Por: Dennis Arley Huffington. Investigador Regional de la Oficina Pares-Pacífico.
El martes 03 de noviembre las comunidades ribereñas de Sabaletas y Anchicayá revivieron los estragos de lo que fue el conflicto armado en sus territorios cuando un grupo de encapuchados, que se movilizaba en dos lanchas, incursionaron disparando contra las viviendas de manera indiscriminada, saqueando los establecimientos comerciales y hurtando lanchas, motores y gasolina, esta una brutal acción dejó una persona asesinada.
Comunidad frágil y sin garantías de seguridad
A las 5:45 de la mañana la comunidad de la parte baja de Sabaleta se percató de la presencia de dos lanchas con motores 200 que subían por el río, este tipo de motores no es común que sea utilizado sus habitantes, lo que levantó sospecha de que se trataba de integrantes de alguna agrupación ilegal armada.
A las 6:00 am llegaron al poblado de Sabaletas donde ingresaron a varias tiendas y casas para saquearlas, posteriormente asesinaron a Cristian Estrella Riascos, comerciante de la zona a quien además le balearon y quemaron su camioneta, la cual era utilizada por los habitantes de Anchicayá y Sabaletas para trasladar enfermos y personas que lo requerían hasta el casco urbano de Buenaventura. Las acciones violentas dejaron sin fluido eléctrico por dos días a esta zona.
Los hombres armados subieron hasta la vereda San José, parte baja del río Anchicayá, allí dispararon contra la vivienda de uno de los integrantes de la junta directiva del consejo comunitario mayor de Anchicayá a quien además le hurtaron dos lanchas y dos motores.
La tragedia no fue peor porque la comunidad alcanzó a huir hacia las montañas cuando llegaron los armados al caserío. Horas más tarde una de las lanchas fue vista ingresando por el estero del barrio Juan XXIII, zona urbana de Buenaventura con ocho (8) integrantes desconocidos. La incursión armada duró 3 horas sin una respuesta rápida de las autoridades, quienes tienen presencia en el puente de Sabaletas a escasos kilómetros de donde ocurrieron los hechos y que solo apelaron a dar un parte simple de lo sucedido, bajándole el perfil a la situación que para la población recordó los peores años cuando ocurrieron las masacres paramilitares al inicio del siglo XX.
El temor de la comunidad
Una fuente le manifestó a Pares Pacífico que hay 39 familias “con las maletas listas” para desplazarse desde Anchicayá hasta el casco urbano de Buenaventura. A pesar que en esta zona no se conoce presencia de grupos armados ilegales, intuyen una disputa territorial abierta y desconfían en la capacidad de las autoridades para prevenirla.
Además, manifestó que se trataría del ELN quien ha estado incursionando desde Raposo y Mayorquín, donde ejercen control territorial, para hurtar los motores desde las lanchas de los pescadores que se desplazan por los esteros del río. Por ahora se ha contenido el desplazamiento, la gente no se quiere desplazar pero les urge el acompañamiento de la Fuerza Pública, exigen que haga su trabajo, pero que también lleguen los apoyos psicológicos, económicos y sociales de las instituciones.
Esta agrupación tiene la intención de tomarse la cuenca del río, asegura otra fuente, por eso “las personas que brindan servicio en la comunidad están siendo blanco de la violencia, se trata de un atentando en contra del gobierno propio”.
A esto se le suma que en Sabaletas el grupo narcotraficante Clan de los Bustamantes son propietarios de algunas tierras y fincas, lugares a los que algunos de sus miembros van de esparcimiento los fines de semana y que les sirve de retaguardia, lo que podría desencadenar enfrentamientos armados entre estas agrupaciones, situación semejante a la que se ha presentado en los barrios del casco urbano con algunas facciones del grupo delincuencial La Local.
Ante este panorama, los líderes de la comunidad le solicitan a la administración distrital, autoridades militares, organizaciones no gubernamentales y organismos defensores de derechos humanos acompañamiento y atención en terreno para prevenir una tragedia que para ellos está anunciada y evitar un desplazamiento masivo por el terror de repetir las consecuencias de la guerra ya sufridas cuando guerrillas y paramilitares se disputaban el territorio. Imagen: Pares.
El panorama local
Al día siguiente de ocurridos los hechos, el alcalde Víctor Vidal citó a consejo de seguridad extraordinario, se dispuso pie de fuerza en Sabaletas, por lo cual los líderes hacen el llamado de que también sea atendida la parte baja del río Anchicayá en las veredas Coco, el Llano, Santa Bárbara y San José. En el consejo de seguridad se ordenó la citar al subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición para el jueves 5.
En él se pretenden establecer el protocolo de seguridad para el ingreso a la zona y las rutas de atención a la población, además de atender las denuncias puntuales. Como estamos en pandemia muchas instituciones no están presentes o en terreno y solo se atina a decir que cualquier ingreso lo cual requiere previamente un tamizaje.
La intención es que a más tardar en dos días los organismos de derechos humanos y autoridad distrital puedan tener presencia tanto en Sabaletas como en Anchicayá para prevenir el desplazamiento de la comunidad. También quieren evitar la falsa percepción de seguridad que le daría si la presencia fuera solo militar. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, hoy la alcaldía o el distrito se ven en la obligación de asumir dicha responsabilidad casi de manera solitaria.
En los últimos meses, organizaciones no gubernamentales como ACNUR, ONU DD.HH, ONU Mujeres, han cerrado sus oficinas en la ciudad y otras como la Defensoría del Pueblo no están yendo a terreno por la coyuntura del COVID-19, panorama que reduce la capacidad de respuesta rápida en situaciones humanitarias en el distrito por la experiencia en campo que este tipo de instituciones tienen.
Esto ha generado que hoy los líderes de estas comunidades no tengan claridades con la ruta a seguir en materia de protección y autoprotección, además que desconfían de muchas instituciones o no tienen la suficiente información para guiar el actuar en caso de nuevas amenazas a líderes que ya salieron huyendo de la zona, quedando vulnerables en medio de un contexto de crisis por los aumentos en los asesinatos de líderes sociales en todo el territorio nacional y la estigmatización contra las comunidades étnicas del país. Los recuerdos de conflicto llegan revueltos de incertidumbre y la paz se escurre entre las pocas fuerzas que da la esperanza: “no nos dejen abandonados” insisten.