Por: Laura Cano
Periodista Pares
Este martes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del interior, en cabeza de Daniel Palacios, instaló y comunicó cuál será el enfoque de la Comisión Nacional para la coordinación y seguimiento de Procesos Electorales, en cuanto a la seguridad en las elecciones desde el rol de las fuerzas militares y la policía. Esta Comisión está encargada de asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos.
La Comisión se estableció a través del Decreto 2821 de 2013 e integra un trabajo nacional como departamental, municipal y distrital para brindar las garantías mencionadas. Asimismo, también le compete coordinar el suministro de la información electoral, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil; así como promover, a través de la autoridad competente, las acciones preventivas en relación con la seguridad de los candidatos, los promotores de mecanismos de participación ciudadana, las sedes de campaña, los comicios, la seguridad y la libertad de los sufragantes y los puestos de votación.
Justamente, en relación con esto último, durante la instalación de la Comisión se habló sobre el Plan Ágora 2, el cual tiene seis subcomisiones relacionadas con: participación indebida en política; financiación de campañas; riesgos electorales, orden público; protección y tolerancia; y no violencia y no estigmatización. Además, también se presentó el Plan Democracia, el cual, como se menciona desde el Ministerio, garantizaría la transparencia y seguridad en las elecciones de 2022.
Sobre esta Comisión, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, aseveró que: “es una instancia de mera articulación interinstitucional, donde solamente por la calidad de quienes hoy tienen asiento ahí es una endogamia de clanes, partidos tradicionales e irregularidades. Las funciones de esta instancia dependen de la voluntad de cada una de las entidades, y las más importantes hoy son la Registraduría, los órganos de control y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. Todas cooptadas, a excepción de la UIAF. Pero no hemos visto grandes resultados hasta este momento. Apenas la Procuraduría dijo que había 13 inhabilitados, pero no dijo quiénes...
Es realmente preocupante que esta comisión cumpla con sus objetivos”.
Sobre esto último, hay que mencionar que la Procuraduría informó que luego de que la Registraduría recibiera en diciembre las listas de las candidaturas inscritas (para ese momento 2.830 candidaturas), el ente de control tras un proceso de verificación de antecedentes comprobó que habían 13 candidatos inhabilitados para ejercer cargos públicos. No obstante, y como lo mencionaba Salazar, esta información no fue profundizada, ni tampoco se dejó saber de quiénes se trataba.
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Por otro lado, y durante la instalación de la Comisión, Palacios puntualizó que para materializar los objetivos de la instancia, se asignaron más de 1.300 hombres de protección que se encuentran asignados a esquemas de seguridad. De estos, 846 son de la Unidad Nacional de Protección; y 487, de la Policía Nacional. Estos ya estarían siendo parte de los esquemas de protección de candidatos al Congreso, a las curules de víctimas y a candidatos a la Presidencia. Además, para dar cumplimiento a los objetivos de la Comisión, también fueron dispuestos y asignados 462 vehículos blindados, y más de 185 vehículos convencionales. Se señala también que de los 925 candidatos al Senado, 150 tienen medidas de protección. Mientras que de los 1493 candidatos a la Cámara, 141 cuentan con estas herramientas.
“Esta Comisión plantea un pie de fuerza en materia de protección de los candidatos. Pero estamos viendo un incremento conforme llegamos al día de las elecciones de hechos victimizantes a candidatos y a los mismos partidos. La labor no es solamente medir cuántos tienen escoltas o camionetas blindadas, el problema es que no se ha desplegado una estrategia para desmantelar de raíz el fenómeno de violencia político-electoral del país”, agregó Salazar.
Sobre esto, según el seguimiento que se ha hecho desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, entre el 13 de marzo de 2021, fecha que marcó el inicio del calendario electoral, hasta el pasado 7 de octubre se presentaron, al menos, 62 hechos de violencia electoral que dejaron 79 víctimas. Esto quiere decir que, aproximadamente, cada 3 días una persona estaba siendo víctima de este tipo de violencia política en Colombia. En dicho reporte también se expone que en 2021 hubo dos meses que fueron aún más letales para quienes tienen un ejercicio político: junio y septiembre.
De hecho, también se encontró que los casos se concentraron en Valle del Cauca (11), Antioquia (6), Magdalena (5), Norte de Santander (4), Cauca (4), Atlántico (4) y Caquetá (4). Asimismo, es importante mencionar que el 52% del total de las víctimas eran del Valle del Cauca (11), Norte de Santander (10), Antioquia (6) y Magdalena (6). Además, del total de víctimas (79), 68 fueron amenazadas, y 11 fueron asesinadas.
Así las cosas, es necesario poner la lupa sobre esta Comisión. Primero, para verificar la efectiva articulación que debe tener entre instituciones estatales, segundo, para evaluar la efectividad de las medidas y acciones que están tomando, pues es un hecho que la violencia en el marco de las elecciones ha venido en aumento, y como se ha advertido desde Pares en distintas ocasiones, este panorama puede empeorar en cuanto se acerque el día en que la ciudadanía acuda a las urnas.