Por: Mateo Quintero, Redacción Pares
Pese a que el 12 de diciembre fue tumbada la proposición aditiva que buscaba permitirle al Gobierno reactivar las órdenes de captura contra miembros de la extinta guerrilla de las FARC, las pretensiones del Centro Democrático para atacar el Acuerdo de Paz son claras. En la Ley de Orden Público, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada pretendió añadir un artículo para que las órdenes de captura ya suspendidas pudieran volver a hacerse efectivas. Lo preocupante del caso, es que la propuesta tuvo eco en el Congreso, pues fue aprobada en primer debate con 119 representantes votando a favor y tan solo 20 en contra.
Al respecto, la Misión de Verificación de la ONU afirmó que la propuesta aditiva de Prada “tiene precisamente el potencial de afectar las garantías jurídicas de los exmiembros de las FARC-EP que han hecho dejación de armas y están en proceso de reincorporación». La proposición aditiva no hace referencia explícita a los excombatientes reincorporados, quienes no constituyen hoy, como lo reza la proposición, una “organización armada al margen de la ley”.
Sin embargo, el mismo día que la propuesta pasó el primer debate, el 11 de noviembre, el líder del Partido FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, le envió una carta a Hernán Darío Velázquez alias ‘El Paisa’, diciéndole que está dispuesto a viajar hacia donde él se encuentre para acompañarlo a presentarse ante la JEP. “Camarada, hermano, si usted lo considera pertinente, yo mismo me ofrezco para viajar al lugar donde usted se encuentre, con el propósito de acompañarlo en su viaje a Bogotá, para que se sienta más tranquilo en su presentación en la JEP. Sobra decirle que el equipo jurídico del partido le brindará todo el apoyo necesario”. Así entonces, el líder de ese partido ha expresado su vocación para continuar con lo pactado en el Acuerdo de paz.
Ahora, pese a los intentos de destruir el Acuerdo, la participación política de la FARC parece no tener vuelta atrás. La curul de Jesús Santrich, que estaba en ascuas por la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra, se salvó después de que un fallo del Tribunal de Cundinamarca le ordenó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que, en un plazo de 48 horas, llame a lista al siguiente candidato del Partido FARC para que ocupe esa curul y no quede en silla vacía. El siguiente de esa lista sería entonces Benedito de Jesús Montenegro, quien ahora va a fungir como representante del departamento de Atlántico, mientras se resuelve el futuro judicial de Santrich.
Antecedentes
El martes 11 de diciembre de 2018, fue aprobada en primer debate la adición al proyecto de ley de orden público, presentada por el representante Álvaro Hernán Prada. Esta proposición en el artículo 3 de la ley le hubiese permitido al Gobierno solicitar la reactivación de las órdenes de captura contra miembros de la extinta guerrilla que hayan sido suspendidas. El artículo afirmaba que esto solo podrá hacerse “en casos excepcionales y por motivos de seguridad o de interés público”.
Como ponente, Prada incluyó diez artículos que no habían sido discutidos anteriormente en las comisiones conjuntas, en las que se aprobó el proyecto en los dos primeros debates. Fue Prada quien añadió el nuevo párrafo al artículo 3 de la Ley.
Esta propuesta caldeó los ánimos de la oposición en el Congreso. Pues, de inmediato, 119 representantes la votaron a favor y tan solo 20 en contra. Una de las principales críticas frente a esta aprobación fue la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus. La representante expresó que no se les permitió intervenir. Además, como símbolo de protesta, Goebertus, junto con otros congresistas opositores, abandonaron la Cámara para acabar con el quórum.
“Es preocupante lo que sucedió en plenaria, una proposición aditiva pretende levantar la suspensión de las órdenes de captura de los excombatientes de las Farc. Fue una proposición que no se discutió, que el ponente no expuso y el presidente de la Cámara no dio espacio para quienes estamos en desacuerdo con ello”, afirmó Goebertus. No es la primera vez que en el Congreso se le niega la palabra a la oposición, lo mismo había sucedido en el debate de Odebrecht cuando se violó el derecho a réplica.