Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
Fredy Chaverra. Politólogo y asesor en temas de paz.
Desde hace cuatro años, cuando se firmó la paz con las Farc-ep, se identificaron en Colombia dos tipos de territorios: los territorios PDET y los territorios PNIS. Según el Acuerdo Final, estos lugares deberían recibir un trato especial, deberían ser atendidos de forma prioritaria en el posconflicto, con un enfoque territorial y poblacional. Esto debido a que eran los más afectados por el largo conflicto armado y, en consecuencia, donde se concentra el mayor número de víctimas de la violencia.
Al primer grupo se llamó territorios PDET, constituido por 170 municipios (11 000 veredas en 19 departamentos) y distribuidos en 16 subregiones, y donde se debían implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Al segundo grupo se le denominó territorios PNIS, constituidos por 52 municipios (3.053 veredas en 14 departamentos), y donde se implementaría el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y los Programas Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo.
Paz en los territorios
Entre el 2016 y el 2018 el Gobierno Santos avanzó en el diseño de ambos programas. Con más fortaleza en los territorios PDET en los cuales, desde la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se inició un despliegue temprano de oferta instruccional con pequeñas obras de infraestructura; además, una movilización de las comunidades y autoridades locales en torno a priorizar proyectos de inversión social, económica y productiva en los territorios rurales.
La idea del gobierno Duque fue cambiar unilateralmente lo pactado en La Habana, paralizando la implementación del PNIS y rebarajando los territorios para el posconflicto. Fotografía: Pares.
El Gobierno Santos buscó aterrizar la paz en los territorios y en consonancia con lo acordado en la Reforma Rural Integral, promover el fortalecimiento de las comunidades en la construcción de visiones compartidas de desarrollo en los PDET y el PNIS. Para lograrlo, se adoptó una lógica de diagnóstico e implementación que en las políticas públicas se llama enfoque Bottom-Up (abajo-arriba). Sustentando una dinámica de construcción de paz con un fuerte énfasis en el diseño participativa del desarrollo local.
Sin embargo, a pesar de los notables avances alcanzados con los grupos motores en el diseño de los PDET y las asambleas comunitarias del PNIS, al llegar el nuevo gobierno se dio un giro en la visión de intervención pública, en los territorios más afectados por el conflicto. La idea del gobierno Duque fue cambiar unilateralmente lo pactado en La Habana, paralizando la implementación del PNIS y rebarajando los territorios para el posconflicto.
Las Zonas Futuro de Duque
A la nueva política pública la llamó Paz con legalidad. Con ella el gobierno Duque ha desconocido los espacios de participación y convergencia comunitaria que se habían creado en el Acuerdo. Invirtiendo la lógica de diagnóstico e implementación. Con la Ruta Futuro y la Hoja de Ruta de Planeación para la Estabilización de los Municipios PDET y PNIS el gobierno plantea un plan de acción territorial desde una visión centralista. Es decir, adoptó un enfoque tradicional de gobierno, la de pensar las políticas de arriba hacia abajo, lógica que se conoce como el enfoque Top-Down (arriba-abajo).
Este giro en la forma de intervención quedó evidenciado con el lanzamiento en agosto de 2019 de las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral. Con la Ley 1941 de 2018 y con el concepto del Consejo de Seguridad Nacional, el gobierno Duque creó estas Zonas Futuro. Son 44 municipios y no 170, son 995 y no 11 mil las veredas que serán priorizadas en Colombia para el posconflicto. Es una nueva geografía que comprende tan sólo el 2,4% del territorio nacional (Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños).
Sin duda el Gobierno Duque cambió las normas de juego y le dio un giro a la política de paz. Ahora, con las Zonas Futuro el objetivo es promover una política de seguridad territorial y no la acordada con los territorios a partir de la planeación del desarrollo local participativo. Es una nueva lógica de intervención estatal caracterizada por el militarismo, con la que se busca el reforzamiento de la presencia del Ejército en regiones donde persisten la confrontación armada, cultivos ilícitos y débil presencia institucional.
De esta forma rivalizan en Colombia dos formas de pensar el posconflicto. Las Zonas Futuro viene a imponer otra forma de intervención estatal y que rivaliza con aquella pactada con las familias cocaleras, que suscribieron acuerdos voluntarios de sustitución en el marco del PNIS o están a la espera de las obras integradas al Pdet.
Se está perdiendo y desconociendo todo el trabajo realizado de activación social y comunitaria. Un trabajo de organización social con el que se logró crear una visión local de desarrollo. Se está adoptando un viejo modelo de intervención, que no consulta si no que impone. En este caso, se inserta una estrategia de intervención militar, que refuerza la presencia de Fuerza Pública como estrategia para atender los territorios más afectados por el conflicto y con claro abandono estatal.
Con las Zonas Futuro el objetivo es promover una política de seguridad territorial y no la acordada con los territorios a partir de la planeación del desarrollo local participativo. Es una nueva lógica de intervención estatal caracterizada por el militarismo, con la que se busca el reforzamiento de la presencia del Ejército en regiones donde persisten la confrontación armada, cultivos ilícitos y débil presencia institucional. Imágen: Pares.
Es un programa de construcción de paz que irrumpe nuevamente con la bota militar y que impone la erradicación forzada de cultivos ilícitos sobre la sustitución. Generando con esto desconfianza en el Estado y destrucción del tejido social. Las Zonas Futuro son una propuesta de militarización del porvenir, que está generado un mayor temor en las comunidades y liderazgos locales.
En síntesis, conviven en Colombia dos modelos para el posconflicto. Uno pactado y ensayado por las comunidades donde el conflicto armado fue más fuerte, y que se caracteriza por la construcción colectiva y territorial de una visión de futuro. Y otro impuesto unilateralmente, desde arriba, por el Gobierno Duque, y que se caracteriza por la militarización y la seguridad como factores del desarrollo.