Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Luiza Valentina Rincón. 28 años. Mocoa, Putumayo; Alejandra Monocuco. 39 años, Bogotá, Cundinamarca; Ariadna Barros Ojeda. Santa Marta, Magdalena; Brandy Carolina Brown. 30 años. Barranquilla, Atlántico; Eilyn Catalina, 21 años. Medellín, Antioquia. Mateo López. 25 años. Circasia, Quindío. Shantall Escalona. 19 años. Medellín, Antioquia…
Así una y otra vez se ponen nombres; vidas asesinadas; luchas, algunas inconclusas, en una lista a la memoria, en una que no olvida que la violencia estructural y transfóbica va dejando a su paso el temor a construirse fuera de las normas de género, pero también que pone como consigna la valentía de salir a gritarlo, de seguir haciéndole frente a la rebeldía del ser, entendiendo como una postura política la disidencia sexual, corporal y de género.
El pasado 03 de julio, aun con una medida de aislamiento preventivo obligatorio decretado, casi 1.000 personas en las calles de Bogotá salieron a reclamar y exigir que el miedo no siga siendo el que detenga la construcción de identidades diversas. Que la pobreza y la falta de garantías para una vida digna no se convierta en la posibilidad que el Estado da para ser.
El 03 de julio, de nuevo, cada uno de los reclamos tuvo el nombre de cada mujer y hombre trans asesinados, que solo en la cuarentena suman, por lo menos, 07 personas, por las que se exige justicia, pero también que se brinden medidas y escenarios que eviten que las historias se sigan repitiendo, en un panorama que pone en contra hasta los organismos que deberían brindar protección.
Porque sí, en Colombia la Policía es uno de los actores que representan más riesgo para la comunidad trans; muestra de eso es que solo en el periodo de pandemia se hayan registrado casos como el del pasado 22 de junio, cuando cerca a la Calle 22 en Bogotá, miembros de esta institución hirieron arbitrariamente a mujeres trans en sus construcciones identitarias, provocando graves complicaciones de salud. O que, solo ocho días después, policías golpearan indiscriminadamente a una mujer trans al sur de la ciudad, sin que nadie de la institución se pronunciara al respecto.
A esto se debe agregar que según Temblores ONG en los últimos diez años se han presentado (entendiendo las dinámicas de subregistro que afectan a esta población), por los menos, 1.944 hechos violentos en contra de integrantes de la comunidad LGBT. Sobre esto la Defensoría del Pueblo reconoce que la fuerza pública “contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra mujeres lesbianas, hombres gais, hombres y mujeres bisexuales y personas transgénero”.
Ante todo esto y un contexto de violencia hacia las personas trans que pareciera acentuarse con la cuarentena y a causa de varios factores, Pares habló con Juli Salamanca, directora de Comunicaciones de la Red Comunitaria Trans.
Pares: Uno de los llamados que desde la Red se hizo respecto al caso de Mateo López es el tratamiento mediático que se está dando al informar sobre estos casos. ¿Cuál es la lectura que hacen?
Juli Salamanca: Los medios de comunicación no tienen la pedagogía ni el entrenamiento necesario para informar y documentar un caso como el de Mateo o como el de todas las personas trans acá en Colombia. Hemos visto que esto es un patrón y que no es nuevo; lo que hacen es no respetar los nombres de las personas trans y tomarlos como apodos o alias. Por ejemplo, en el caso de Alejandra Monocuco en toda la emisión de la nota que sacaron sobre ella estuvieron hablando de Alejandra como si ese fuera su apodo.
Hay que ser muy precisas diciendo que la Corte Constitucional ha sido clara con que los nombres de las personas trans deber ser reconocidos y respetados, no hacerlo es exponerlas a situaciones de discriminación y exclusión, es violentar su derecho a la igualdad, a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad y, además, es violentar su privacidad.
Por otro lado, hay que resaltar que los medios de comunicación cumplen un papel de pedagogía, en ese oren es muy importante para las personas trans que informen de una manera que no revictimice, ni desconozca las construcciones identitarias, utilizando, en principio, un lenguaje adecuado.
Adicionalmente, hay un tema al que los medios le entran a jugar el juego y es cómo se están registrando las muertes de las personas trans ante la Fiscalía, pues muchas de estas personas se ponen según su sexo biológico porque no tienen ni idea cómo aplicar un protocolo para personas trans; no hay un enfoque de género en el que se dé luces de un verdadero registro de muertes y asesinatos de personas trans en Colombia. Asimismo, hay que decir que volvimos a una guerra contra nuestras construcciones identitarias para sancionar algunos cuerpos. Hay un retroceso generalizado en cuanto a seguridad y bienestar en el país.
Pares: Al hacer una radiografía mediática durante la cuarentena van 07 personas trans asesinadas, ¿qué registro tienen ustedes?
J.S: En solo junio, que además es paradójico siendo el mes del orgullo, van, por lo menos 06 personas trans asesinadas. 06 mujeres que las mataron por ser trans. En el año, por lo menos, van 17 mujeres trans asesinadas, sin olvidar el subregistro tan grande que puede haber por lo que decía de los registros que hace la Fiscalía. Seguimos sin existir en vida y eso es más complicado cuando morimos.
Se podría decir que las personas trans morimos dos veces; primero, cuando nos matan, cuando nos apuñalan, cuando nos ponen el pie encima del Estado negligente. Segundo, cuando la Fiscalía registra las muertes sin legitimar nuestra construcción de género. Toda la vida en ese proceso para que cuando llegue el día de nuestra muerte salgamos mediáticamente como un alias, como un hombre vestido de mujer, o como un hombre con peluca; eso es muy doloroso.
Pares: Otra cosa importante de analizar es el registro de asesinatos que conocemos están situados en ciudades como Medellín, Barranquilla y Santa Marta, sin embargo, poco se encuentra de la situación en las regiones, ¿qué está pasando en estas zonas alejadas de las capitales?
J.S: Ser una persona trans en Colombia es una sentencia de muerte, y eso se potencia si se está en los territorios, pues allá la institucionalidad difícilmente llega para hacer veeduría de lo que está pasando. En los pueblos construirse fuera de la norma tiene más contrapesos. Si acá en Bogotá tenemos violencias muy fuertes, donde se supone que la discusión y las peleas por nuestros derechos es de alguna forma más fácil de darse, ahora trasladar ese panorama a lo rural pinta muchas más complejidades.
A eso se le suma la violencia, que en estos territorios no solo viene de actores armados ilegales, sino también de los legales, aclarando que en esa cadena de violencia no solo están las acciones, sino también las omisiones por parte de la institucionalidad.
En ese sentido es necesario preguntarnos qué está pasando con la política pública LGBTI. La semana pasada se tuvo que instaurar una tutela, una tutela para que el Gobierno Nacional reconozca los derechos de una población históricamente marginalizada, porque la política pública sigue engavetada y nada que se materializa. A esto se suma el reto, además darle vía a esa política, que también ésta se territorialice, porque además del tiempo que lleva guardada se le suma que esto se piensa desde la centralidad y no desde un panorama amplio.
Pares: ¿Qué ha pasado con el caso de Alejandra?
J.S: Hay que iniciar diciendo que Alejandra no murió, a Alejandra la mató el Estado con su negligencia. Hoy las cenizas de Alejandra ni siquiera las han entregado a su familia, para quienes es muy difícil costear el traslado de las cenizas. Acá hemos visto que no se ha logrado materializar el ejercicio de verdad y reparación tan importante para estos hechos victimizantes.
El caso de ella supuestamente sigue en investigación, pero no nos han dicho nada. Nosotras seguimos adelantando con el abogado Jorge Perdomo toda la demanda penal, pero estamos esperando una respuesta de la Alcaldía respecto a esa misma pregunta.
El caso de Alejandra también, hay que decirlo, es un retrato de las mujeres trabajadoras sexuales que siguen sin recibir ayudas, que siguen sufriendo de violencia de Estado. En este momento hay muchas Alejandras que viven con VIH y que no tienen acceso a la salud. Nosotras desde la Red con las entregas de subsidio que venimos haciendo, hicimos un ejercicio de censo comunitario de mujeres trans en Bogotá. Nosotras entregamos 1.000 de esas ayudas, de esas 1.000 mujeres el 80% no tenía acceso a la salud, ni siquiera carta de Sisben.
Esto es muy alarmante y debería ser un tema relevante para la Secretaría de Salud. ¿Qué pasa si una de estas personas se enferma? ¿Qué pasa si además esta mujer es venezolana? Porque esa es otra preocupación, ellas están en el total olvido. Si las mujeres trans colombianas que ejercen trabajo sexual están en situaciones muy vulnerables, las mujeres trans venezolanas peor aún.
Adicionalmente hay que decir que el caso de Alejandra se hizo visible porque fue muy doloroso, pero no es el único, y con todo esto seguramente no será el último.