El que el Partido Liberal se vea envuelto en cada escándalo político en el país, se ha vuelto una constante que al parecer es imposible cambiar, no porque la institución como tal sea corrupta, sino por la manera en cómo se han tejido sus redes en la política local desde tiempo atrás, que hace que hoy día le sea difícil, casi que imposible, que este se despoje de prácticas de politiquería y clientelismo que la opinión pública tanto repudia.
Todas estas prácticas de clientelismo burocrático en las que el Partido Liberal Colombiano ha sido protagonista de primer orden, se han venido conformando desde el Frente Nacional, cuando se pactaron acuerdos para terminar con la violencia partidista, que establecieron paridad en los cargos de gobierno entre ambos partidos (liberal y conservador) que terminaron por conformar cacicazgos regionales que durante años se apoderaron de la política local, y que al día de hoy han logrado sobrevivir a los cambios que buscaba promover la elección popular de alcaldes en primer lugar y la Constitución de 1991 en segundo lugar.
De esta manera es como poco a poco al interior del Partido Liberal van surgiendo liderazgos regionales como los de Bernardo Guerra Serna (Antioquia); Julio Cesar Guerra Tulena (Sucre); José Name Terán (Atlántico); Fuad Char (Atlántico); Julio Cesar Sánchez (Cundinamarca), y un buen número de personajes políticos que en todo el país, logran apoderarse de la función pública en municipios y departamentos con la venia que les deba la normatividad de aquel entonces que permitía la multiplicidad de cargos en una persona. Es así como un político podía ser alcalde y al tiempo gobernador, senador, embajador o ministro, lo que dejaba en sus manos un gran botín para repartirlo a su antojo.
De esta manera es como estos personajes logran dominar el mapa político en Colombia y ponerlo bajo el ala de su partido, en este caso el liberal, el cual llega a tener la mayoría de cargos públicos en el país, incluso luego de que entra en vigencia la elección popular de alcaldes (446 alcaldías según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 1988). Cada uno de estos alcaldes hace parte de la red política de algún cacique regional del Partido Liberal).
Es así como se configuran estas redes políticas que elección tras elección, van sufriendo cambios en la medida en que alguna coyuntura política del momento ocurre, siendo el gobierno de Ernesto Samper, con el Proceso 8.000, el inicio de una dispersión de estas redes y cacicazgos regionales.
Proceso 8.000, el principio de la caída del liberalismo
Luego de las elecciones presidenciales de 1994, el entonces excandidato conservador Andrés Pastrana revela unos cassettes que evidencian el ingreso de dineros del Cartel de Cali en la campaña ganadora del candadito liberal Ernesto Samper Pizano.
Hasta antes de 1994, corría el rumor de que los carteles de la droga financiaban campañas políticas a nivel regional, lo mismo que al Congreso de la República, sin embargo nunca antes se había presentado una prueba que dejara en evidencia los vínculos de la ilegalidad con la política.
Con la grabación de los famosos narcocasetes quedó al descubierto que los traficantes de droga llegaron muy lejos. Según la Fiscalía, el cartel de Cali logró introducir aportes superiores a los 4.000 millones de pesos con el fin de llevar un candidato a la Presidencia de Ernesto Samper.
El principal perjudicado en el Proceso 8.000 fue el Partido Liberal, no solo por tener a un Presidente de la República salido de sus entrañas, sino además porque judicialmente comprometió a 16 congresistas (15 liberales y 1 Conservador), de los cuales a 13 fueron liberales se les dictó condena por vínculos con el narcotráfico.
Desde ese momento el Partido Liberal comienza a sufrir un fuerte desprestigio en la opinión pública, al punto en que muy pocas personas les gustaba sentirse identificadas públicamente con el trapo rojo, además de la campaña que en su contra se armó desde sectores de la oposición en cabeza de Andrés Pastrana y de movimientos independientes en cabeza de la excanciller Noemí Sanín y el exfiscal Alfonso Valdivieso que también buscaban llegar a la Presidencia de la República.
Es ahí cuando los distintos caciques electorales que ayudaban a conformar la gran fuerza política del Partido Liberal que durante tres cuatrienios gobernó con amplias mayorías en el país, comenzaron a dispersarse en pequeños movimientos de tipo personal, ayudados por la norma que en aquel entonces permitía la conformación de listas al antojo de cada político. Otros en cambio prefirieron quedarse en su interior, pero no integraban el oficialismo que para el siguiente período presidencial, hizo oposición a la administración de Andrés Pastrana Arango, sino que haciendo parte de la bancada liberal, integraron la coalición de gobierno en compañía de algunos exliberales que desde entonces se declararon independientes como la entonces senadora Ingrid Betancourt.
Aun así el Partido Liberal en 1998 logra ser mayoría oficial con 2.710.599 votos con los que obtienen 29 curules, mientras el Partido Conservador con 885.263 votos logra 13 curules.
A partir de ese entonces se comienza a conformar la primera disidencia en el Partido liberal, pensada desde el sector galanista encabezado por Humberto de la Calle Lombana, Alfonso Valdivieso, Ernesto Rojas Morales, el Representante la Cámara a Antonio Álvarez Lleras; los Senadores Claudia Blue y Luis Guillermo Giraldo, la Representante Inés Gómez de Vargas; Paulina de Castro Monsalvo, Carlos Restrepo Piedrahita, Aurelio Tobón Mejía, Alfonso Gómez y Federico Echavarría, Elizabeth Rico, Armando Estrada, Fuad Char Abdala, Juan Carlos López, Nancy Patricia Gutiérrez, María Paulina Espinosa, Edmundo Guevara, Roy Barreras, Rodrigo Villalba, Mauricio Zuluaga, Néstor Humberto Martínez, Gabriel Rosas Vega, Rafael Pardo, Augusto Galán Sarmiento, Jaime Vidal Perdomo, Arturo Sarabia, Luis Fernando Múnera, Javier Lastra, Julio Enrique Ortiz y Nelson Pardo, consolidando el movimiento político Cambio Radical.
El Partido liberal no escapa al escándalo del “Pomaricazo”
Durante el gobierno de Andrés Pastrana bajo el ministerio del Interior de Néstor Humberto Martínez, se produce uno de los mayores escándalos en el Congreso de la República por cuenta de una serie de contratos firmados en la Cámara de Representantes, a través del cual se hizo fraccionamiento de contratos, al dividir, por ejemplo, en dos contratos la impermeabilización de la terraza del edificio nuevo del Congreso, cada uno por 90 millones de pesos.
La ley solo permite a la Cámara contratar directamente, es decir sin licitación, hasta por montos que no superen los 96 millones de pesos, cifra cercana a la que se hicieron todos los contratos en diciembre de 1999. Así mismo se denunció sobrecostos en varios de los contratos. También se violó el artículo 390 de la Ley 5a de 1992 o Reglamento del Congreso, al contratar servicios para el servicio de cafetería y restaurante, aseo, restauración del archivo del Congreso, entre otros, porque esa es una decisión que deben tomar conjuntamente el Senado y la Cámara, y no solo una de las dos corporaciones, tal como se hizo por parte de la dirección administrativa de la Cámara.
El escándalo político del momento conocido con el nombre del “Pomaricazo”, dejó como protagonistas al liberal Armando Pomarico, y los demás integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Representantes Juan Ignacio Castrillón y Octavio Carmona, quienes fueron a parar a la cárcel, por una contratación irregular de más de 5 mil millones de pesos.
También se vieron involucrados el también Emilio Martínez, Luis Norberto Guerra, Miguel Angel Flórez y Darío Saravia. A todos ellos el Consejo de Estado les quitó la investidura. El escándalo sacudió al país y la crisis no se hizo esperar. Se llegó a proponer el cierre del Congreso y este último estuvo a punto de estrenar la moción de censura sobre la cabeza de Néstor Humberto Martínez, liberal disidente, quien para ese entonces era ministro del Interior, por su presunta participación en los hechos.
Parapolítica un escándalo más para el liberalismo
Aunque la parapolítica no fue un hecho que desde adentro del Partido Liberal, algunos de sus congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, si acceden al poder con el apoyo de paramilitares avalados por el liberalismo.
Es así como a partir del año 1998 cuando se da la expansión paramilitar en Colombia, estos inician también a pactar acuerdos con los políticos locales, con el ánimo de capturar las rentas municipales y departamentales, suceso al que los líderes regionales del Partido Liberal no escapan.
Es así como por ejemplo, de los firmantes en el Pacto de Chibolo de casi 400 asistentes, 121 de estos, se presentaron a elecciones locales avalados por el Partido Liberal en el año 2000, llegando a conformar mayorías en concejos municipales. Así mismo sucedió en el caso de Pivijay, de donde se extiende esta tendencia de lograr acuerdos entre paras y políticos locales para mediante la presión por las armas, obligar a los ciudadanos a votar por estas personas para más adelante apoderarse de las rentas públicas locales.
En la medida en que se fueron extendiendo este tipo de acuerdos entre paramilitares y políticos locales, el Partido Liberal se fue llenando de parapolíticos en su interior, sin que necesariamente sus directivas nacionales estuvieran al tanto de estos hechos, porque en primer lugar estos estaban preocupados más por ser mayorías, que por conocer quiénes eran las personas a las que estaban avalando para que en su nombre, se presentaran a unas elecciones.
De esta manera bajo las reglas que en su momento permitía la llamada “Operación Avispa”, en 2002, el Partido Liberal llegó a convertirse en una especie de “fábrica de avales”, que solo se limitaba a firmarle el pasaporte a cuanto aspirante a senado, cámara de representantes, concejo y asamblea, lo solicitara. Este únicamente se tomaba el trabajo de analizar los casos de alcaldes, gobernadores y presidente, antes de otorgar el permiso, y lo daba pensando más en la conveniencia y la oportunidad de ganar, dependiendo del número de votos que garantizaba y los apoyos políticos con los que contaba, sin pensar en las calidades que este tenía.
Es así como Erick Morris, respaldado por el congresista Álvaro el gordo García quien para ese entonces pertenecía a la bancada liberal, fue avalado para que en nombre de la colectividad aspirara a la gobernación de Sucre. El mismo caso ocurrió con Hernando Molina y Trino Luna en el Magdalena, al igual que en otros departamentos donde se presentaron hechos similares.
Para el caso del Congreso de la República aunque en menor grado, casas políticas como la de los López Cabrales en Córdoba no escaparon a estos hechos.
En este tiempo muchos grupos políticos que hacían parte del oficialismo liberal se dispersaron, algunos conformando su propio movimiento como Mario Uribe por ejemplo, quien conforma Colombia Democrática, Vicente Blel (Colombia Viva); Germán Vargas Lleras se retira de sus filas e integra Cambio Radical; Álvaro Araújo (liberal y Luis Alfredo Ramos (Conservador) integran Alas Equipo Colombia; Luis Guillermo Vélez – Padre, Zulema Jattin, Piedad Zucarddi, Dilian Francisca Toro (Partido de la U), etc., lo que a su vez de manera involuntaria, ayuda a reducir la participación del liberalismo en el escándalo de la Parapolítica en el nivel nacional, sin embargo, no hay que olvidar que la mayoría de los políticos involucrados tienen origen en las entrañas del Partido liberal.
Herencia parapolítica y del 8.000, un problema latente en el liberalismo
Uno de los congresistas que durante el período de 1994 -1998, perdieron su investidura como consecuencia de vinculación con el proceso judicial conocido con el nombre de Proceso 8.000, mediante el cual se investigó los nexos de la campaña presidencial de Ernesto Samper con el Cartel de Cali, fue Francisco José Jattin, liberal cordobés, quien no dudó en dejar su votación y su estructura política en manos de una persona cercana. La escogida para tales fines fue su hija Zulema Jattin, quien aspiró a la Cámara de Representantes reteniendo la curul para su grupo familiar.
Así mismo sucedió con cada uno de los políticos que fueron condenados bajo el Proceso 8.000. Buscaron una persona cercana, en este caso un familiar o amigo de su entera confianza, a través del cual pudiesen seguir manejando los hilos del poder en su región e influir en las decisiones que se tomaran en la administración central.
Un claro ejemplo es el cacique de origen liberal en el departamento del Valle del Cauca Carlos Herney Abadía, quien luego de ser condenado por la financiación con dineros del Cartel de Cali, según investigación de la Silla Vacía “puso a su esposa, Esperanza Muñoz, a reemplazarlo en la curul del Senado. En el 2000 consolidó el Movimiento Popular Unido, MPU. Su prima segunda, Dilian Francisca Toro, fue candidata a la gobernación del Valle, pero finalmente se decidió a apoyar a German Villegas, quien ganó esa elección. En el 2000 eligió a su hijo de sangre, Juan Carlos Abadía, y a su hijo político, Juan Carlos Martínez, como diputados de la Asamblea del Valle. En el 2002, su prima Dilian Francisca fue elegida senadora por el Partido Liberal y su ahijado político, Juan Carlos Martínez, senador por el MPU. En el 2003, su hijo de sangre pasó al Concejo de Cali y en el 2007 lo coronó Gobernador del Valle”.
Así mismo ha sucedido con quienes han recibido condena en su contra por sus vínculos con el paramilitarismo. Inmediatamente buscan quien les pueda suceder en la curul, para en cuerpo ajeno, manejar la estructura política que desde tiempo atrás les ha acompañado.
El mejor ejemplo de esto fenómeno en el Partido Liberal es la actual la congresista Arleth Casado de López, quien aspira heredando la estructura política y electoral de su esposo Juan Manuel López Cabrales, quien durante muchos años manejo los hilos del poder en Córdoba y era conocida su fuerte influencia dentro del oficialismo liberal.
La lógica de dejar a una persona heredando la curul de otro que no puede aspirar, bien sea por sanción disciplinaria o pérdida de investidura tras fallo condenatorio, corresponde a la idea de no perder capacidad de influencia en las decisiones a nivel de gobierno tanto local como nacional, y en el caso de quedar diezmado, luego de sufrir golpe alguno tras la decisión judicial o de Procuraduría, dejar una base así sea mínima que poco a poco le permita resurgir de las cenizas hasta que este grupo logra reorganizarse.
Luego de que líderes políticos regionales y nacionales inscritos en el Partido Liberal, han sido condenados o sancionados disciplinariamente, estos han acudido a la lógica de heredar su poder, decisión que ha sido avalado período tras períodos por las directivas nacionales del liberalismo, lo que no le ha permitido al oficialismo renovarse en la política, y que le hace ver a la vista de la opinión pública como un caso perdido, porque teme que si presenta nombres que no le garanticen el triunfo y la posibilidad de obtener mayorías, se le reduzca la capacidad de influir en las decisiones de gobierno, tanto local como nacional.