Se ratifica condena al Estado colombiano por seguimientos ilegales al Cinep

Por: Juan Sebastián Peña

Editor - Pares

El Estado colombiano y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) han sido condenados por su responsabilidad en el desarrollo de seguimientos ilegales a integrantes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha confirmado, en segunda instancia, una sentencia emitida por el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, el 24 de julio de 2019, en la que se halló responsable al Estado de haber conseguido, a través de una operación irregular denominada “Transmilenio”, información personal de miembros de esta organización.


De acuerdo a lo comunicado por el Cinep, entre las actividades ilegales de inteligencia en contra de sus miembros, se comprobó la realización de perfilamientos, interceptaciones ilegales de las comunicaciones y seguimientos. Acciones con las que se violaron, entre otros, “derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del Centro y de sus integrantes”, se lee en el portal del Cinep. El objetivo de esta operación ilegal habría sido desacreditar la labor de este centro de investigación. Entre las víctimas, según señala El Espectador, habrían estado los sacerdotes jesuitas Javier Giraldo Moreno, Alejandro Angulo Novoa, Mauricio García Durán, Gabriel Izquierdo Maldonado, entre otros.


Es importante recordar que el escándalo por las ‘chuzadas del DAS’ consistió en una operación ilegal de espionaje y persecución estatal, desarrollada durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que estaba dirigida en contra de magistrados de las altas cortes, periodistas independientes, personalidades políticas de sectores de oposición, personas líderes y defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales. En el marco de estas operaciones que, en muchos casos, buscaban la estigmatización y el desprestigio de las personas e instituciones a las que se perseguían, fue que se desarrollaron los seguimientos ilegales a investigadores del Cinep.


Desde el 2011, después de que se empezara a abrir la caja de Pandora por este escándalo de persecución estatal, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) interpuso una demanda en contra del DAS argumentando que las actividades adelantadas por este organismo, para el caso concreto de los seguimientos a personas que hacían parte del Cinep, vulneraban los derechos de esta organización y los de sus miembros. De acuerdo a lo recogido por el centro de investigación, en la demanda que se interpuso en su momento, entre otros, se hacían planteamientos que fueron reconocidos en las sentencias de primera y segunda instancia, y que tenían que ver con que, en efecto, existió una operación ilegal de inteligencia ejecutada desde el DAS con la que se obtuvo información privada de personas y organizaciones a través de, por ejemplo, interceptaciones de correos electrónicos, de líneas telefónicas y seguimientos ilegales.


Ahora, con la ratificación de la condena inicialmente proferida en 2019, Martha Lucía Márquez, directora del Cinep, manifestó: “Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”.


Aunque el escándalo por las ‘chuzadas del DAS’ ocurrió hace más de una década, hechos como la denuncia realizada por Semana en el 2020, respecto a perfilamientos realizados durante el 2019 por parte del Ejército (mientras el general Nicacio Martínez Espinel era comandante de esta institución), en los que al menos 130 personas (entre las que se encontraban periodistas, personalidades políticas, personas líderes y defensoras de derechos humanos, entre otras) habrían sido objeto de esta operación de espionaje, demostrarían que la persecución y la vigilancia contra sectores contradictores al Estado, en Colombia, continuaría siendo un instrumento de control utilizado para violentar los derechos, estigmatizar y deslegitimar la labor de personas y organizaciones opositoras al Gobierno de turno.