Rediseñar incentivos para oportunistas

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.

El mes pasado la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- publicó el Auto 033 de 2021, relativo a las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido también como el proceso de los falsos positivos. En este Auto se dio a conocer la escalofriante cifra, entre 2002 y 2008, de 6402 asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública; lo que significa que durante siete años de forma continua se mataron por día a, en promedio, tres personas.


Este es el tercero de los siete macrocaso priorizado por la JEP, en el cual se investiga el fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales. Fenómeno que ocurrió, en su mayoría, en los departamentos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Y que tiende a convertirse en el mayor escándalo de violanción a los derechos humanos, en la historia reciente de la Fuerza Pública colombiana.


Aunque las investigaciones sobre el macrocaso apenas empiezan, la importancia de este Auto 033 está en las posibilidades de discusión que abre; en especial, en los temas sobre el origen de las conducta irregular y reprochable de la Fuerza Pública en torno al conflicto armado, y sobre las sanciones propias que deben imponerse a los máximos responsables de actos atroces. Investigaciones que nos ayudarán a conocer la verdad y avanzar en la línea de construir las bases para corregir conductas que no deben repetirse jamás.


Entre los muchos aportes que pueden realizar el caso de los falsos positivos están: primero, advertir sobre la conducta oportunista que pueden tener cualquier actor, incluso, los que prometen cuidar la vida de las ciudadan