Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
Este fin de semana se hizo viral un video en redes sociales que dejó ver las medidas represivas utilizadas por parte de la policía y algunos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en contra de vendedores ambulantes. En las imágenes se aprecia cómo, luego de decomisar unas empanadas en un puesto callejero, los funcionarios del distrito, custodiados por la policía, las rociaron con detergente clorox.
Este episodio se suma a la polémica desatada desde el pasado lunes cuando se conoció que la dueña de un puesto de empanadas y su comprador fueron multados por más 800.000 pesos por incentivar la compra y venta de productos en espacios públicos.
Mala interpretación del Código de Policía
“Yo creo que hubo una mala interpretación del artículo 140. Ese artículo está tan mal redactado que se presta para cualquier interpretación”, dijo a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares el experto en seguridad urbana y nacional, Hugo Acero.
De acuerdo con Acero hay dos aspectos para señalar en el tema de los vendedores por los cual se ha vuelto de interés público. Algunos se preguntan si comprar en la calle es ilegal, y si eso podría acarrear multas. Ahora bien, otros se preguntan, por qué en Bogotá se aplica con más fuerza la norma que en otras ciudades.
“Lo primero es que, como cualquier norma, existen distintas formas de interpretación. Los esfuerzos que hay que hacer en materia legal es por tratar de ser lo más claro posible a la hora de escribir cada uno de los artículos”, agregó.
“Lo segundo es que la norma se expide para aplicarla. Estamos acostumbrados en Colombia a sacar normas que nunca aplicamos”, sentenció, pues según él, esta no es la única norma que se pasa por alto.
Pero destacó que no se puede pretender que el espacio público llegue a ser completamente libre. “Lo que sí hay que hacer es que el espacio público se debe convertir en un lugar donde el Estado regule su uso, es decir, que arriende el espacio público para unos vendedores ambulantes, pero en buenas condiciones.”
En Bogotá intentaron implementar esta propuesta. Sin embargo, las “casetas” o espacios que fueron alquilados quedaron muy mal diseñados. Los vendedores ambulantes quedaban a la intemperie y en muy malas condiciones de seguridad.
¿Las multas son un negocio para la ciudad?
El polémico artículo, que ya han sufrido en carne propia varios vendedores ambulantes, corresponde al 140 del Código de Policía expedido en 2016. En este se señala que “ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes” iría en contra de la ley. Apoyándose en este articulado, la policía ha impuesto una serie de sanciones económicas desde la semana pasada.
Pares habló con algunos vendedores ambulantes y hubo dos posiciones contrarias: por un lado, hay quienes dicen que ellos tienen el derecho de utilizar el espacio libremente sin ningún costo; y por el otro, hay quienes consideran que está bien que el gobierno de la ciudad los reorganice en ciertos espacios, pero con precios ajustados a su bolsillo.
De acuerdo con Acero, las multas impuestas no ascienden a grandes cifras para la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Según información que citó del diario El tiempo, alrededor de 500 mil multas se han aplicado al primero de enero de este año.
Pero solamente de las multas impuestas han pagado el 0,8%, “entonces ese es un recurso muy bajo si alguien dijera que la administración se está llenando o que los alcaldes o los gobernadores o que las autoridades se están llenando los bolsillos a punta de multas porque la verdad el pago es de lo más bajo”, expresó.
Acero también explicó que estos recursos entran a la tesorería de los municipios y se utilizan para programas preventivos y para temas de convivencia.
Hasta dos millones por metro de espacio público
Aunque ninguno de los vendedores que hablaron con Pares contó sobre las supuestas cuotas de extorsión que les cobrarían las autoridades para dejarlos vender a sus anchas en el espacio público de la capital, Acero explicó que, si se termina con este tipo de delitos, incluso les saldría más económico a los vendedores pagarle una mensualidad al gobierno para vender, que una supuesta extorsión quincenal o mensual a la policía o a las mafias del espacio público.
“Se deben hacer unos diseños en donde unos vendedores ambulantes puedan pagar un arrendamiento y pagar unos impuestos y utilizar el espacio público. Esto es más económico que los miles y algunas veces millones de pesos que cobran las mafias del espacio público”, aseguró.
De acuerdo con el experto, en Bogotá hay territorios en donde al mes, por un metro cuadrado, le cobran de 1 a 2 millones de pesos a los vendedores de la calle para que puedan permanecer en el espacio público.
La OCDE señaló en un informe que en Colombia los profundos problemas estructurales del mercado laboral se evidencian en la elevada tasa de “autoempleo” con el 52% de la población en comparación con el 27% en México.
Ariel Ávila, subdirector de Pares, dijo que desde el gobierno nacional, por medio del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se buscan alivianar esas cifras para disminuir las del desempleo. Por eso, una medida es sacar a los vendedores del espacio público y que paguen arriendo en locales comerciales.
“Se dice que los que ganen menos del salario mínimo van a poder cotizar a pensiones”. Según el analista, eso significa que los van a formalizar a la fuerza.
Corrupción de las autoridades
Aunque Acero se refirió a las mafias que viven de economías ilícitas, ha habido casos en los que las mismas autoridades se han visto implicadas en estos casos de corrupción. En 2017 el intendente Jamir Chavarro Andrade y el patrullero José Roberto Marín Villa fueron capturados y enviados a la cárcel “como supuestos autores del delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo”, de acuerdo con información de la Fiscalía.
El episodio ocurrió en agosto de ese año cuando los uniformados, pertenecientes al CAI del barrio Modelia, y quienes realizaban patrullaje, comenzaron a pedirle dinero a los vendedores ambulantes de la zona, para permitirles trabajar en el espacio público.
“Al parecer exigían 700.000 pesos mensuales, y se conoció que un puesto de venta alcanzó a pagar $400.000 pesos; sin embargo, los amenazaban con levantarlos del lugar”, señaló el texto del ente judicial.
Pese a las distintas mafias “hay también funcionarios corruptos claro, pero que desde luego hay que atacar todos los frentes”, concluyó Acero.