Por: Redacción Pares
La situación para alrededor de 160 personas, entre ellas 50 niños, en el municipio de Tarazá, sigue siendo preocupante. El asesinato de tres mineros artesanales en la vereda San Antonio el fin de semana pasado, produjo un desplazamiento masivo en dicho municipio del Bajo Cauca. La mayoría de las familias desplazadas ya se encuentran en el corregimiento El Doce en casas de familiares o amigos, mientras que 35 personas son atendidas en el albergue adecuado por la alcaldía. Esta población abandonó la vereda San Antonio tras la incursión de integrantes de un grupo armado ilegal el pasado fin de semana, quienes asesinaron a tres habitantes e hirieron a una persona más.
De acuerdo con la Unidad Nacional de Víctimas (UNV) desde finales de 2018 se han presentado desplazamientos masivos en esta zona que está integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, y en los cuales habitan alrededor de 319.000 personas.
Según registros de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, el año pasado 8.983 personas fueron expulsadas de estos municipios, mientras en 2016 la cifra fue de 4.139, lo cual deja demostrado, en parte, la incapacidad estatal de retomar el control de estas zonas y mitigar la violencia.
Una población bajo amenazas
La situación de desplazamiento en la zona cada vez es más problemática debido a las amenazas a la población por parte de distintos grupos armados que están en constante disputa y control territorial como la Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC), los Caparrapos, grupos postfarc, neoparamilitares y ELN.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas activó la ruta de atención para las 42 familias que se desplazaron de la vereda San Antonio de Tarazá, como consecuencia de hechos violentos en ese municipio de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
“En articulación con la Alcaldía se registró el censo de 134 personas (70 adultos y 64 menores de edad), el cual sigue abierto en caso de que otras personas lleguen de esa zona para garantizar su acceso a la declaración por desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria inmediata”, indicó el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena.
De acuerdo con los protocolos para la atención de estas emergencias, los primeros respondientes son los municipios y demás entes regionales y luego, si sus recursos no son suficientes, interviene el Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas.
Con el fin de tomar medidas para atender estas situaciones de emergencia, la Unidad ha participado en los comités de justicia transicional junto con la Procuraduría, las alcaldías, Ejército y Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Expansión territorial del delito en el Bajo Cauca
El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la ex guerrilla Farc auguraba la disminución de la violencia, al menos en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Sin embargo, las zonas dejadas por este grupo poco a poco han sido cooptadas por distintas bandas criminales que actualmente tienen amenazadas a las poblaciones, caso tal de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.
De hecho, con respecto a la presencia de grupos armados en el departamento de Antioquia, en el informe “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, elaborado por la Fundación Paz & Reconciliación, se evidencia que, desde la firma del Acuerdo de paz hasta la actualidad, el Clan del Golfo se ha expandido en seis (6) municipios de Antioquia: Anorí, Ituango, Vigía del Fuerte, Peque, Urrao y Amalfi. Por su parte, el ELN dentro del mismo lapso del tiempo se expandió en dos municipios antioqueños: Yondó y Murindó.
A su vez, el informe de Pares arroja que, en el norte y el nordeste de Antioquia, en los municipios de Yarumal, Briceño e Ituango, se registra presencia de Grupos Armados Postfarc—GAPF. Dicha presencia, tal como lo señaló Pares, proviene de los extintos Frentes 18 y 36, logrando que su influencia se extienda hasta el Urabá, sobre todo en Dabeiba.
De igual forma, preocupa la situación en Antioquia por cuenta del homicidio, pues de los 30 municipios con mayor aumento de homicidio se encuentra Valdivia en segundo lugar, Cocorná en séptimo lugar, Don Matías en noveno lugar, Nechí en el decimosegundo lugar y Tarazá en el lugar número 20.