Tarazá consolida su zona de reserva Campesina: un avance hacia la paz, la equidad social y la soberanía rural

Por: Katerin Erazo, Periodista

En un hito significativo para la política agraria del país, la vereda de Tarazá, en Antioquia, se convertirá en la 18ª Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Colombia, y la undécima constituida bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta nueva ZRC abarca un área de 42.973 hectáreas y tiene como objetivo fundamental la protección y fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria y la preservación del territorio frente a las amenazas de la violencia y la minería ilegal, que han afectado gravemente la región.

El proceso de delimitación y constitución de la ZRC de Tarazá fue liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo director, Juan Felipe Harman, ha sido un fuerte defensor de la implementación de estas áreas protegidas como mecanismos para el desarrollo rural y la paz.

Durante la audiencia pública para la socialización del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, Harman destacó la relevancia histórica de esta zona y los desafíos que enfrenta su población. “Tarazá ha sido escenario de múltiples hechos de violencia, minería ilegal y disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes son personas que anhelan vivir en paz y apoyan formas de organización social como la Zona de Reserva Campesina, defendiendo su derecho a permanecer en el territorio”, afirmó.

El Plan de Desarrollo Sostenible es el documento clave que guía las acciones de la ZRC, y su socialización es el último paso antes de que sea aprobado por el Consejo Directivo de la ANT. Este plan busca no solo fortalecer la economía campesina, sino también garantizar la equidad social en la región, enfocándose especialmente en el empoderamiento de las mujeres rurales. A través del PDS, se proyecta una planificación participativa que involucra a la comunidad, las organizaciones sociales y las autoridades locales, con el fin de definir programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible del territorio.

La región de Tarazá es reconocida por su alta biodiversidad, que incluye importantes corredores de fauna silvestre, como el hábitat del jaguar. Las veredas que componen la ZRC—Agualinda, Anaparci, Cañón de Iglesias, Curumaná, Doradas Altas, Doradas Bajas, El Guaimaro, La Primavera, Nerí, Popales, Potrero Largo, Tahami y Tesorito—son testimonio de un territorio con un profundo valor ecológico y agrícola. En estas zonas, la comunidad campesina ha desarrollado prácticas de manejo ambiental, conservación comunitaria y proyectos agroforestales, promoviendo un equilibrio entre la producción agrícola y la sostenibilidad ambiental.

Entre los cultivos más representativos de la región se encuentran el cacao, la caña panelera, el plátano y el café orgánico. Además, se han implementado proyectos innovadores, como sistemas silvopastoriles para la producción de ganado lechero, iniciativas piscícolas, apícolas y la construcción de galpones para gallinas de engorde y ponedoras. Todo ello dentro de un modelo de desarrollo que combina el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la protección del medio ambiente.

El establecimiento de la ZRC no solo garantiza la protección del territorio frente a la expansión de actividades extractivas ilegales, sino que también fortalece la capacidad organizativa de los campesinos, promoviendo su autonomía y su papel como actores fundamentales en la defensa de los recursos naturales. Este modelo de reserva es una respuesta efectiva a las necesidades históricas de acceso a la tierra y de dignificación del trabajo campesino.

La historia de Tarazá ha estado marcada por la violencia, especialmente por la presencia de grupos armados ilegales que han disputado el control territorial debido a la riqueza minera de la región. La minería ilegal ha devastado el medio ambiente y ha generado altos niveles de conflicto, intimidación y desplazamiento forzado en la población local. Sin embargo, la creación de la Zona de Reserva Campesina representa una oportunidad para transformar esta realidad.

Según Juan Felipe Harman, la constitución de la ZRC de Tarazá es una respuesta a la demanda de las comunidades rurales por un territorio donde puedan vivir en paz, defender su cultura y garantizar su soberanía alimentaria. El PDS establece mecanismos claros para promover la seguridad en la región, protegiendo a los habitantes de las amenazas externas y generando condiciones para que puedan mantenerse en sus tierras sin temor a ser desplazados nuevamente.

El empoderamiento de las comunidades campesinas, especialmente de las mujeres rurales, es uno de los pilares fundamentales del Plan. La ZRC busca asegurar que todos los miembros de la comunidad sean reconocidos como sujetos de derecho y que se garantice la participación equitativa en los procesos de toma de decisiones. Este enfoque integral no solo mejora la calidad de vida de las familias campesinas, sino que también promueve la equidad de género y la justicia social.

El establecimiento de la ZRC de Tarazá se enmarca en un contexto más amplio de políticas agrarias impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro. En los dos primeros años de su mandato, la Agencia Nacional de Tierras ha adquirido 166.000 hectáreas de tierras para la Reforma Agraria, superando las cifras obtenidas por las administraciones anteriores. Entre 2016 y 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos adquirió 17.882 hectáreas, mientras que entre 2018 y 2022, el gobierno de Iván Duque adquirió 18.159 hectáreas.

En términos de tierras formalizadas, el gobierno actual ha logrado formalizar 1.208.400 hectáreas, superando significativamente las 265.088 hectáreas formalizadas durante el gobierno de Santos y las 1.072.519 hectáreas formalizadas bajo la administración de Duque. Además, el gobierno de Petro ha creado siete ZRC adicionales, y otras cinco están pendientes de aprobación, lo que evidencia un compromiso decidido con la redistribución de tierras y la justicia social en el campo.

Este impulso a la Reforma Agraria se ha materializado en la reciente entrega de 50.000 hectáreas de tierras a campesinos de diferentes municipios del país. En San Sebastián de Buenavista, en el departamento del Magdalena, se entregaron 3.280 hectáreas, mientras que en Montería, Córdoba, se adjudicaron otras 8.430 hectáreas, de las cuales 7.916 hectáreas fueron adquiridas del Fondo de Reparación de Víctimas.

La constitución de la Zona de Reserva Campesina de Tarazá no es solo un logro en términos de redistribución de tierras, sino también un símbolo de resistencia y de esperanza para las comunidades rurales que han enfrentado años de violencia y abandono estatal. La implementación de esta ZRC ofrece un camino hacia la reconciliación y la construcción de una paz duradera, basada en la justicia social y el reconocimiento de los derechos del campesinado.

Con esta nueva ZRC, se espera que las comunidades campesinas de Tarazá puedan consolidar su permanencia en el territorio, preservando su cultura, su economía y su entorno natural, y demostrando que el desarrollo rural puede ser una herramienta poderosa para construir un futuro más justo y sostenible para todos.