartió los mercados, de manera personal, junto a funcionarios de la alcaldía y que no se sabe en dónde se habría efectuado el costo adicional de entrega del contrato original y de la adición del transporte de cada mercado. También, según las denuncias, los mercados entregados no corresponderían a las especificaciones técnicas que plantea el contrato.
Con base en lo anterior, ya existen pruebas y denuncias remitidas al Procurador Fernando Carrillo Flórez, al Contralor General Felipe Córdoba y al Fiscal General Francisco Barbosa, quienes a la fecha de realización de este artículo no han tomado acciones pertinentes, a pesar de las pruebas y los hechos de conocimiento público en el municipio de Tolú.