Regalo envenenado del uribismo para la Fuerza Pública

Foto de Pulzo


Un Tribunal Nacional Pro Témpore para la fuerza pública y un Fuero Militar Integral figuran como proyectos claves en la agenda legislativa del Centro Democrático. En el primero se trata de revisar todas las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la fuerza pública desde 1980. En el segundo se propone darle una interpretación amplia y laxa a los delitos relacionados con el servicio y llevar el conocimiento y el juzgamiento de estos hechos a la Justicia Penal Militar. Es una jugada aviesa para halagar a los militares y a los policías con una impunidad total apartándolos de la justicia transicional que se está abriendo paso en Colombia con motivo del proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con las Farc y el ELN.

Desde cuando se iniciaron los contactos y los diálogos con las guerrillas las Fuerzas Armadas se convirtieron en un apasionado campo de disputa. Se sabe que sin ellas no habrá paz negociada. Se sabe que sin su concurso no habrá reconciliación nacional. Eso lo comprenden por igual quienes apoyan las negociaciones de La Habana y las conversaciones con el ELN y quienes las cuestionan. Ambas corrientes tiran de la manga a los militares. Es una apuesta dura, quizá la apuesta política más dura de la vida nacional.

Uribe y sus seguidores tienen en su contra la tradición institucionalista de la fuerza pública y la tendencia siempre mayoritaria de los generales a respetar finalmente las decisiones del presidente en ejercicio. Pero tienen a su favor la incertidumbre y el miedo que despiertan al final de una larga guerra irregular y degradada que ha golpeado de manera atroz a la población civil. Hay muchas preguntas en la oficialidad sobre el cambio de roles que vendrá en el posconflicto para militares y policías y sobre las garantí