Por: Sergio Saavedra y Laura Cano
Esta es la tercera entrega de ‘Ecos ante el regreso del glifosato’, un especial de Pares para escuchar las voces de quienes se verán afectados tras la firma del Decreto 380 del 2021, mediante el cual se adopta el marco normativo para la aspersión aérea con glifosato. Así como también, las posturas de expertos y líderes que por años han venido haciendo seguimiento a este tema. Antes de leer este texto, les invitamos a ver el siguiente
Luego que quedara listo y firmado el decreto 380 de 2021, la decisión de activar el programa de erradicación de cultivos de uso Ilícito mediante aspersión aérea quedó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes –CNE-, el cual deberá evaluar los requisitos con los que se pretende retomar esta política.
Además, este mismo organismo, según lo establecido, es el que debe dar cumplimiento a los demás requerimientos exigidos por la Corte Constitucional, entre los que están considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas.
Sobre lo anterior, y complementando los puntos que se han tocado en este especial, desde Pares se habló con Julián Quintero, investigador y cofundador de la Corporación Acción Técnica Social (ATS).
Pares: ¿Es el Consejo Nacional de Estupefacientes el órgano idóneo para tomar la decisión sobre el retorno la aspersión de glifosato en Colombia?
Julián Quintero (J.Q.): El Consejo Nacional de Estupefacientes sí es el órgano idóneo para tomar la decisión frente a la implementación del glifosato. Sin embargo, hay que precisar que existen diferentes instancias para cumplir primero, obviamente, con todos los requisitos que impuso la Corte Constitucional. Una vez esos requisitos están listos; ellos —cada una de las partes por solicitud del Gobierno Nacional— lleva los requisitos al Consejo Nacional de Estupefacientes y, ahí, se debe tomar la decisión.
Lo que pasa en este momento es que al decreto que salió en estos días le faltan algunos requisitos como, por ejemplo, el informe que debe presentar el Ministerio de Salud ante el Consejo. Éste vota y decide por mayoría, pero el Consejo es controlado totalmente por el Gobierno Nacional y es éste quien da la orientación ahí.
Entonces, ahora estamos muy pendientes de cómo el Ministerio de Salud va a ir en contra de lo que ha fijado durante tantos años diciendo que es peligroso y como, esta vez, se va a echar para atrás, va a matizar e ir en contra de lo dicho en años anteriores.
Pares: Algunos sectores consideran el retorno de la aspersión de glifosato como una decisión que prima una política revaluada. ¿Por qué el glifosato supone una decisión errónea para el tema de drogas en Colombia?
J.Q.: El glifosato tiene muchos aspectos negativos que han sido ampliamente expuestos. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la evidencia relacionada con el daño en la salud, el medioambiente, las personas y los cultivos. Además, de la manera de usarlo y lo concerniente con el principio de la precaución; tiene también un aspecto social sobre el impacto, los antecedentes de la aspersión y la tensión que va a haber con el Gobierno Nacional, representado en los militares, y las comunidades, que en su mayoría se dedican a estos cultivos como único sustento.
También, hay un aspecto táctico en cuanto a los costos. Es decir, cada hectárea fumigada con glifosato puede valer entre 60 y 120 mil dólares. Adicional, por cada hectárea de glifosato que se va a asperjar, se van a perder otras 20 0 30 hectáreas de otro tipo de productos sembrados.
Existen temas prácticos como la movilidad de los cultivos que se van a poner en zonas de difícil acceso, pero en el campo y en la guerra ya nos dimos cuenta, por ejemplo, toda la evidencia que se ha mostrado sobre los falsos positivos en relación con los cultivos sobre los que se dice que se eliminan 20 o 30 hectáreas; cuando en realidad fueron 4 o 5 para la fotografía para la comunidad y en la negociación con la comunidad.
Se sabe de tiempo atrás que las comunidades tienen trucos y claves para que al momento de asperjar; lo hacen en un primer momento con melaza, lavan rápido, distinto a la aspersión aérea. Es decir, a todo nivel y en todo sentido, es una medida cortoplacista que puede que en los primeros meses dé resultado pero que no va a resolver el tema estructural.
Pares: Por el contrario, ¿Qué implica que en Colombia camine hacia regulación de los mercados de la coca y la cocaína?
J.Q.: El tema de la regulación de la hoja de coca y de la cocaína lo que está mostrando es que se está recogiendo la evidencia a nivel mundial en cuanto a que el modelo prohibicionista no ha funcionado. También en que son más costosos los daños por la prohibición que por las sustancias.
Si miráramos un poco de historia de las drogas, cuando sustancias como la cocaína, la heroína, la marihuana fueron legales no generaban tanto daño proporcionalmente a su época, como el que se está generando ahorita que son prohibidas.
La regulación es el camino para minimizar los impactos negativos del consumo de una sustancia que es potencialmente nociva para la salud; pero que la gente no va a dejar de consumir.
Lo que nos está demostrando la regulación de la marihuana y de la heroína, en algunos países, es que reduce las tasas de delincuencia, las muertes por sobredosis, los motivos de violencia y el ingreso a las cárceles. También permite que todos los dispositivos de las autoridades en vez de estar concentrados en perseguir pequeños consumidores, persigan verdaderos narcotraficantes.
A su vez, no hay un aumento significativo en el consumo, permite el recaudo de impuestos, controla la calidad de las sustancias y genera que se trate el consumo como una enfermedad de salud pública. Son un montón de elementos que la evidencia está arrojando y son los resultados positivos de la regulación.
Pares: Algunos sectores que defienden la decisión del Gobierno señalan que el glifosato es el camino para que en Colombia disminuyan las hectáreas sembradas y para que se mitigue la resiembra, ¿Qué opina de esta afirmación?
J.Q.: El regreso del glifosato está demostrando dos cosas en este momento:
Primero, que las decisiones no las está tomando la evidencia, pues aunque se ha demostrado social, científica y técnica sobre el crecimiento de cultivos, las medidas siguen yendo por la vía contraria. Es decir, esa decisión política no tiene nada que ver con lo que se ha verificado, y es que justamente esa decisión política le juega a unos intereses económicos de, por ejemplo, los contratistas que venden el glifosato, intereses trasnacionales de seguirle el juego a orientaciones políticas externas, no solamente a Estados unidos, sino a las Naciones Unidas, que van en contra de lo que estamos viviendo. Intereses políticos de una ideología moral. Es un golpe y una crisis a la evidencia.
Ahora, si los políticos no toman decisiones basados por la evidencia pues va a tocar cambiar a los políticos. Porque la evidencia no va a cambiar.
Segundo, que es más aterrador todavía, una práctica sistemática que Iván Duque ha hecho —ya en otras ocasiones, como con el proyecto de la dosis mínima y como lo hizo en el marco de la pandemia— y es que a sabiendas de la inconstitucionalidad y la inviabilidad jurídica, constitucional y legal para poner en marcha este tipo de medidas; lanza decretos que van a estar vivos durante unos meses y unos años. Decretos que son ejecutados y operados a sabiendas de que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional se lo van a tumbar. Pero, también, sabe que no tiene porqué responder por ellos y, simplemente, se escuda en los errores jurídicos.
Entonces, aquí lo que vemos es una práctica recurrente en la que Duque y sus equipos ponen a rodar decretos aprovechándose de la incapacidad y la lentitud del Estado para detenerlos. Si así va a ser esto, entonces, ¿quién va a responder en unos años cuando nos demos cuenta de todos los desastres que va a cometer el glifosato ahorita? Nadie va a responder… alguien debería responder.