Segundo cumplimiento a la tutela 2018-0057
Por: Redacción Pares
Por segunda vez en dos meses, la Fundación Paz & Reconciliación – Pares, haciendo cumplimiento al fallo de la tutela 057_2018 que viola el derecho fundamental de expresión y libertad de información, por decisión del Juez Carlos Julio Caviedes Hernández, reiteramos lo establecido en la respuesta pública del 24 de mayo de 2018:
En la tradición del trabajo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación – Pares, el día 12 de marzo de 2018 publicamos un informe que presentaba una lista de 42 candidatos electos al Congreso 2018-2022, que tienen serios cuestionamientos por sus alianzas con clanes políticos que se han beneficiado por sus vínculos con la ilegalidad, que han sido mencionados en los escándalos de corrupción (como Odebrecht y el Cartel de la Toga, entre otros), o que tienen cuentas pendientes con la justicia y entes de control.
Sobre este informe, como en años anteriores, Pares ha sido reprochado públicamente e intimidado con denuncias, por el hecho de mencionar con nombres y apellidos, cómo estos clanes políticos operan para elegir a personas jóvenes o recién llegados a la política que no han sido condenados y que no tienen procesos judiciales, pero que cuyo triunfo electoral está ligado al apoyo de esos clanes políticos y familiares; lo cual se denomina un gobierno en “cuerpo ajeno”. Sobre esto Pares siempre ha señalado que no existen delitos de sangre, sin embargo, si los votos mediante los cuales fueron elegidos se derivan del poder de esos nexos familiares y/o políticos, eso significa que gobernarán o estarán influenciados cuando ocupen los cargos por estos apoyos.
Es así como reiteramos que:
En el informe del 12 de marzo de 2018, no se puede interpretar que el electo Senador del Valle del Cauca José Ritter López tiene vínculos con paramilitares, lo que dice el informe es que pertenece al denominado Clan político de Dilian Francisca Toro quien fue objeto de investigaciones previas por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos.
La decisión del Juez Carlos Julio Caviedes Hernández no frenará las investigaciones académicas en las que seguimos avanzando sobre la relación de nuevos políticos con clanes políticos cuestionados.
Seguiremos denunciando para fortalecer la democracia en Colombia.
Juan Diego Castro
Coordinador de Comunicaciones
Pares
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Respuesta de rectificación donde se aclara dicha mención del señor Ritter López:
Bogotá, 24 de mayo de 2018
La Fundación Paz & Reconciliación – Pares
Señor,
En el mes de abril, la Fundación Paz & Reconciliación-Pares recibió una solicitud de rectificación por parte de José Ritter López, senador electo en los comicios del 11 de marzo de 2018 por el Partido Social de la Unidad Nacional, a raíz de un informe electoral denominado “los 42 congresistas de la ilegalidad 2018-2022”.
En el informe se entregó una primera lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes con importantes cuestionamientos, pero que a pesar de esto alcanzaron una curul en las elecciones legislativas (2018-2022). La mayoría pertenecen a clanes políticos que tienen un gran control de la política regional y una influencia decisiva en la política nacional. Cabe resaltar que, para las investigaciones académicas de Pares, la palabra Clan tiene una larga historia, hunde sus raíces en la antigua Suecia y ha saltado de una cultura a otra denominando siempre a grupos bajo la influencia de familias con poder político o territorial. En Colombia, es quizás la palabra más adecuada para definir entramados de poder que en los últimos treinta años han dominado la política regional y que, con pocas excepciones, se han nutrido de dineros ilegales, tráfico de influencias y manejo clientelista de las instituciones del Estado local, regional y nacional.
Los escándalos de corrupción o violencia en que se ven inmersos estos grupos son cada vez más frecuentes. En la coyuntura resaltan los ligados a los sobornos de la empresa Odebrecht y los vinculados al “Cartel de la toga”. Se le ha reprochado a la Fundación cada vez que se presentan estas listas, en las cuales se incluyen personas jóvenes o recién llegados a la política que no han sido condenados o no tienen procesos judiciales, pero que su triunfo electoral está ligado al apoyo de sus clanes políticos y familiares. Es lo que se denomina un gobierno en “cuerpo ajeno”. Globalmente, se le ha señalado a Pares el hecho de que no hay delitos de sangre. Sin embargo, si los votos mediante los cuales fueron elegidos se derivan del poder de esos nexos familiares, eso significa que gobernarán o estarán influenciados cuando ocupen los cargos por estos apoyos. Conviene subrayar que Pares no pretenden ni ejerce ningún papel de policía judicial, sólo aspira poner información transparente y oportuna sobre las alertas y riesgos ante la opinión pública.
El párrafo en el que se menciona específicamente al senador Ritter en el informe decía lo siguiente: “candidato al senado por el partido de la U. Aliado político de Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle y objeto de sendas investigaciones preliminares por nexos con grupos paramilitares y por lavado de activos. La Fiscalía formuló recientemente cargos a López por delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades”. En efecto, la aclaración que concierne en este caso, sobre la solicitud de rectificación, se refiere a la interpretación que se le da a la manera como está redactado el párrafo pero no en el fondo en la cita textual sobre el senador Ritter López. Se estipula en el párrafo que el candidato es “aliado político de Dilian Francisca Toro, (quien es) Gobernadora del Valle y Objeto de Sendas investigaciones preliminares con grupos paramilitares y por lavado de activos”. A lo que se refiere la cita sobre las investigaciones de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro y no de José Ritter López. Por lo tanto, lo que resalta su cuestionamiento para hacer parte del listado es su alianza con la gobernadora del Valle del Cauca, lo cual no es un error y merece estar en ese listado.
Cuestionamiento sobre Dilian Francisca Toro
El departamento del Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos con mayor índice de corrupción en el país. Adicionalmente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha sido investigada por presuntos nexos con paramilitares y lavado de activos. Sin embargo, pese a lo anterior, cuenta con el poder político y económico suficiente para mantenerse y apoyar a sus aliados en las elecciones, entre estos al senador electo José Ritter López.