Retos con la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Catatumbo

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

El Gobierno nacional está recurriendo, en el marco de la política de Paz Total, a una serie de innovaciones institucionales para avanzar en la construcción del bien público de la paz en Colombia. La última innovación la presentó este 3 de mayo de 2025, cuando las delegaciones del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz y del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las FARC-EP, reunidas en San José de Cúcuta, Norte de Santander, firmaron el Acuerdo de Catatumbo, y en él la conformación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en este territorio.

La ZUT es una novedosa figura jurídica, que tiene sustento en la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total y el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025. Estas normas le permiten al Gobierno nacional delimitar espacios geográficos para la concentración de tropas con las que se busca construir acuerdos de paz y preparar el terreno para la dejación de armas. En este caso específico con el Frente 33 del EMBF, que hace parte del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte.

El objetivo del Gobierno, con la creación de esta ZUT en el Catatumbo, y de manera más precisa, en el área rural del municipio de Tibú, es, en principio, reducir la violencia que se vive en esta región desde el mes de enero de 2025, la cual ha dejado miles de personas desplazadas y confinadas. También, facilitar los diálogos de paz entre las delegaciones de negociación, con el fin de llegar a acuerdos definitivos. Y finalmente, poder el Gobierno avanzar en la implementación de los acuerdos humanitarios y de desarrollo territorial, que le permitan atender de manera rápida la tragedia humanitaria que se tiene en esta región.

Esta es una muy buena noticia para el país, en términos de que, a quince meses de finalizar el gobierno Petro, se recogen nuevos frutos de la política de Paz Total. Pues el Acuerdo de Catatumbo debe leerse como un paso fundamental para que se firme, en poco tiempo, con el Frente 33 del EMBF FARC-EP el fin de la guerra, el regreso a la vida civil de los combatientes de una fracción que no quiso acogerse al Acuerdo Final de paz del 2016 y del inicio de un programa de reintegración social y comunitaria que traerá desarrollo para una región atrasada.

La idea del Gobierno es avanzar en las próximas semanas en una serie de acuerdos y protocolos que permitan delimitar con precisión el territorio que ocupará la ZUT. Y trabajar con rapidez y de forma coordinada para que se dé en un mes el preagrupamiento del bloque Magdalena Medio con presencia en Catatumbo. También discutir y acordar con los múltiples actores que estarán en el territorio y sus fronteras, las “condiciones de seguridad, logística, geográficas y administrativas requeridas” (Acuerdo del Catatumbo).

Estos acuerdos y protocolos permitirán al Estado colombiano garantizar los diálogos de paz y llegar a consensos, entre ellos, las importantes transformaciones territoriales que se requieren. Para lograrlo, los implicados tienen grandes retos:

El principal y más inmediato es aclarar a la ciudadanía que significan estas ZUT para el país. Que lo que se busca es separar a grupos armados para proteger vidas, pero que no se cederá el control de la autoridad constitucional. Con el objetivo de reducir los prejuicios y falsas ideas que se tienen sobre está nueva figura que se quiere aplicar y que tiene grandes diferencias con las antiguas Zonas de Distensión, que se aplicaron en los diálogos del Caguán, a finales del siglo pasado con las extintas FARC-EP.

También, recordarle a la ciudadanía que en estas ZUT no se suprimirán los derechos de las personas que se concentrarán allí. Que en este territorio hará presencia una serie de organizaciones, nacionales e internacionales, que defenderán el cumplimiento de las normas constitucionales y del derecho internacional humanitario. Y que lo que se busca es preparar a un grupo armado para el proceso de desarme, desmovilización y reinserción del grupo disidente; y a la población para que identifiquen y planifiquen las acciones para el posconflicto.

Que será un espacio territorial donde la Fuerza Pública continuará cumpliendo con sus labores misionales, como son las de proteger la vida de todas las personas que estarán en la Zona, incluidos los integrantes de las disidencias de las FARC, para evitar que acciones ofensivas —como las del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— cobren más vidas. No se trata de desmilitarizar un territorio o sacar al Ejército y a la Policía del territorio y entregárselo a un grupo armado ilegal, se trata de delimitar un territorio para que la Fuerza Pública impida la movilidad de otros actores armados beligerantes, que estos traspasen los límites de la ZUT e impidan cumplir sus objetivos.

Otro reto es escribir, de manera muy clara, los acuerdos y protocolos necesarios para el apropiado funcionamiento de la ZUT. Dado que este es un proceso con fases, tendrá que clarificarse la espacialidad y temporalidad.  Delimitar el espacio geográfico del ZUT es sumamente importante, que como sabemos estará en el área rural de Tibú. Y también, insistir en la temporalidad de la zona, para delimitar la suspensión temporal de operaciones militares contra las disidencias de Calarcá.

Finalmente, establecer con claridad la forma como se hará verificación de todo lo que acontecerá en la ZUT del Catatumbo. El cumplimiento del cese al fuego que se pacte con las disidencias y las acciones que violen derechos de la población. Los avances en las negociaciones para que se logre el desarme, la desmovilización y la reintegración. Mecanismos de verificación robustos, que con personal experto permita informar sobre los avances y logros, así como los problemas y fracasos, si se tienen.

Esperemos entonces que está nueva innovación institucional permita avanzar en la Mesa de Diálogos de Paz con el Frente 33 del EMBF de las FARC-EP. Que este proceso de paz continúe y entregue más frutos al país. Que se logre en este tiempo delimitado involucrar a todos los actores, para que participen, dialoguen, acuerden e implementen programas y acciones. Que el Estado logre consolidar el control territorial y reducir los mercados de sustancias ilícitas. Que se garantice y respete a los habitantes del territorio el ejercicio pleno de los derechos. Y que se logre reducir la escalada de violencia que vive el departamento de Norte de Santander.

---

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.