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Sigue latente el riesgo para el liderazgo social

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares

El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, señaló este miércoles que en lo que va de gobierno del presidente Iván Duque, la cifra de asesinatos contra líderes sociales disminuyó un 35%. Sin embargo, hay otros factores que se esconden bajo ese dato, y en realidad demuestran que la violencia no ha mejorado en los territorios.


El gobierno analizó el número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales entre el 7 de agosto de 2017, y 9 de julio de 2018; y lo comparó con el mismo periodo entre 2018-2019, con cifras registradas por la ONU. En ese sentido, resaltó que en el primer intervalo se registraron 105 líderes y lideresas asesinadas, mientras en lo corrido de su mandato van 63 víctimas.


Barbosa también afirmó que la reducción de los índices de homicidios de líderes sociales en este gobierno se debe a la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO), implementada desde noviembre de 2018. Sin embargo, para los analistas, esto no significa una tendencia a la baja de los asesinatos, sino que se debe a factores coyunturales.


El contexto de este drama


Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares revisó en el Sistema de Información-SIPARES el registro de los defensores y defensoras de Derechos Humanos asesinados en un intervalo de tiempo similar al propuesto por el gobierno, y arrojó el siguiente resultado:

De acuerdo con el SIPARES, entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de julio de 2019 se presentaron 73 asesinatos contra los líderes y lideresas, sobre todo en los departamentos de Cauca (14), Antioquia (13), Nariño (11), y Norte de Santander (6).


Mientras en el mismo periodo del gobierno anterior (2017-2018) el sistema arrojó un total de 105 asesinatos. Este contraste representa la reducción del 30% de los homicidios entre los dos periodos, sin embargo, como se ha mencionado, no significa que la violencia en los territorios esté en su mejor momento.


“Una cosa que pasa con el asesinato de líderes sociales es que este fenómeno se identifica dependiendo la época del año. Entonces de diciembre a enero, incluso hasta febrero lo que se ve es una tendencia al aumento de las cifras”, indicó Giorgio Londoño Medina, investigador nacional de Pares.


Así se observa en las siguientes gráficas:

Por otro lado, hay otros factores de riesgo que no pueden olvidarse en el contexto social y político. Según el investigador, es un riesgo el hecho de estar en el marco de las elecciones regionales, puesto que, usualmente son escenarios más violentos y críticos que las elecciones nacionales.


Un tercer aspecto es que dicha violencia electoral se ve reflejada en otras manifestaciones de violencia política, y en ese sentido, aumentaría el número de las personas asesinadas. “Y si además se añade que hay unos liderazgos asociados a excombatientes pues también hay otro panorama para decir que la situación es más compleja que la cifra arrojada de líderes y lideresas asesinadas”, agregó Londoño.


“A las personas las siguen asesinando”


Para el investigador es arriesgado políticamente centrar la discusión sobre una reducción que no deja ver claro el panorama, pues no es que el fenómeno se esté eliminando. A las personas las siguen asesinando, y con este pronunciamiento del gobierno se desconoce la sistematicidad del fenómeno.

“Más bien hay que llamar la atención frente a los riesgos latentes que hay sobre lo que se deja de ver cuando se pone la lupa únicamente sobre el número de líderes asesinados y no sobre su especificidad regional”, indicó.


Por ejemplo, los escenarios de riesgo que se están configurando por elecciones, las disputas que hay entre grupos armados en distintos territorios y la reconfiguración de relaciones de poder entre actores de la ilegalidad, son factores que no se pueden perder de vista por el hecho de que el número de líderes haya bajado en el periodo que dice el gobierno.


Es el caso de las regiones del bajo Cauca antioqueño o en general del andén pacífico que actualmente sufren de las disputas entre actores armados ilegales como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Caparrapos, entre otros, por las rutas del tráfico de drogas y el control territorial.