Se cayó la moción de censura al ministro de defensa Diego Molano

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional

Línea de Democracia y Gobernabilidad


El 26 de abril se realizó un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes al que fue citado el ministro de defensa Diego Molano por los hechos ocurridos durante el operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, del pasado 28 de marzo.


La moción de censura, de acuerdo al numeral 9 del artículo 135 de la Constitución política de Colombia, es un instrumento de control político que posibilita retirar a ministros de sus cargos por no cumplir o desestimar sus funciones. La moción requiere ser citada por, al menos, la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara.


La citación a la moción de censura se dio el pasado 12 abril, citada por 36 representantes a la Cámara por presuntas omisiones a diferentes funciones de Molano como ministro de defensa, en razón del operativo de Puerto Leguízamo, en la que se violaron normas del Derecho Internacional Humanitario.


Para la aprobación de la moción de censura se requería el voto afirmativo del 51% de la corporación que la haya citado, en este caso, necesitaba 85 votos a favor de la moción en la Cámara de Representantes.


Sin embargo, como se preveía por la composición política de la Cámara, se dieron 28 votos a favor, mientras que 116 representantes a la Cámara votaron en contra. Esto quiere decir que Diego Molano continuará siendo ministro de defensa y que la Cámara de Representantes no lo podrá citar a otra moción de censura por estos hechos.


Molano salió impune: tampoco asistió al debate de control político


Para el 3 de mayo Molano también había sido citado a un debate de control político por el operativo de Puerto Leguízamo, junto con Lina María Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).


Dicho debate fue establecido mediante la Proposición 82 por los senadores de la Alianza Verde Angélica Lozano y Antonio Sanguino, para que Molano respondiera ante la plenaria del Senado sobre “las operaciones militares que ha realizado el Ejército Nacional y en los cuales han sido víctimas civiles y menores de edad”. Esto en el marco del mencionado operativo, en el que una de las víctimas fue un menor de 16 años.


Por estos hechos, el senador Antonio Sanguino señaló que: “el ministro Molano debe renunciar ante el macabro hecho que intentan justificar. Estamos hablando de la vida de un joven de 16 años, como otros menores que han muerto en operativos militares bajo la política de seguridad democrática del Gobierno Duque. Esto es indignante e insostenible”.


De igual forma, la senadora Angélica Lozano sostuvo que las denuncias de la comunidad eran diferentes a la versión entregada por el Gobierno, implicando que hay información que demostraría una posible masacre en Puerto Leguízamo.


El debate de control político debió hacerse el mismo día que el de moción de censura, el 26 de abril, pero fue aplazado para el 3 de mayo. Sin embargo, ese día la plenaria del Senado fue cancelada, porque Diego Molano aseguró que se encontraba en la región de la Orinoquía atendiendo asuntos extraordinarios de seguridad nacional, por lo que se aplazó de nuevo la sesión.


El cuestionado operativo


Como ya registró la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el 28 de marzo tuvo lugar una operación por parte de la división de asalto aéreo del Ejército Nacional en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo. Al momento del operativo se estaba realizando un bazar para financiar proyectos comunitarios.


Según el Ejército, con la operación se buscaba capturar a uno de los líderes de la Segunda Marquetalia de las FARC. Sin embargo, el operativo terminó con la muerte de 11 personas que, de acuerdo con la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), no eran guerrilleros.


Asimismo, testimonios de sobrevivientes del operativo y miembros de la comunidad han sostenido que las personas asesinadas eran campesinos que no pertenecían a ninguna estructura armada ilegal, contrario a lo que sostuvo Molano en el debate de moción de censura, refiriéndose a ellos como cocaleros.


De igual forma, como lo dijo la representante Katherine Miranda, citando al informe de Misión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo sobre las veredas Alto y Bajo Remanso, dos muertos no habían sido presentados por el Ejército, por lo que serían 13 los asesinados y no 11. Estas dos personas, como se puede ver en el informe, son Daniel Eduardo Paredes Sanjuan y Lizandro Paredes Sanjuan, quienes, incluso, habían sido miembros del Ejército.


Sumado a ello, otras citantes de la moción de censura, como María José Pizarro y Juanita Goebertus, expusieron que en el operativo se habrían vulnerado los Convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de los conflictos de carácter no internacional. En especial el principio de distinción, el cual establece que “las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares, por un lado, y personas civiles y bienes de carácter civil, por el otro, y atacar sólo a los objetivos legítimos”.


Pese a estos argumentos expuestos por los citantes de la moción de censura, esta no pasó y, por ahora, Diego Molano continúa en su cargo como ministro de Defensa.