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Sin Paz Urbana no hay Paz Total – Perspectivas, avances y desafíos


Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana



La Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su segundo informe sobre Paz Urbana, en el que se hace una revisión sobre la forma en la que se ha venido desenvolviendo esta apuesta del gobierno con el fin de arrojar luz sobre su impacto en la construcción de paz en entornos urbanos. Hacemos un recorrido sobre las generalidades de la Paz Urbana, identificando sus características principales y desafíos, para luego adentrarnos en un análisis con datos del desarrollo de esta política en las áreas metropolitanas del Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó, que son las ciudades en las que se adelantan actualmente espacios de diálogo sociojurídico con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO).


En nuestro análisis encontramos que, dada la diversidad de contextos en los que se quiere aplicar la política de Paz Urbana, esta no ha constituido un único modelo a ser aplicado, sino que es una apuesta en constante evolución y construida de manera progresiva. La Paz Urbana se construye sobre la marcha en los ires y venires de la negociación entre el gobierno y las estructuras delincuenciales, además de las organizaciones sociales y los diversos acompañantes que se han sumado a estos procesos.


Esto ha generado en cierta medida un amplio trecho de incertidumbre relacionado con los puntos sobre los cuales se dialoga y los posibles acuerdos a los que se pueda llegar para el futuro desarme y desmantelamiento de las organizaciones delincuenciales. Sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta la Paz Urbana de acuerdo a nuestro análisis, y que son de urgente atención: el control territorial por parte del Estado de los espacios y mercados cooptados por los grupos delincuenciales y de los cuales eventualmente se retirarían -evitando el recicle de estructuras y el surgimiento de grupos residuales-; la incertidumbre jurídica en la que se encuentra el proceso, pues no existe una ley de sometimiento aprobada por el Congreso y el exceso de protagonismo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).


A pesar de estos desafíos, la Paz Urbana ha tenido avances significativos que arrojan incluso resultados en la reducción de ciertos delitos de alto impacto en Valle de Aburrá, Buenaventura y Chocó, que son las áreas metropolitanas y ciudades donde se adelantan procesos formales. Comparando datos de delitos de alto impacto del SIEDCO entre enero-septiembre 2022 y enero-septiembre 2023, encontramos:


Valle de Aburrá: homicidio -7,3%; amenazas -30,9%; hurto a personas +9,6%; extorsión +63%.

Buenaventura: homicidios -10%; amenazas -51%; extorsión -45%.

Quibdó: homicidios -37,5%; amenazas +5%; hurto a personas -8,8%; extorsión +12,5%.


Recordemos que el gobierno ha expresado deseos de arrancar acercamientos en Barranquilla y Cali, sin embargo los contextos propios de cada territorio han dificultado este objetivo; en el caso de Barranquilla por el posible surgimiento de facciones y grupos residuales dada la falta de garantías, y en el de Cali por la marcada atomización del crimen organizado en la ciudad y el área metropolitana. Bogotá y Cúcuta se quedan por fuera, por ahora, de la Paz Urbana.


Le invitamos a leer nuestro análisis del desarrollo de la Paz Urbana en Colombia, con toda la información, datos, visualizaciones y recomendaciones, aquí:


Descargue aquí un resumen ejecutivo del informe:

resumen
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