Regresa el fantasma paramilitar



La historia de la guerra sucia no se puede repetir, pero se está repitiendo. El 7 de marzo, sicarios mataron a William Castillo en El Bagre, Antioquia. Era activista de derechos humanos, cercano a la Marcha Patriótica, y lideraba un movimiento que se opone a la minería a gran escala y a la ilegal en su región. La víspera, en plena cancha de fútbol en Soacha, Cundinamarca, desconocidos mataron a bala al joven comunista Klaus Zapata, comunicador social que colaboraba con publicaciones de izquierda y se había convertido en activista del proceso de paz. Una semana antes, el 1 de marzo, en el Cauca asesinaron a Maricela Tombe, líder campesina, en Tambo, quien era cercana al movimiento Congreso de los Pueblos, y en Popayán caía también bajo las balas Alexander Oime, líder indígena. El viernes esta ola de crímenes cerró con la muerte en Arauca de Milton Escobar, también de filiación comunista.

Eso no es todo. En Putumayo han acabado con la vida de nueve personas de movimientos sociales de base. En Tumaco han vuelto las oleadas de homicidios. Una líder del Catatumbo tuvo que huir de la región por amenazas. En Chocó y Bajo Cauca se han presentado combates entre fuerzas conjuntas de Farc y ELN contra el llamado Clan Úsuga, y en el Baudó hay desplazamientos masivos como no se veían desde hace casi una década.

Las alarmas están encendidas. “No tengo duda de que se ha activado un plan para matarnos”, dice César Jerez, vocero de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina y militante de la Marcha Patriótica. Los movimientos sociales y de izquierda, entre ellos la UP, claman una reacción menos burocrática del gobierno y la Justicia. En redes le imploran al gobierno que no los deje a merced de las fuerzas oscuras. “El gobierno tiene la misma posición de siempre. Dice que son casos aislados, que son las bacrim”, se queja Jerez. Y agrega: “¿Cómo es posible que con toda la tecnología militar que tienen no puedan neutralizar a estos grupos? ¿Por qué nunca se investigan las amenazas en nuestra contra?… Al hijo de Uribe lo amenazaron por internet y al otro día estaba detenido el culpable. Eso nunca ha ocurrido con nosotros”.

Mientras todo esto pasa en Colombia, en la Mesa de La Habana se discute sobre el fin del conflicto y uno de los puntos cruciales son las garantías de seguridad para las Farc, para los movimientos sociales donde tienen influencia, y para las regiones epicentro del conflicto. En realidad, para todo el país pues las bandas criminales, según reportes del año pasado de la Fundación Ideas para la Paz, están en 338 municipios de 23 departamentos. Y siguen creciendo y mutando. Los miembros de las Farc temen que los asesinen cuando dejen las armas. El gobierno les promete que no será así.