Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Los oferentes del servicio público de energía eléctrica en el país están “fríos” y pronto se calentarán. El presidente de la República, Gustavo Petro, les ha dicho que intervendrá la tarifa eléctrica, pues este es un factor que se ha vuelto determinante para aumentar la pobreza en Colombia. Y que, a la vez, coloca en tensión el orden público, al ser los paros y manifestaciones públicas la única forma que tienen los usuarios-consumidores de protegerse.
Petro les ha dicho a los empresarios que su gobierno buscará modificar la fórmula tarifaria para calcular el precio del servicio de otra manera. Con esto intentará controlar el alza desproporcionada que sufre este servicio en el país, el cual alcanzó en agosto de este año, según cifras del DANE, una variación acumulada del IPC del 25.9%. Y que en ciudades como Santa Marta, en la Costa Atlántica, supera el 49%, lo que profundiza y aumenta la crisis económica en los hogares.
Este anuncio de intervención lo hizo Petro el 09 de septiembre en Cartagena, en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO, la asociación que agrupa a los empresarios de los servicios públicos domiciliarios y comunicaciones en Colombia. Allí el presidente advirtió a los empresarios que le pedirá a su ministra de minas y energía, Irene Vélez, que ponga en práctica las funciones estatales que tienen, aquellas que, incluso, quedaron consignadas en el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque, las cuales les permite intervenir en el establecimiento de la fórmula tarifaria.
Esto significa que el actual gobierno quiere retomar algunas de las tareas que le dio la misma norma que creó el mercado de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Allí, en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, se le confiere al presidente de la República el poder para intervenir en el modelo energético del país y cambiar la forma como se establece la tarifa de los servicios públicos.
Funciones que la Presidencia le ha delegado, por casi tres décadas, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero que debido a varios problemas, entre ellos, la imposibilidad de cambiar la fórmula tarifaria, a causa del poder de la industria, no le está siendo posible realizar bien su trabajo. Además, no ha sido debidamente acompañada por las superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios Públicos Domiciliarios para regular y hacer cumplir las normas del mercado.
Las grandes empresas han logrado mantener casi intactas las leyes bajo las cuales se gobiernan, logrando construir procesos para mantener los precios que más les favorecen; de allí que, según Petro, se vea este servicio como una “especulación financiera”. Un mercado complejo donde las empresas comercializadoras acuden al mercado para comprar energía. Allí con los generadores de energía elaboran contratos de largo plazo –llamados forwards– en los que hasta las empresas más pequeñas pueden fijar un precio marginal elevado de la energía. Son pactos libres entre empresas de comercialización y generación, siendo lo más importante para ellas la tasa de retorno, presentando una conducta estratégica para elevar esos precios y nunca retornar a un nivel de equilibrio, perjudicando siempre al consumidor.
La confluencia de estos aspectos ha provocado que hoy tengamos una tarifa del servicio público de electricidad que refleja muy bien el poder que tienen los diversos grupos de interés en los distintos componentes que tiene la tarifa. Esta la estructuran, en primer lugar, por las cuatro actividades básicas del servicio: generación, transmisión, distribución y comercialización, y, en segundo lugar, se remuneran las pérdidas del sistema y las restricciones, estas dos últimas remuneran las pérdidas de energía y las ineficiencias que se generan en las actividades de generación y transmisión.
Lo que significa que en la tarifa actual, el componente de la generación de energía es el que mayores ingresos y beneficios obtiene del sistema, o al menos es el que obtiene retornos bastante generosos. De allí que Petro se pregunte: ¿por qué si el insumo de la generación es tan abundante (el agua), eso no se refleja en la tarifa? Y la respuesta está en que los generadores se han cuidado de presionar al regulador para que fije las tarifas de acuerdo a una regla de costos –en la que se incluyen todos los costos de producción– y oferta de energía, donde el precio de la energía que está cobrando es el de bolsa, que coincide con los precios altos de los mercados de futuros.
Ante esta situación, como lo advirtió el presidente, se propone como solución intervenir el sector, específicamente la manera como se fijan los precios de la energía en la bolsa. Hacer uso del poder que le asigna la ley de vigilar, controlar y regular este servicio. Con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de velar por que estos servicios se presten al mayor número de personas y al menor costo posible. Es decir, cuidar el interés general y público de los y las colombianas.
En conclusión, se avecina una intervención del Gobierno Nacional en el sector de los servicios públicos domiciliarios. Una intervención que se focalizará, en primera instancia, en subsidio a los estratos socioeconómicos más bajos, pero que estará dirigida a dar un cambio en la fórmula del cálculo de la tarifa del servicio de energía. Una decisión que tiene con los ojos bien abiertos a la industria, debido a la preocupación en el cambio de las reglas de juego. De hacerlo, será una de las grandes modificaciones de este sector luego de casi 30 años de funcionamiento en los que el mercado de energía no se ha podido tocar.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.