Subsidio a la violación

Por: María Victoria Ramírez M.


Tal vez porque los años que tengo me permiten escribir lo que siento sin titubear; tal vez porque a mi edad ya sé dónde estoy ubicada en relación con lo que ha sido catalogado de ético o de no ético y ya hace un tiempo que entiendo con bastante claridad que lo ilegal puede ser profundamente ético. Sin esta convicción, las mujeres estaríamos todavía en la Edad Media, pues cada vez que hemos conquistado algo de autonomía, ha sido gracias a unas Antígonas dispuestas a todo para demostrar que, contrarias a las implacables leyes de los hombres, existen también estas otras leyes, las del corazón, del inconsciente y de una memoria ancestral grabada en nuestro cuerpo. Y tal vez por múltiples otras razones que no encuentran la manera de traducirse en las letras del alfabeto, siento que puedo regalarle a esa palabra, “aborto”, unas líneas con el fin de darle una realidad capaz de reflejar una experiencia humana total de lo lícito y lo prohibido.

Fragmento del libro Había que decirlo de Florence Thomas


El 10 de mayo de 2020 se cumplieron catorce años de la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia. En ese momento, todas las feministas del país estábamos muy pendientes de cómo votaría ese alto tribunal, luego de que algunas semanas antes se hubiera abstenido de tomar una decisión, argumentando que había fallas en la demanda interpuesta por la abogada Mónica Roa.


Esa decisión sigue causando polémica, y lo que es peor, sigue siendo desacatada por los médicos, las EPS e incluso por jueces de la república que se han inventado una nueva figura jurídica denominada la objeción de conciencia judicial, para sustentar no otorgar tutelas cuando las mujeres se ven obligadas a acudir a la justicia porque sus servicios de salud les niegan el aborto, a pesar de cumplir todos los requisitos en los tres casos que autorizó la Corte Constitucional, a saber: cuando el embarazo es producto de violación o incesto, cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida y cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer gestante.


A lo largo de estos años, las organizaciones de mujeres como Women´s Link Worldwide (cuya directora en Colombia era la abogada Mónica Roa, cuando interpuso la demanda de insconstitucionalidad), la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (de la que hacían parte organizaciones como la Red Nacional de Mujeres), entre muchas otras de orden local, han acompañado a las mujeres para lograr que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como se le denomina en los decretos y circulares del Ministerio de Salud que reglamentan la IVE, sea un hecho.


Cuando todos los mecanismos para lograr que una mujer pueda interrumpir el embarazo fallan, la Corte Constitucional ha sido siempre una esperanza para lograr que el derecho se cumpla en Colombia. Las decisiones de ese organismo han sido tradicionalmente, en esta y otras materias, muy progresistas y garantistas de los derechos de minorías y han sentado precedentes importantes como sanciones a las EPS, a los jueces que incumplen y decisiones para que el Estado colombiano emprenda campañas informativas en los colegios para difundir los derechos sexuales y reproductivos. Es por ello que, en su momento, veía con suma preocupación que una persona como Ylva Myriam Hoyos estuviese dentro de los barajados a ocupar el puesto en la Corte Constitucional que había quedado vacante con la renuncia del doctor Juan Carlos Henao, hoy rector de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Ylva Myriam Hoyos sería un peligro dentro de la Corte Constitucional para las mujeres en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos.


Durante la Procuraduría de Alejandro Ordóñez hubo una arremetida contra el derecho al aborto conquistado, liderada por su Delegada para la Infancia, la adolescencia y la familia, la doctora Ilva Myriam Hoyos. Ellos imponían sus convicciones personales y religiosas al marco jurídico que rige a Colombia en materia de aborto. Los grupos provida han liderado marchas para manifestarse en contra del aborto y específicamente de la Sentencia C-355/2006 que los despenalizó.


Pero de todos los intentos por evitar que las mujeres ejerzan su derecho a interrumpir el embarazo de forma legal y segura, el que me parece más perverso es el que acaba de proponer el senador John Milton Rodríguez, según información publicada por el periódico El Espectador (El Espectador, 2020): “La iniciativa, que está pronta a ser radicada en el Congreso de la República y a cuyo texto solo le falta unos detalles, busca crear un ingreso mínimo que sería entregado a las mujeres que decidan tener hijos que hayan sido producto de violaciones. A juicio del senador que encabeza la iniciativa, John Milton Rodríguez, del partido cristiano Colombia Justa-Libres, se trata de establecer una alternativa al aborto, que es legal en caso de violación.”


Este proyecto es realmente una afrenta a lo que las mujeres hemos conquistado en materia de derechos sexuales y reproductivos y de autonomía sobre nuestros cuerpos, y algunos lo han llamado un “subsidio a la violación”. El senador Rodríguez debería tratar de entender el drama que ya significa ser víctima de abuso sexual, para además pretender con la falsa promesa de que el estado garantizará ingresos para que la mujer y el hijo producto de violación subsistan, tratar de evitar la interrupción del embarazo.


Hay que aclarar que ninguna mujer está obligada a abortar si es víctima de abuso sexual, lo que tiene es el derecho de hacerlo en condiciones seguras y sin que la encarcelen por ello, si así lo decide. En lo que tienen que concentrarse los legisladores y los encargados de construir las políticas públicas e implementarlas, es en transformar las estructuras que perpetúan la violencia de género, en garantizar que la vida de las mujeres y las niñas esté libre de agresiones, en no incentivar apoyos económicos que discriminan porque premian a la que decide interrumpir el embarazo, pero no brinda apoyo integral a quien habiendo sido víctima del delito de violación, decide no continuar un embarazo.


Llama mucho la atención que este proyecto se presente justo en momentos en los cuales las cifras de violencia contra las mujeres y las niñas, en el marco de la emergencia sanitaria, se dispararon de forma vergonzosa.


Me uno al llamado de tantas mujeres que han luchado por conquistar la autonomía: ¡Basta ya de que otros e incluyo al Estado, tomen decisiones sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres!


Con las palabras de Florence Thomas, le hago un llamado al senador Rodríguez y a quienes apoyan la iniciativa de mínimo vital para embarazadas víctimas de violación:


Debemos dejar de banalizar el dolor, las violencias y los insultos infligidos a las mujeres como hacen los políticos, todos aquellos encargados de organizar la vida social e incluso hombres que dicen amarnos”. Entiendan que la carrera por nuestros derechos empezó y no va a parar y que lo mejor es que el estado y los partidos políticos dejen de seguir viendo el problema del aborto como un tema moral y lo aborden como un tema de salud pública.