Por: Redacción Pares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresan su preocupación por la continuidad de actos de violencia e intimidación que han enfrentado quienes defienden los derechos humanos en los primeros meses del año.
Entre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados se encuentran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y personas que recibían protección por parte de autoridades nacionales.
La CIDH y la ONU Derechos Humanos advierten con preocupación que Colombia se mantiene como uno de los países con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados en el continente.
Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la ONU Derechos Humanos recibió 51 quejas sobre asesinatos de líderes y defensores y defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales al menos 21 han sido verificados por ONU Derechos Humanos como asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos (3 mujeres y 18 hombres).
La ONU Derechos Humanos sigue observando que el grupo de defensores y defensoras comunitarias y comunales continúan siendo el grupo de defensores en más alto riesgo en Colombia y representan la mayoría de las víctimas mortales, hasta la fecha.
Asimismo, se registraron otras situaciones de ataques y asesinatos en otras partes del país. Cabe resaltar que el 4 de abril, la CIDH y la ONU Derechos Humanos en Colombia hicieron un llamado conjunto en el marco de la MINGA señalando la importancia del diálogo para la atención a las demandas sociales como única salida que contiene la violencia.
Asimismo, destacaron que el enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el Estado de Derecho.
La Comisión y la ONU Derechos Humanos recuerdan que es obligación de los Estados investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Ambos organismos instan a los Estados a agotar todas las líneas de investigación relevantes para esclarecer estos hechos, incluyendo la posible vinculación entre los asesinatos, desapariciones y otras agresiones y la labor de defensa de los derechos humanos. Dichas investigaciones deben ser conducidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial.
Resulta urgente, señalan los organismos internacionales, que el Gobierno adopte medidas positivas que fomenten una cultura de derechos humanos y un ambiente libre de violencia y amenazas, reconociendo el valor y la importancia del trabajo de las personas defensoras.