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Riesgos y desafíos amenazan las elecciones regionales: Defensoría emite Alerta Temprana

Por: Katerin Erazo, Periodista


Foto tomada de : Caracol Radio


A medida que se aproxima la fecha del 29 de octubre, en la cual Colombia se prepara para una nueva jornada electoral crucial, se encienden las alarmas ante los desafíos y riesgos que amenazan con afectar el proceso democrático. Las elecciones regionales para elegir gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales de ciudades y municipios, y ediles de las Juntas Administradoras Locales se perfilan como un momento clave en la vida política del país. Sin embargo, la sombra de la violencia y la presencia de grupos armados en algunas zonas del territorio nacional plantean interrogantes sobre la integridad y seguridad de estos comicios.


La Defensoría del Pueblo, como entidad encargada de velar por los derechos fundamentales y la garantía de la democracia, ha emitido esta mañana una Alerta Temprana 030 del 2023 que revela el panorama de riesgo y los generadores de violencia que pueden afectar las elecciones regionales. Esta alerta no solo refleja una fotografía cruda de la situación actual, sino que también destaca la necesidad urgente de abordar los problemas que amenazan con socavar el proceso electoral.


Con un enfoque especial en los municipios del país, la Alerta Temprana identifica que 399 de ellos se encuentran en riesgo extremo y alto de experimentar hechos de violencia que podrían tener repercusiones directas en el proceso electoral. Entre estos municipios, resaltan los 113 catalogados en riesgo "extremo", en los cuales existe una alta probabilidad de ocurrencia de actos violentos durante el proceso electoral. Carlos Camargo, el defensor del Pueblo, destacó que estas zonas son aquellas donde los grupos al margen de la ley han realizado acciones que amenazan la tranquilidad de la población.


Sin duda, estas cifras no pueden pasar desapercibidas. El aumento del 39% en el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre de 2019, sumando 274 municipios más en la lista de preocupación, refleja una tendencia alarmante que exige una respuesta enérgica y coordinada.


Según Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación en la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la metodología empleada por la Defensoría del Pueblo en la emisión de estas alertas tempranas implica un proceso de análisis en el que se entrelazan datos relacionados con actos victimizantes. Este enfoque no se limita únicamente a figuras políticas o líderes, sino que también incluye a defensores de derechos humanos. Se cruzan datos concernientes a la vulneración de derechos humanos que involucran a figuras públicas en general, y esta información se combina con datos sobre la presencia de grupos armados.


Dentro de estos municipios de alto riesgo se encuentran ciudades como Arauca, Florencia, Quibdó, Neiva, Cúcuta y algunas localidades de Bogotá. Además, Nariño, como departamento, muestra una situación crítica con 17 municipios identificados con una alta vulnerabilidad en términos de Derechos Humanos. Estos municipios enfrentan amenazas y retos que van más allá del ámbito electoral, y sus habitantes viven en una constante tensión que afecta la calidad de vida y la libertad de participación política.


La presencia y actividad de grupos armados ilegales, tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos del crimen organizado son factores determinantes que inciden en el riesgo y la violencia en estas zonas. Camargo señaló que el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas ha identificado la injerencia de estos grupos como fuente de amenaza tanto para las comunidades como para el proceso electoral en sí.


Juan Alejandro Pérez subrayó que la Línea Democracia y Gobernabilidad observa con inquietud la persistente tendencia, desde octubre, en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se han registrado niveles preocupantes de victimización. Esta preocupación se alinea con las observaciones de la Defensoría. Cabe resaltar que la Línea ha enfatizado la importancia de incluir garantías en los acuerdos de cese al fuego y en las conversaciones entre el Estado, bajo la administración de Gustavo Petro, y los grupos armados.

Además, la Línea considera de vital importancia establecer un consenso entre todas las partes involucradas, tanto los grupos armados que dialogan con el Gobierno como aquellos con los que el Gobierno mantiene un canal de comunicación. Esto es esencial para garantizar un conjunto mínimo de garantías que aseguren la realización tranquila de las elecciones. Pérez enfatizó que cuando habla de elecciones se refiere a todo el período que abarca el calendario electoral hasta el veintinueve de octubre.


El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó a una respuesta integral por parte de las instituciones estatales, con el objetivo de prevenir riesgos en materia de derechos humanos, amenazas, homicidios y extorsiones. Sin embargo, más allá de la respuesta gubernamental, se hizo un llamado a la ciudadanía, a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales a trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la transparencia de las elecciones.


La preocupación no se limita únicamente a la seguridad física de los ciudadanos y candidatos, sino también a la idoneidad de los aspirantes a cargos públicos. La Procuraduría reveló que un total de 676 candidatos inscritos para las elecciones regionales presentan sanciones o inhabilidades que podrían impedirles ejercer sus funciones. Este hallazgo recalca la necesidad de un proceso de selección riguroso y exhaustivo, así como de un compromiso por parte de los candidatos para cumplir con los requisitos legales.


Es importante resaltar que en el más reciente informe sobre violencia político-electoral se revela que entre los actos perpetrados, una proporción significativa carece de información sobre el perpetrador, ya sea en términos de identidad o afiliación. Sorprendentemente, solo el 10 por ciento de los casos pueden ser atribuidos al Clan del Golfo, mientras que el 9 por ciento involucra a un grupo armado derivado de las FARC en proceso de paz. Similarmente, una disidencia se encuentra asociada al 9 por ciento de los incidentes, y otro 9 por ciento queda en la categoría de "otros". La presencia del ELN es evidente en un escaso 5 por ciento de los sucesos, mientras que las Águilas Negras contribuyen con tan solo el 1 por ciento. (Ver: Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023)


A medida que el calendario electoral avanza, las miradas están puestas en las zonas de alto riesgo identificadas en 16 de los 32 departamentos del país. La incertidumbre se mezcla con la esperanza de que, a pesar de los desafíos, Colombia pueda demostrar su resiliencia y compromiso con la democracia. En última instancia, el desafío recae en todos los ciudadanos, instituciones y actores políticos para garantizar elecciones libres de violencia y manipulación, donde la voluntad del pueblo pueda expresarse sin temor ni obstáculos.


En el próximo informe sobre violencia político-electoral, programado para ser publicado en los próximos días, se ha identificado una inquietud adicional más allá de la región del suroccidente de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. La Línea Democracia y Gobernabilidad expresa una creciente preocupación con relación a la situación en dos departamentos específicos: Tolima y Huila. En estos territorios, se ha observado un incremento en los casos de violencia política durante los últimos meses, lo que suscita la necesidad de brindarle una atención especial.

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